Mundo Gremial

20 diciembre, 2021

Las lecciones de la autogestión argentina a 20 años del 2001

El 2001 llamó la atención por primera vez sobre un fenómeno que venían protagonizando sectores del movimiento obrero desde por lo menos diez años antes del estallido: la lucha por la recuperación y autogestión de diversas fábricas y unidades productivas, proceso conocido posteriormente como las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT). Un balance crítico de las limitaciones y potencialidades de esta importante experiencia argentina.

Andrés Ruggeri*

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Es bastante común que, para referir al movimiento de empresas recuperadas en la Argentina se establezca una relación con los sucesos del 2001 o, directamente, se lo identifique como surgido en aquellos momentos. Las fábricas recuperadas, junto con los piqueteros y las asambleas populares, aparecieron como los nuevos movimientos sociales que representaban una ruptura con todo lo previo, paridos por la rebelión del 19 y 20 de diciembre.

Esa relación aparece en todo tipo de relatos e imaginarios, tanto en la militancia como en los medios, e incluso en trabajos académicos. Y si bien no es estrictamente cierto, pues el proceso de recuperación de empresas tiene numerosos antecedentes en décadas anteriores y un desarrollo que podemos rastrear desde fines de los ´80s, hay un claro momento de irrupción de estas experiencias en la vida política y social de nuestro pueblo que no puede separarse de la crisis que provocó la caída del gobierno de Fernando De la Rúa y abrió una nueva etapa en la historia reciente de la Argentina. Y esto es así porque el 2001 dio una visibilidad notoria a un fenómeno previamente existente, pero circunscripto al microespacio de la fábrica (un puñado de ellas) y lo convirtió en una referencia para la lucha de amplios sectores en una coyuntura de enorme movilización social.

Esa visibilidad no fue solo circunstancial o mediatizada, sino que dio impulso a un movimiento que rescató del olvido a la idea misma de la autogestión del trabajo –muy difundida entre la “nueva izquierda” de los ´60 y ´70 y caída en desuso para los 2000– y le dio una potencia que de otro modo hubiera sido difícil de alcanzar. Los trabajadores que ocupaban fábricas fueron identificados como una ruptura con los viejos movimientos anquilosados y burocratizados –empezando por los sindicatos–, incapaces de ofrecer resistencia al neoliberalismo, parte del gran movimiento desatado por el 2001 a la par de las asambleas y los piqueteros.

Sus características de resistencia por una causa justa –la defensa del trabajo en un contexto de crisis económica brutal y desempleo masivo–, su reclamo en los lugares de trabajo, rara vez cortando calles o invadiendo espacios de sectores sociales más acomodados, despertaron la simpatía de sectores medios que, salvo los breves instantes de “piquete y cacerola”, no suelen empatizar con las luchas de los que presumen por debajo de su propia condición social.

Por otra parte, la debilidad de la institucionalidad política producida por el “que se vayan todos” impulsó a funcionarios públicos de todos los niveles, incluyendo a legisladores y jueces, a ceder circunstancialmente a demandas que hubieran sido descartadas de plano apenas unos meses antes, votando leyes de expropiación, otorgando permisos judiciales, dando subsidios, comprometiendo apoyo, etc. Todas, cuestiones que le dieron al movimiento una fuerza impensada y que tuvieron como resultado avances concretos en la resolución de los conflictos.

A diferencia de otros fenómenos ligados estrechamente a la crisis del 2001, que fueron disminuyendo rápidamente hasta casi desaparecer o convertirse en procesos residuales a medida que el país se iba recuperando de los aspectos más traumáticos del estallido (como los clubes del trueque o las asambleas); o se iban reconvirtiendo en movimientos de base territorial (como las expresiones mayoritarias de los piqueteros); o también, siendo absorbidos por el sistema político, las empresas recuperadas continuaron existiendo en formas no muy diferentes a su origen.

Aunque algunas llevan más de dos décadas funcionando y han logrado consolidarse en tanto unidades productivas, continuando simultáneamente como organizaciones obreras de gestión colectiva, en la mayoría de los casos los avances con respecto a lo logrado en los meses posteriores a la recuperación han sido pocos.

Los problemas de base debidos a las limitaciones de una legislación que no contempla el trabajo autogestionado como una posibilidad real de gestión productiva, las disputas no resueltas por la propiedad, los derechos laborales perdidos con respecto al trabajo en relación de dependencia o las dificultades para un compromiso relativamente parejo de los trabajadores para asumir las responsabilidades de gestión que antes correspondía a las patronales, continúan y se suman a los problemas estructurales típicos de la autogestión en el marco del capitalismo y, en los últimos años del macrismo en el gobierno, a una agresividad estatal no vista anteriormente.

Tener el control de las plantas y las maquinarias es solucionar una parte del problema, pero está lejos de ser todo. La autogestión, más aún en una economía en crisis profunda, implica resolver cuestiones complejas, para las que no basta simplemente con que “los obreros dirijan”.

Una mirada predominante en la época era la romantización de la ocupación, que llevaba (y en parte lo sigue haciendo) a sobrevalorar esa etapa del proceso. Es obvio que se trata de un momento fundacional, que significa la tan deseada “apropiación de los medios de producción”, pero partiendo del hecho insoslayable de que fueron los capitalistas los que tomaron la decisión de abandonar la empresa y, antes que ser apropiados por la ofensiva de clase, abandonaron medios de producción en gran parte inservibles o inutilizados.

Pronto quedó claro que la “fábrica ocupada” sin un colectivo de trabajadores organizado para ponerla en producción, sin capital, sin redes solidarias y de apoyo a su alrededor, y sin un entramado económico que construir o reconstruir, puede ser un hermoso centro cultural pero si no logra generar fuentes dignas de trabajo, no cumplirá el objetivo por la que se la tomó. En este sentido, la experiencia de las empresas recuperadas se diferencia poco de la mayoría de los recorridos históricos en nuestra región y en otras latitudes, especialmente del movimiento cooperativo.

Veinte años de autogestión proporcionan una buena base para superar algunas de las limitaciones apuntadas, si podemos debatirlas sin temor a debilitar el movimiento o a ofrecer flancos débiles al poderoso enemigo que es, sin lugar a dudas, el capital. Como conjunto, y a pesar de estas limitaciones, las empresas recuperadas no son otra cosa que la revitalización del proceso autogestionario como herramienta de construcción económica y social de la clase trabajadora, un instrumento abandonado en el proceso histórico por sindicatos y organizaciones políticas.

Una idea olvidada en los rincones de la memoria histórica, pero que vive y resurge en cada experiencia de organización económica colectiva como son, sin duda, las empresas recuperadas por sus trabajadores. La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001 contribuyó decisivamente a que esto fuera posible.

*Antropólogo UBA y coordinador consejo consultivo INAES

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