Inminente desalojo de la Lof Quemquemtrew

La comunidad mapuche Quemquemtrew se encuentra en estado de alerta ante un nuevo avance de la justicia en su territorio, ubicado en la Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón. Ante la falta de acuerdo con el empresario forestal Rolando Rocco, el juez Gregor Joos confirmó la resolución atacada por la abogada defensora Andrea Reile, que ordenaba el desalojo voluntario de las tierras, o en su defecto, forzoso.

Ante esta decisión la comunidad realizó una ocupación de la oficina de Turismo de El Bolsón, que fue levantada horas más tarde tras la llegada de “los gauchos patriotas (los mismos que desalojaron el corte de ruta después del asesinato de Elías Garay con facones y rebenques)”, tal como informaron desde Revista Cítrica.

La Lof Quemquemtrew comenzó la recuperación territorial el sábado 18 de septiembre: “Hacemos público y reivindicamos la recuperación territorial del cuadro conocido como Tapera de los Álamos en el paraje de la Cuesta del Ternero, deshabitado hace más de 50 años”, había relatado un joven de la comunidad. Días más tarde, comenzaron las amenazas de desalojo sin órdenes judiciales y la represión por parte de los efectivos del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER), con apoyo de la policía de Río Negro.

A fines de noviembre, la comunidad sufrió el ataque de dos personas armadas y vestidas de civil que ingresaron a los territorios y asesinaron al joven mapuche Elías Garay, también hiriendo de gravedad a Gonzalo Cabrera. Según relató el lonko de la comunidad Pillán Mahuiza (Chubut), Mauro Millán, ese día por la tarde, un dron de la policía sobrevoló la ocupación en Cuesta del Ternero y 10 minutos después, Garay y Cabrera detectaron que 2 hombres circulaban por el bosque, a unos pocos metros de la ruta 6. Les preguntaron qué hacían en el lugar y les respondieron que estaban cazando. 

La justicia considera que las tierras ancestrales pertenecen a Rolando Rocco, quien despliega actividades extractivas ligadas a la plantación de pino. El empresario fue privilegiado con “permisos para forestar” en tierras fiscales durante 90 años, condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables para la tala rasa del bosque, y la implantación de pinos. Con estos favores, decidió ocupar los terrenos de la lof que será desalojada bajo las órdenes del juez Joos.

“Desde mi punto de vista las razones esgrimidas por los acusadores son correctas, en coincidencia con lo resuelto por el juez de Garantías. Si hasta el 18 de septiembre quien utilizaba y ocupaba era Rocco, resulta necesario retrotraer las condiciones a ese momento, convalidar la ocupación del predio por vías de hecho, aparece contrario al orden jurídico en su conjunto, por eso justifica una medida de restitución. El perjuicio es claro”, consideró Joos, que dio lugar a la orden de desalojo que dictó el juez de Garantías Ricardo Calcagno.

El magistrado añadió que “no hay dudas de que Rocco venía ejerciendo la posesión del predio en conflicto. Puede ser tenencia o posesión, no importa. Rocco la tenía hasta septiembre”. La defensora Andrea Reile dejó asentada la reserva de caso federal, para continuar apelando la resolución adoptada. El juez Joos tomó el planteo y concluyó que a pesar de “la esforzada crítica de Reile, la resolución adoptada se encuentra fundada en derecho”.

Asimismo, la letrada manifestó: “Todos tenemos convicción de diálogo, lo que sucede es que no alcanza el tiempo y faltan actores en este diálogo. Ayer la gobernadora recibió a militantes de Derechos Humanos buscando una alternativa a esta cuestión que excede al querellante y a la comunidad. En este marco el Ejecutivo dijo que no es posible llamar a una mesa de diálogo por cuestiones políticas, pero si una orden judicial lo ordenaba ellos lo tenían que cumplir”.

Desde el espacio de difusión mapuche Küru Kütral consideraron que el juez Joos le niega los derechos a la comunidad Quemquemtrew “por el solo hecho de tener sangre originaria”, y que “una vez más la justicia demuestra estar del lado de los terratenientes y del poder extractivista, amparado por la gobernadora Arabela Carreras, las fuerzas policiales y el estado nacional”.