Ambiente y Hábitat

20 diciembre, 2021

20 años del 2001: crisis, deuda, extractivismo y maldesarrollo

A dos décadas de la crisis que marcó un antes y un después en la Argentina hay algo que continúa vigente y tiende a incrementarse: el modelo de desarrollo extractivo y la violencia que este acarrea como sucede actualmente en Chubut.

Nicolás Castelli

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A 20 años de diciembre del 2001 Argentina vuelve a padecer una crisis social, económica y política pero está vez en un contexto muy distinto, con otros actores y marcado por el colapso ecológico que cada vez pone más en evidencia la caducidad de los patrones civilizatorios surgidos de la modernidad capitalista. 

A esto se suma que en la carrera por acordar con el FMI una deuda impagable y fraudulenta hay una búsqueda desesperada por aumentar las reservas de divisas. Entre las consecuencias negativas que este organismo siempre trajo a sus países deudores, en el caso argentino hay una que no está muy visible en las discusiones de la coyuntura: la consolidación de los extractivismos para conseguir los dólares que no están. Una consecuencia no menor entre otros padecimientos que inevitablemente sufrirá la mayor parte de la población como ya ocurrió las innumerables veces que el país se vió sometido al tutelaje del Fondo a lo largo de la historia.

En este momento clave para el futuro de Argentina hay algo que parece no someterse a juicio en la mayor parte del sistema político: el modelo de desarrollo dependiente y extractivo que se le impone al sur global. Este modelo, en el marco de las negociaciones de la deuda con el FMI, se irá profundizando y con ello también la desigualdad social, la violencia y las consecuencias ecosistémicas que conlleva. 

Lo que sucede en Chubut es un claro ejemplo. Y también demuestra que el freno a este modelo y las alternativas a los extractivismos surgirán desde la organización y la movilización popular, tal como viene haciendo la sociedad chubutense desde hace 20 años en su lucha contra la megaminería contaminante retomando el mejor legado de la jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001.

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La semana pasada se debatió el presupuesto para el 2022 en el Congreso. Más allá de las operaciones mezquinas de la oposición de derecha y del apuro del Gobierno para cerrar un acuerdo con el FMI del que poco se sabe, lo cierto es que quedó de manifiesto la exclusión de alternativas soberanas en la negociación y también la clausura de cualquier discusión acerca de la matriz productiva y el modelo de desarrollo necesario para hacer frente a la actual crisis socio ecológica.

Mientras, con represión y autoritarismo vemos como en Chubut se amplían cada vez más las zonas de sacrificio ambiental a pesar de la oposición de un pueblo entero que lleva décadas de lucha contra el modelo megaminero. En resumen, no se discuten alternativas de desarrollo en un contexto de crisis civilizatoria causada en gran medida por las consecuencias socioambientales y socioecosistémicas de los extractivismos. 

Incluso la misma pandemia que padecemos tiene un origen ambiental generado por el incremento de la deforestación, la agroindustria, los cambios en el uso de los suelos que causan pérdida de biodiversidad y la destrucción de los hábitats de los animales salvajes y sus espacios de retiro. Todos son problemas asociados al modelo extractivo.

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Este modelo remite a un paradigma de desarrollo que es hegemónico hace décadas en América Latina y que Maristella Svampa y Enrique Viale conceptualizan retomando la categoría de «maldesarrollo». 

Un concepto que hace referencia al actual modelo antropocéntrico que desde una visión productivista toma a la naturaleza como un objeto que se puede dominar y controlar bajo la lógica de un crecimiento infinito basado en la sobreexplotación de los recursos naturales finitos del planeta.

Un modelo que generó el colapso socio ecológico que hoy el mismo sistema pretende combatir con la llamada «economía verde» para transformar las bases energéticas sin poner en cuestión las bases de sustentación del desarrollo capitalista. 

Hace dos décadas, la salida de la crisis del 2001 se vio favorecida por un contexto mundial de alza del precio de las materias primas. El llamado «superciclo de los commodities» trajo crecimiento para la región pero también la hegemonía del modelo extractivo y del perfil primario exportador de las economías.

Hoy, luego del momento más duro de la pandemia, los números muestran un crecimiento de la economía sin redistribución de la riqueza. Una reactivación que va de la mano del incremento del modelo extractivo y la intensificación de los problemas sociales que acarrea, no sin beneficios impositivos e incentivos que el Gobierno nacional otorga a estás actividades. 

Este año, según un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas del economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, hubo 56 mil millones de dólares de transferencia de los trabajadores a las empresas. Finalmente, hasta el momento, la reactivación se la quedaron 4 vivos tal como vaticinó Cristina Fernández. 

Sin embargo el problema es estructural. La concentración económica es una de las consecuencias de este modelo de desarrollo vigente hace décadas. Ante está situación, el realismo y la resignación parece ser lo que prima en gran parte del frente de gobierno. 

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A todo esto se dejó caducar el tratamiento de la ley de humedales por el lobby del agronegocio, la megaminería y el negocio inmobiliario, continúa el avance de la extracción de litio y los minerales codiciados por la transición energética del norte global y Chubut arde contra la minería de cobre, plata y plomo.

A su vez en la Patagonia se profundiza la doctrina Bullrich con un Estado que decidió estar ausente. Mientras la violencia extractivista se lleva la vida de jóvenes mapuches.

Con la crisis socio ecológica y civilizatoria que estamos padeciendo es más que necesario poner en discusión el paradigma de desarrollo vigente y hegemónico, y confrontar con la salida financiera y de mercado que los países ricos del norte proponen en la llamada «economía verde» para mitigar la crisis climática. 

La urgencia de aumentar la reservas en dólares para cumplir con el FMI no puede dejar de lado alternativas que priorizen la emergencia social y ambiental para cumplir con los condicionamientos del pago de una deuda que se destinó a financiar la fuga de capitales de empresarios y bancos a sabiendas del propio organismo. 

De lo contrario las consecuencias ya están a la vista: degradación ambiental, autoritarismo, represión, violencia y muerte como sucede en Chubut, en la Patagonia y en todos los territorios extractivos.

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