Chubut: exigen la liberación de militantes antimineros

A través de un comunicado impulsado por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Trelew, organizaciones sociales y de la economía popular denunciaron un hecho de persecución política contra los militantes que se manifestaron en contra de la zonificación minera en Chubut en las últimas semanas. 

Este lunes, la policía chubutense detuvo a tres manifestantes que presuntamente participaron de un ataque incendiario contra el medio local El Chubut durante las movilizaciones que culminaron con una victoria popular. Entre los tres detenidos -a quienes se les dictó dos meses de prisión preventiva- figura Marcos Wilipan, dirigente de la rama de Vendedores Ambulantes y Feriantes del MTE.

Tal como relata la organización, Wilipan “fue notificado de su pedido de detención junto a otros tres vecinos, mediante un violento y desmedido allanamiento en la casa de su familia por parte de los grupos operativos de la Policía de la Provincia”. Horas más tarde, se presentó ante la policía de manera voluntaria “y se puso a derecho en la Oficina Judicial para que ahí mismo se le designará un defensor oficial por la causa que se investiga, y que lo encuentra imputado como el que comandó el ataque a la sede de prensa”.

En una audiencia realizada este martes en los tribunales de Trelew ante el juez Gustavo Castro, el defensor público Carlos Pericich sostuvo la inocencia de los detenidos, ya que el fiscal Marcos Nápoli “no acreditó un acuerdo o un conocimiento previo” entre ellos. Y cuestionó: “¿Qué datos trajo la Policía para unir a los tres? La descripción de los hechos no dice mucho más de lo que dice la orden de detención y no hay evidencia de que generaron el fuego”.

Además, Pericich señaló que las pruebas presentadas por el fiscal sólo muestran a dos de los detenidos ingresando al edificio del medio de comunicación y tirando piedras, mientras que a Wilipan “no se lo observa”. Nápoli, quien aseguró que el dirigente del MTE “tenía incidencia sobre los demás”, argumentó su postura basándose en el testimonio de un comisario infiltrado en las movilizaciones antimineras, un hecho denunciado sistemáticamente por las asambleas en defensa del agua. 

Por otra parte, el MTE desmintió la versión sostenida por El Chubut, que había indicado que Wilipan “se fugó o intentó escaparse de la Ciudad”. “Nuestra organización y todos sus integrantes somos trabajadores con un carácter público, como lo son todas nuestras movilizaciones y acciones políticas y productivas”, añadieron.

Y continuaron: “Esto refleja que desde el día del tratamiento espurio y a espaldas de nuestro pueblo de la Ley de Zonificación Minera hemos convocado y participado de todas las movilizaciones a largo de la provincia y en diferentes localidades junto a las asambleas y ámbitos, desde donde repudiamos la entrega y el saqueo de nuestros bienes comunes, como así también que se lleve adelante este proyecto de contaminación y muerte”.

Para la organización, “el único responsable político es el gobernador Mariano Arcioni, que sabiendo que hay un pueblo movilizado, aún así impulsó un proyecto que no tenía consenso social”. Esta ruptura del contrato social “asumido durante su campaña electoral para con el pueblo chubutense, trae como consecuencia que las instituciones que más se han expresado en favor de la minería y fueron parte del lobby, ahora tengan el señalamiento público como traidores y cómplices”.

“Hoy quieren esconder y deslegitimar la lucha popular que logró hacer retroceder a las mineras y al saqueo de las multinacionales, yendo a cazar a las presas fáciles y a los dirigentes que representan la coherencia política que han tenido muchas organizaciones sociales de campo nacional y popular con las luchas que han dispuesto nuestro pueblo. Hacemos un llamamiento público a repudiar la persecución política, la violencia estatal y la corrupción de este Gobierno, con claros intereses financiados por las Mineras”, concluyeron.

El rechazo a la persecución política de los manifestantes recogió el apoyo de la Multisectorial Contra la Zonificación Minera de Puerto Madryn, que se solidarizó con las personas detenidas y exigió su inmediata libertad. “Proyectos extractivistas y antipopulares como el de Panamerican Silver en la meseta central chubutense, sólo pueden ser defendidos con violencia estatal para acallar a los habitantes de estos territorios y con coimas para torcer voluntades de representantes que en lugar de escuchar al pueblo, obedecen directivas empresariales”, alertaron.