Pañuelazo federal a un año del aborto legal

El 30 de diciembre del 2020 fue un día histórico para la Argentina, para Latinoamérica y para el mundo. Ese día la Cámara de Senadores aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, promulgada semanas después. La normativa legalizó el aborto hasta la semana 14 de gestación para toda la población.

En el marco del primer aniversario de la ley, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a pañuelazos en todo el país para exigir la plena implementación de la ley, la puesta en práctica de la Educación Sexual Integral, la liberación de las presas por abortar y por eventos obstétricos, y por el sobreseimiento de Miranda Ruiz, médica criminalizada en Salta por garantizar una interrupción del embarazo.

La histórica Campaña se define a sí misma como “una articulación feminista, federal, transversal, intergeneracional, interseccional, integrada por más de 700 organizaciones, que durante quince años sostuvo la militancia sin pausa en las calles, en los hospitales, en las escuelas y en el Congreso de la Nación para que se reconozca por ley el derecho a la autonomía de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries con posibilidad de gestar y con la decisión de abortar”.

A través de un comunicado publicado el último 10 de diciembre a un año de la sanción de la Ley en la Cámara de Diputados, señalaron que gracias al aborto legal “las personas gestantes pueden decidir de forma voluntaria la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive y también acceder -sin plazos- a un aborto cuando la gestación pone en riesgo su salud o su vida o es producto de violencia sexual”.

“Tenemos ley, pero falta aún para su plena implementación. Por eso recordamos: nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos son derechos humanos que deben ser garantizados sin ningún tipo de discriminación por parte del Estado. En este sentido, reivindicamos también el acceso pleno a la educación sexual integral y a los anticonceptivos”, continúa el escrito. 

Además, recordaron que la Campaña “logró sacar al aborto de los márgenes de la clandestinidad y visibilizarlo como un problema político, como una deuda de la democracia que requería una respuesta estatal para evitar prácticas inseguras que pusieran en riesgo nuestra salud y nuestras vidas”.

Las primeras cifras oficiales desde la aprobación de la ley demuestran que hasta fines de noviembre de este año se realizaron 32.758 interrupciones de embarazos en condiciones seguras a través del sistema de salud público. Según los datos aportados por el Ministerio de Salud de la Nación, la línea de Salud Sexual 0800 222 3444 recibió 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo, superando el nivel acumulado durante los diez años previos a la sanción de la normativa.

En tanto, desde la cartera que dirige Carla Vizzotti comunicaron que 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país garantizan la práctica. Hace un año, en diciembre del 2020, se realizaban interrupciones legales en 903 hospitales y centros de salud. Es decir que la cifra aumentó más de un 30%, a la vez que se incrementó en un 150% la distribución del medicamento Misoprostol. Además, 904 profesionales de la salud de todo el país recibieron capacitación especializada en contenidos técnicos y legales desde la Ley 27.610.

No obstante, desde Amnistía Internacional alertan que grupos antiderechos presentaron 37 causas judiciales para frenar, revertir y modificar la norma, aunque ninguna llegó a buen puerto. Por otra parte, un informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health recopilado en el proyecto Mirar identificó “inequidades, barreras al acceso al aborto y, también, oportunidades para la acción” en las distintas provincias del territorio argentino.

La tasa del aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco es 0.9 y en Formosa 0.6. La media nacional se ubicó en 3.2. “Las causas de estas diferencias podrían atribuirse a mayor acceso efectivo por mayor disponibilidad de recursos humanos y efectores garantizando servicios, por mejores registros de las prestaciones, por mayor demanda de la población, entre otras”, explica el informe.