Salta: 7.500 niños wichí están en riesgo nutricional

En el primer semestre del 2021, murieron 64 bebés, niños y niñas menores de cinco años de comunidades wichí en territorios declarados en emergencia sociosanitaria. Así lo reveló el Ministerio de Salud Pública, que también informó que al menos 7.543 menores que residen en estas comunidades se encuentran en estado de riesgo nutricional.

Ante estas cifras, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la comisión directiva de la comunidad indígena Wichi Misión La Loma presentaron una denuncia contra el Estado salteño por la falta de reglamentación y aplicación de la Ley provincial de Salud Intercultural N° 7.856, sancionada en 2014. La normativa, según la ACIJ, es “fundamental para garantizar la vida y la salud de niñas y niños originarios”.

“Desde principios de año estamos intimando a Salud de la provincia. Como no hubo ninguna respuesta del Poder Ejecutivo, decidimos reclamarlo vía judicial mediante una acción de amparo. Elegimos esta vía porque la situación crítica en las comunidades de los departamentos en emergencia persiste. Y esto tiene repercusiones negativas en poblaciones más vulnerables, como la niñez”, dijo Martín Plaza, abogado del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ a Tiempo Argentino. 

En la provincia de Salta residen aproximadamente 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios y que viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable.

Según la Asociación, “la situación es especialmente preocupante para las niñas y niños que residen en Rivadavia, Orán y San Martín, ubicados en el norte de la Provincia”. Estos departamentos están en situación de emergencia sociosanitaria desde enero del 2020, a partir del fallecimiento de al menos nueve niñas y niños indígenas. “Pese a que el Poder Ejecutivo Salteño debía tomar todas las medidas necesarias para modificar esta situación, todavía persisten las vulneraciones graves a los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA)”, denunciaron.

En noviembre de este año, la Defensoría de NNyA de la Nación presentó un amparo colectivo ante el Juzgado de Minas de la provincia. A partir de esta medida -que sólo concluyó en la elaboración de afiches informativos- surgió el dato desde el Ministerio de Salud Pública provincial de que “para el segundo trimestre 2021, 1746 niños menores de 6 años presentan alguna alteración antropométrica y/o nutricional. Entre ellos el 37 por ciento corresponden a pueblos originarios, residiendo el 80 por ciento en los departamentos declarados en emergencia socio sanitaria”.

Según la medida de amparo de la Defensoría, “resulta evidente que, dada la altura del año y visto el nivel de ejecución de las obras proyectadas informadas, existe un grave riesgo de repetición. Esto es: no está garantizado el acceso a agua segura para las comunidades de referencia, escenario en el que, consecuentemente, resulta previsible que se registren nuevas muertes de niñas, niños y adolescentes de estas comunidades, por causas evitables”.

El organismo también alertó que Salta presenta una tasa de mortalidad infantil de 10,6 por mil nacidos vivos de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas en 2018, superando a la media nacional, que es de 8,8 de acuerdo al Indec. En Rivadavia la tasa de mortalidad infantil asciende al doble ubicándose en 18,9 por mil nacidos vivos. En 2018 el Ministerio de Salud provincial registró a 1.640 niños y niñas de 0 a 5 años con desnutrición, de los cuales más de la mitad (768) se encuentran en la zona norte de la provincia.

La medida judicial presentada por la ACIJ destaca que es sumamente necesario que “se asegure la presencia de facilitadores interculturales, de albergues institucionales de tránsito, de apoyo socioeconómico a las familias y se cree una Red de Apoyo Sanitario Intercultural, con el objetivo de terminar con las situaciones de discriminación y violencia que sufren niñas y niños cuando quieren acceder a su derecho a la salud”, en el marci de la Ley 7.856.

Además, requirieron que tanto en el proceso de reglamentación de la norma como en la política sanitaria, se garantice el derecho a la consulta y participación de las comunidades”. A través de un comunicado también exigieron “una medida cautelar para que, de forma urgente, se contrate a facilitadores interculturales y se establezcan hospedajes transitorios para pacientes provenientes de pueblos originarios, en todos los centros de salud de los departamentos declarados en emergencia sociosanitaria”.

El amparo ya fue tomado por el juez de la Sala III del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, y se espera que próximamente haya una respuesta a la medida cautelar. Según Plaza, actualmente trabajan facilitadores interculturales en el hospital de Tartagal, en Santa Victoria y en Capital, pero hay 15 áreas operativas con centros de salud sin acceso a ese derecho. Y los que están no dependen de la normativa sancionada en 2014, porque nunca fue reglamenta siquiera. 

“Es necesario que el Poder Judicial Salteño conceda este amparo para exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley y así tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes de las comunidades originarias”, concluye el escrito de la ACIJ.