El monocultivo de pino y los incendios en la Patagonia

“Seguimos plantando pinos en una situación de cambio climático, con precipitaciones en disminución y temperaturas en aumento es plantar desastres”, denunció recientemente el investigador Lino Pizzolón en declaraciones para el portal Agencia Tierra Viva.

Semanas atrás, una tormenta eléctrica desató un incendio forestal al sur de la provincia de Neuquén que todavía no pudo ser controlado y que ya afectó más de 3.000 hectáreas, de las que 2.800 corresponden a bosque nativo y el resto a bosque implantado. Otro de los focos de incendio se encuentra en Bariloche, donde decenas de familias tuvieron que ser evacuadas de sus hogares. En el caso de Bariloche, se estima que los incendios de la zona del lago Martin y el lago Steffen, en el sudoeste de Río Negro, arrasaron con más de 500 hectáreas. 

Según datos oficiales, en 2021 se incendiaron en Argentina 302.000 hectáreas. Las provincias más afectadas fueron Córdoba (57.027 hectáreas), San Luis (49.282), La Pampa (29.390), La Rioja (21.389), Río Negro (20.381), Mendoza (19.730), Entre Ríos (19.707), Formosa (18.009) y Chubut (16.919).

El negocio extractivo del monocultivo del pino hace tiempo que viene desarrollándose en la Patagonia fundamentalmente a través de la especie Pinus Ponderosa, una variante que propaga más rápido el fuego y absorbe con mayor velocidad el agua en comparación a los bosques nativos o arbustos. 

Esta especie introducida para la industria de la madera hoy ocupa 100 mil hectáreas en el sur argentino. “Son bombas de tiempo”, sostiene Pizzolón en Tierra Viva. Y añade: “Es una de las especies más flamígeras. Cuando el fuego llega a un pinar, explota y se expande para todos lados”.

Como sucede con el monocultivo de la soja, además de verse favorecida por los distintos estamentos estatales, las plantaciones industriales de pinos conllevan las mismas consecuencias socioambientales: pérdida de biodiversidad, represión, expulsión y asesinatos de familias campesinas e indígenas ante el avance de la frontera extractiva.

El conflicto y la represión desatado recientemente sobre el territorio recuperado por la comunidad mapuche Quemquemtrew ubicado en la Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón, es un ejemplo claro de las consecuencias socio ambientales causadas por el avance del monocultivo del pino. Este territorio ancestral, ubicado a 15 kilómetros al noreste de aquella localidad, lo ocupa y se lo atribuye el empresario forestal Rolando Rocco para desplegar actividades extractivas ligadas a la plantación de pino. 

Pero además el empresario fue privilegiado con permisos para explotar un predio durante 90 años, condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables para la tala rasa del bosque, y la implantación de pinos. Con estos favores, decidió ocupar tierras que pertenecen ancestralmente al loft Quemquemtrew provocando un conflicto que terminó en el asesinato del joven mapuche Elías Garay en noviembre pasado. 

El marco de la crisis climática

A todo esto se suma que este desarrollo del monocultivo de una de las especies de pino más flamígeras ocurre en un contexto de agravamiento de la crisis climática. 

El mundo está cambiando. Los niveles del mar suben, los ríos bajan, y los fenómenos climáticos son cada vez más extremos como consecuencia del calentamiento global. Esto provoca, entre otros eventos, olas de calor cada vez más extremas que generan mayor sequía y por ende más probabilidades de incendios forestales como se pudo ver este año en Grecia, Estados Unidos y hasta en la estepa siberiana rusa.

Todas son manifestaciones del cambio climático global, directa o indirectamente relacionado con la actividad humana, y que traen consecuencias socioeconómicas graves: migraciones, aumento de la pobreza, reducción de la producción agrícola que atenta contra la soberanía alimentaria, escasez de agua potable y pérdida de biodiversidad como en el caso de la quema de miles de hectáreas en la Patagonia, además de las pérdidas materiales y humanas.

Un Estado ausente que no invierte ni planifica

En los últimos días crecieron las críticas contra el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, por la falta de recursos (técnicos y humanos) para combatir el fuego. Mientras la Ley de Bosques N° 26.331 sancionada en 2009 asigna un financiamiento mínimo para esta área del 0,3% del presupuesto nacional, el Gobierno sólo destina un 0,01%. Esto implica que por cada hectárea el gobierno gasta $22, 30 veces menos que lo reglamentado.

Cabandié llegó a Río Negro este jueves y voló hacia Aluminé para acompañar acciones en el territorio. Mientras que las comunidades mapuches del Parque Nacional Nahuel Huapi, Kintupuray, Kinxikew, Paicil Antreao, Wenu Ñirihuau, Roberto Maliqueo, Wiritray y Huenchupan difundieron esta semana una carta en la que responsabilizan al ministro y al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Lautaron Erratchu, por el avance del fuego: “Cada centímetro de cenizas que se siga produciéndose es y será responsabilidad de ustedes”, señalaron.

Además, pidieron “más logística, recursos aéreos y terrestres para el combate de este incendio, y que realicen la convocatoria de apoyo voluntario de más brigadistas o idóneos como se hizo en el incendio de la Comarca Andina que arrasó con miles de hectáreas y viviendas”. “No queremos que suceda un siniestro similar en nuestra Patagonia”, apuntaron.

En marzo de este año, los incendios que arrasaron la comarca andina también tuvieron su origen en la caída de un transformador de una línea eléctrica en mal estado como sucedió actualmente. A su vez, desde las comunidades mapuches denunciaron que la plantación excesiva de pinos de características altamente inflamables hacen que el fuego se propague más rápido.

“Esto es debido a una falta de planificación y de inversión por parte del gobierno de Chubut. Puede volver a pasar en cualquier momento porque el sistema eléctrico está en pésimas condiciones”, señaló Jorge Chemes, quien vive en la localidad chubutense de El Hoyo, para Tierra Viva.

Mientras, en la Patagonia se profundiza la doctrina Bullrich con un Estado que decidió estar ausente, la violencia extractivista se lleva la vida de jóvenes mapuches y los negocios extractivos avanzan generando daños ambientales y ecosistémicos con el guiño de todo el andamiaje institucional de los estados provinciales y la falta de inversión y planificación del Estado nacional.