Macri y el narcotráfico: la etapa superior del imperialismo

Por Carlos del Frade*. Macri es coherente con el anuncio del plan Argentina Sin Narcotráfico que plantea acciones en conjunto entre fuerzas de seguridad nacional y provinciales. Lo que está dicho en el decreto 221 de enero de 2016 cuando dispuso la crisis en seguridad nacional y anticipaba el desembarco de gendarmería, prefectura y policía federal en distintos lugares de la Argentina, tal como ocurrirá en Rosario en breves semanas.

Es coherente el presidente Macri porque dice lo mismo que su amigo personal, el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, el que llevó adelante el Plan Colombia desde octubre de 2002 bajo las mismas matrices discursivas. Cuatro años después la “guerra contra el narcotráfico” se repetía en México y, antes del Mundial 2014, en Brasil. Miles de consumidores consumidos muertos, el ejército en los barrios humildes y el narcotráfico floreciente. Colombia es la primera exportadora de cocaína, Brasil el segundo y Argentina la tercera.

La “guerra contra el narcotráfico ha fracasado”, viene repitiendo las Naciones Unidas desde hace más de cinco años.

Ni al imperio ni a Macri les importa.

La cuestión es el discurso de la guerra contra el narcotráfico. El caballo sobre el cual enancará su política de control social sobre las juventudes, tal como viene sucediendo en Colombia, México y Brasil.

“Argentina sin narcotráfico” es decir lo mismo que “Argentina sin capitalismo”, porque el sistema tiene cinco vías principales de acumulación desde hace décadas: petróleo, armas, medicamentos, narcotráfico y trata de personas.

Al igual que las otras actividades, también el narcotráfico es un negocio multinacional y paraestatal, viene de arriba hacia abajo.

El presidente Macri, entonces, presentó en sociedad el capítulo argentino de la etapa superior del imperialismo, la guerra contra el narcotráfico.

El capítulo que viene se escribirá en la vida cotidiana de los rosarinos.

La segunda llegada de Gendarmería

Mil quinientos gendarmes ocuparán las calles rosarinas en las próximas semanas, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa es la respuesta a la movilización de más de 20 mil personas que durante la tarde noche del jueves 25 de agosto coparon la plaza San Martín, frente a la sede de la gobernación de Santa Fe exigiendo seguridad y fin de la impunidad.

El principal diario de la ciudad tituló: “Rosario expresó su hartazgo por la inseguridad”, síntesis de una marcha que originalmente fue convocada por las redes sociales y luego replicada por grandes medios de comunicación regionales bajo la consigna “Rosario sangra” y que devino en “Rosario se puso de pie”. El motivo fue la cantidad de homicidios en los últimos meses: entre el 17 de julio y el 19 de agosto hubo 24 crímenes en el departamento Rosario. “Algunos ocurrieron en ocasión de robo. En la mayoría de los hechos los agresores usaron armas de fuego y las víctimas fueron jóvenes”, sostienen las noticias.

El regreso de la Gendarmería Nacional es consecuencia, entre otras muchas cosas, del desastroso rol que está cumpliendo la policía provincial, más cerca de asegurar el delito que de combatirlo, un problema que pone en evidencia, como en las otras provincias, la ausencia de democracia en cada una de ellas, uno de los grandes problemas políticos del país: ¿qué se hace con las policías provinciales?

Son pocos los que recuerdan el anterior desembarco de Gendarmería Nacional del miércoles 9 de abril de 2014, cuando dos mil efectivos de fuerzas federales (gendarmería, prefectura y policía federal) llegaron a Rosario con la idea de desarmar 64 lugares donde, supuestamente, iban a encontrar armas, drogas, dinero y narcos en gran cantidad y solamente hallaron gramos de sustancias prohibidas y muy poca gente.

A pesar de esos resultados magros, durante un par de meses hubo una especie de alivio en los barrios, cosa que fue diluyéndose mucho antes de fin de año. Los delitos mutaron y los homicidios, a pesar de esa fuerte presencia de Gendarmería, apenas se redujeron en menos de un siete por ciento. Una vez más, el gobierno socialista de la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional de Mauricio Macri repiten la matriz de fuerzas represivas federales ocupando territorios tal como hiciera Uribe, ex presidente colombiano.

En forma paralela, ahora el gobierno santafesino anuncia un “megaplán” de seguridad, donde aparecen, entre otras cosas, modificaciones a las legislaciones penales y mayor profesionalización de las fuerzas policiales.

Frases que reaparecen. Recuerdos del futuro.

El diario El País, de Cali, Colombia, aseguraba el viernes 12 de marzo de 2004: “El gobierno nacional está con Cali y nos va acompañar en este momento tan difícil de violencia que vive la ciudad”, dijo al término del Consejo de Seguridad el alcalde Apolinar Salcedo Caicedo.

“El Mandatario de los caleños aseguró que el Presidente, además, ‘exigió a las autoridades de Policía y Ejército trabajar con efectividad para lograr la reducción de los índices de homicidios en la ciudad. Si no en un ciento por ciento, sí en un porcentaje muy importante y nos ha puesto una meta de tres meses para que eso se cumpla”. Para el Jefe de Estado la situación de la ciudad exige planes de choque y por eso respaldó las medidas de seguridad tomadas por la Administración Municipal que incluyen el toque de queda a menores y el plan desarme durante el mes de marzo’, agregaba la información.

“Toque de queda a menores”, era una de las consignas.

Algo parecido resuena en los pasillos de los tribunales provinciales santafesinos.

Rosario, la ex ciudad obrera, portuaria, ferroviaria e industrial, hoy convertida en ciudad financiera, vergel de los emprendimientos inmobiliarios a pesar de miles de familias que no tienen casa digna y geografía de servicios para los negocios exportadores, está sufriendo las consecuencias de la segunda vía de acumulación de dinero del capitalismo, el armamentismo desbocado.

La receta colombiana, resucitada por el decreto 221 de la administración de Mauricio Macri, tendrá su reedición en Rosario. La única diferencia es que todavía no está el ejército. Algo que, en esa masiva marcha del jueves, también fue dicho en voz alta.

Mientras tanto, otra vez, los números dicen con claridad que la mayoría de los muertos son puestos por el pueblo de abajo, que son jóvenes y que son asesinados con armas, muchas de ellas procedentes de fuerzas de seguridad.

*Diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. Autor del libro “Ciudad blanca, crónica negra”.

Foto: F. Guillén, El País (España)