Nacionales

20 diciembre, 2021

Investigan a una funcionaria porteña por el crimen de Lucas González

La Fiscalía pidió la detención de una abogada del Ministerio de Justicia de la Ciudad por encubrir el asesinato del adolescente en manos de la policía. En total, ya son 14 los efectivos detenidos por el crimen.

La abogada de la División Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, Verónica Andraca, estuvo en el lugar donde asesinaron a Lucas González el mismo día del crimen entre las 10.30 y las 11 de la mañana. Así lo aseguran los testigos. La Fiscalía, que señaló que su presencia coincidió con el momento en el que los policías de la Ciudad adulteraron la escena, pidió su detención.

“No se entiende la causa por la que una funcionaria de la División de Asuntos Internos y Contenciosos de la Policía de la Ciudad con una experiencia de casi 4 años y medio y avezada en leyes del derecho, y específicamente en materia del derecho penal (se desempeña en División Asuntos Penales), se presente en el lugar, y permanezca durante el tiempo que lo hizo durante la serie de conductas ilícitas que se llevaban a promontorio allí”, indicó el fiscal de Instrucción Leonel Gómez Barbella en el pedido de detención al que tuvo acceso Télam.

No obstante, el juez a cargo de la causa, Martín Del Viso, hasta el momento no dio lugar a la petición, ya que consideró que “luce prematuro e impide, adicionalmente, efectuar una correcta imposición de los hechos en todo su eventual trascendencia peculiar”. 

El representante del Ministerio Público Fiscal había sostenido que “la actividad desplegada por la imputada conllevó a modificar, ocultar y falsificar fundamentos de prueba con el firme aseguro de la continuidad de la ejecución de los delitos realizados a partir del arribo del automotor de los adolescentes”. Los testigos señalaron que la mujer vestida de civil “observaba permanentemente” el interior del automóvil en el que viajaban Lucas y sus amigos cuando fueron agredidos. “Iba y venía todo el tiempo”, añadieron.

Según el fiscal, la abogada “se encontraba de agente de ‘cooperación letrada inmediata’”, tal como informaron desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Sin embargo “no estaba asignada al procedimiento”. En el escrito, Gómez Barbella alertó que “su presencia nada más se justifica en brindarles ‘ayuda o asesoramiento legítimo’ al resto de los encausados policías para poder realizar los hechos ilícitos ocultando cualquier extremo que permita que sean descubiertos y en presencia de su amparo se permitieron semejantes sucesos”.

Hasta el momento, 14 efectivos de la Policía de la Ciudad permanecen detenidos en el marco de la causa que investiga el asesinato del futbolista de Barracas Central: tres de ellos por homicidio y el resto por ocultamiento. El último domingo, del Viso ordenó la detención del subcomisario Ramón Jesús Chocobar, y los oficiales Sebastián Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, todos de la Comisaría Vecinal 4D, acusados de “encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad agravada y falsedad ideológica”.

El subcomisario Chocobar figura como uno de los firmantes del informe elaborado pocas horas después del asesinato de Lucas, donde se habla de un “enfrentamiento” entre la Policía y los adolescentes que fueron perseguidos por el patrullero. Baidón, por su parte, redujo y esposó a dos de los sobrevivientes del ataque, al igual que Martínes y Arévalos.

Por último, Espinosa fue quien estuvo a cargo del acompañamiento del móvil del SAME hacia el Hospital Penna, donde el Lucas permaneció por algunas horas con muerte cerebral. Según la médica que atendió al futbolista durante una primera instancia en la escena del crimen, lo encontró en el asiento del acompañante con las piernas afuera del auto y “estiradas pasivamente”. “Lo habían querido sacar”, añadió la testigo. El fiscal argumentó que “a la luz de este pensamiento, se impone la idea de que Lucas González fue movido mientras gravemente herido aguardaba la ambulancia”.

“La gravedad de los hechos hace razonable el planteo fiscal en cuanto a la seria posibilidad de riesgo de fuga y entorpecimiento para la investigación”, consideró el magistrado Del Viso en una resolución de 14 páginas y agregó que, en libertad, los acusados podrían “destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, así como influir en los testigos del hecho”. 

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