Mientras el FMI se investiga a sí mismo el gobierno le pagará u$s 1850 millones

En estos días se daría a conocer la investigación interna que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está realizando sobre el préstamo de u$s44.867 millones que la ex directora gerente del organismo, Christine Lagarde, otorgó en 2018 a Mauricio Macri en un acuerdo que tuvo la firma del ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne y del ex director del Banco Central, Federico Sturzenegger. 

Al mismo tiempo Argentina pagará el último vencimiento de capital del año por la suma de u$s 1850 millones. 

“No es algo particular que estamos haciendo por Argentina. Lo hacemos con todos los programas de acceso excepcional”, señaló el vocero del FMI, Gerry Rice con respecto a la “evaluación ex post” del préstamo récord girado al gobierno de Macri.

Mientras, las negociaciones del gobierno con el organismo por un programa de Facilidades Extendidas que trasladaría los pagos  al período 2026-2031 continúan sin llegar a un acuerdo. El Fondo pretende un mayor ajuste fiscal del que propone el gobierno en el programa plurianual que iba a ser presentado en los primeros días de diciembre pero que según Página 12 se trataría en sesiones extraordinarias del Congreso durante enero próximo.

¿Qué condicionalidades exige el FMI? Recorte del gasto social para achicar el déficit, congelamiento de las jubilaciones, tarifazos para la clase media, una devaluación para acumular reservas en dólares lo que provocará mayor inflación y enfriar la economía, es decir, un crecimiento menor del que pretende Guzmán y el gabinete económico. 

Este año, según un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas del economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, hubo 56 mil millones de dólares de transferencia de los trabajadores a las empresas. En tanto que los indicadores socioeconómicos muestran una pobreza cerca del 50%, una inflación que supera este porcentaje mientras uno de cada cuatro niños son pobres. Un escenario que no puede tolerar ningún ajuste y cogobierno del FMI con misiones tecnicas cada tres meses para controlar e incidir en el rumbo político del país.

A pesar de la actuación montada en el Congreso, la oposición de derecha también quiere un acuerdo rápido con el Fondo y, como ya manifestaron algunos de sus referentes, pretenden una reforma laboral y bajar las jubilaciones, cuestiones que van más allá de las exigencias del organismo.

En el Frente de Todos, a pesar de que pareciera que la posición mayoritaria es que es posible lograr un acuerdo con el FMI sin ajuste cuando la evidencia histórica demuestra lo contrario, existen voces que opinan diferente. No obstante, es poco lo que se sabe de las negociaciones y en líneas generales esta discusión trascendental para el futuro de los y las argentinas estuvo recluida en determinados ámbitos.

Una deuda fraudulenta 

De acuerdo a la Sección 1 del Artículo VI del estatuto del FMI en su inciso a) indica: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”.

Pero también el organismo violó otros artículos de su estatuto en el préstamo que le dió a Macri. Como señaló Alicia Castro en el programa Pasaron Cosas de Radio con Vos, también el fondo incumplió el artículo I que exige garantías para los acuerdos Stand by que nunca se pidieron al gobierno macrista y el artículo V que establece que si el organismo advierte que el dinero no es utilizado para los fines comprometidos debe notificar al gobierno, y si este no responde tiene que inhabilitarlo, algo que no ocurrió.

Un reciente informe del Centro de Economía Política (CEPA) del economista Hernán Letcher señala que «si se hubiesen cumplido todos los desembolsos del acuerdo ajustado en octubre de 2018 que totalizaban aproximadamente USD 57.000 millones, se hubiese superado la mitad de lo que el FMI desembolsó durante la pandemia a 85 países». 

Y añade: «Si se consideran solo los efectivos desembolsos, 44.000 millones por el FMI en Argentina, para rescatar al gobierno de Mauricio Macri de su propio modelo económico, se supera el total otorgado a todos los países que se encuentran fuera de la órbita del hemisferio occidental (según las categorías regionales del FMI) en pandemia. Es decir, el compromiso monetario del FMI con la continuidad del gobierno de Cambiemos es superior al compromiso del organismo con otros 64 países para hacer frente a la crisis desatada por el COVID». 

Cabe recordar que en la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación de este año, Alberto Fernández pidió iniciar «una querella criminal para investigar la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales públicos de la historia” contra los responsables del megaendeudamiento.

Sin embargo, la iniciativa quedó archivada en los cajones de la Procuración General del Tesoro, un ámbito de la vicepresidenta Cristina Fernández, y volvió a reflotar cuando Macri reconoció que usó los fondos «para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir del país».

Recientemente, el espacio político conformado por Alicia Castro, Alejandro Gaona Olmos y otros dirigentes del frente de gobierno anunció que presentarán al presidente Alberto Fernández y a la vice presidenta Cristina Fernández una propuesta para llevar el tema de la deuda de Macri con el FMI a la Corte Internacional de Justicia de la ONU para que este organismo establezca las responsabilidades del acuerdo y de los daños causados.

Gaona Olmos es hijo del periodista Alejandro Olmos que durante más de 20 años investigó la deuda contraída por la dictadura cívico militar.

El 13 de julio del 2000, el juez federal Jorge Ballestero dictó un fallo que determinó que gran parte de esta deuda era ilegal. Luego de 18 años de investigaciones y pericias, el magistrado firmó la sentencia de la causa “Olmos Alejandro s/ Denuncia”, impulsada por el periodista y político Alejandro Olmos. La decisión se basó en la devaluación progresiva del peso que se desarrolló en aquel entonces; la apertura económica y la desindustrialización; y el desmantelamiento estatal y la represión de la resistencia.

El fallo comprometió a las principales figuras políticas que gobernaron nuestro país en aquel momento. Entre ellos, al ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, a su mano derecha Guillermo Walter Klein hijo, quien tuvo a cargo la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, y a los distintos presidentes del Banco Central, incluso Domingo Cavallo.

Los beneficiarios económicos de la contracción de esa deuda fueron algunos grupos económicos ligados a los centros financieros internacionales, como Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint (Rocca), Soldati, Pescarmona, que contrajeron la deuda privada que más tarde sería estatizada con seguros de cambio. 

Con este caso, se podría haber mantenido las expectativas de que la contracción irregular de la deuda externa durante el gobierno de Cambiemos llegará a la justicia y de esta forma obtener consenso social para plantarse ante el difícil panorama que se viene.