A un año de la legalización del aborto

Las primeras cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación desde la aprobación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo demuestran que hasta fines de noviembre de este año se realizaron 32.758 abortos en condiciones seguras a través del sistema de salud público. Según los datos aportados por el Ministerio de Salud de la Nación, la línea de Salud Sexual 0800 222 3444 recibió 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo, superando el nivel acumulado durante los diez años previos a la sanción de la normativa.

En tanto, desde la cartera que dirige Carla Vizzotti comunicaron que 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país garantizan la práctica. Hace un año, en diciembre del 2020, se realizaban interrupciones legales en 903 hospitales y centros de salud. Es decir que la cifra aumentó más de un 30%, a la vez que se incrementó en un 150% la distribución del medicamento Misoprostol. Además, 904 profesionales de la salud de todo el país recibieron capacitación especializada en contenidos técnicos y legales desde la Ley 27.610.

No obstante, desde Amnistía Internacional alertan que grupos antiderechos presentaron 37 causas judiciales para frenar, revertir y modificar la norma, aunque ninguna llegó a buen puerto. Por otra parte, un informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health recopilado en el proyecto Mirar identificó “inequidades, barreras al acceso al aborto y, también, oportunidades para la acción” en las distintas provincias del territorio argentino.

La tasa del aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco es 0.9 y en Formosa 0.6. La media nacional se ubicó en 3.2. “Las causas de estas diferencias podrían atribuirse a mayor acceso efectivo por mayor disponibilidad de recursos humanos y efectores garantizando servicios, por mejores registros de las prestaciones, por mayor demanda de la población, entre otras”, explica el informe.