Liberaron a dos policías vinculados al homicidio de Florencia Magalí Morales

Florencia Magalí Morales fue vista con vida por última vez el 5 de abril del 2020 cuando ingresó a la comisaría  25ª de Santa Rosa de Conlara en la provincia de San Luis por sus propios medios, tal como se constata en un video. Horas más tarde, apareció ahorcada con un cordón en su celda. Aunque la causa esté caratulada como “suicidio”, sus familiares aseguran que Magalí fue víctima de la violencia policial. 

Por decisión del juez a cargo del caso, Jorge Pinto, y de la Cámara del Crimen, dos de los policías vinculados a su muerte, Marcos Ontiveros y Clavero Heraldo, fueron excarcelados con fianzas que inicialmente superaban el millón de pesos, aunque se las redujeron a 200 mil. Si bien fueron cesanteados de sus cargos, actualmente cobran el 50% de sus sueldos porque no hay una condena firme, y seguramente lleguen al juicio oral en libertad.

“Es como si a mi hermana la hubieran vuelto a matar, el juez y el fiscal son cómplices porque están encubriendo este femicidio, siguen pensando en delitos menores cuando hay una persona muerta, es una vergüenza que no hicieran lugar al cambio de carátula a homicidio”, dijo la familiar de Magalí, Celeste Morales, a Página 12.

El 2 de diciembre, el juez Pinto había dictado el procesamiento de Ontiveros, Heraldo María Eugenia Argüello y Johana Paola Torres y dispuso la prisión preventiva para los dos primeros. Ambos fueron indagados por  “aplicación de severidades a un detenido siendo funcionario policial en concurso real con el delito de incomunicación indebida del detenido, ambos en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.

Las pericias demuestran que no hay forma de que Magalí se haya suicidado. La primera autopsia constató que la mujer tenía “lesiones compatibles con la autodefensa” en su cuerpo y que fue “herida de muerte en su celda”. Más de un año más tarde se esclareció que había sido víctima de asfixia mecánica por estrangulamiento.

Las primeras versiones sostenían que Magalí se había ahorcado en su celda con el cordón de su propio buzo, aunque luego se demostró que ambos objetos no eran compatibles. Para Celeste Morales “el cordón que había era de un borcego que, por las medidas, es de policía”.

“Su cuerpo estaba todo golpeado, tanto que no me lo dejaron desvestir, me dijeron que iba a ser muy traumático para mí verla así. La mochila con ropa que le llevó una amiga nunca apareció. No me importa la ropa, es la actitud. Así y todo le vi dos moretones en el pómulo izquierdo”, relató la hermana de la víctima.

Celeste no titubea a la hora de decir que a Magalí la mataron: “Nos duele que con pruebas, con el trabajo de gente con experiencia y los informes que respaldan el femicidio de mi hermana, el juez siga sin reconocer que fue un asesinato”.

Además, Morales denunció que la causa estuvo plagada de irregularidades desde un primer momento. “El forense Gustavo Lafourcade no respetó el protocolo de Minnessotta”, aplicado a casos de violencia institucional, “y ni se molestó en hacer un examen genital para saber si la habían violado. Tenía más de trece golpes y hematomas y el forense no mencionó ni uno en su primer informe. Es cómplice de encubrir el asesinato, me hago cargo de lo que digo”, apuntó.

Y concluyó: “Nadie sabe lo que es verla a mi mamá llorar, ella pregunta por qué se ensañaron tanto con ella, por qué nos siguen haciendo esto, ver a sus niños que extrañan a la mamá, nuestro día a día es terrible. Vamos a pedir justicia. La amistad con el poder te da buenos encubridores. Sentimos un maltrato terrible. Pedí hablar con el presidente, entiendo que hay muchísimas cosas más importantes. Le escribí y quiero una respuesta”.

Nadie se suicida en una comisaría

Según el Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal de la organización antirrepresiva Correpi, estar en un calabozo es la primera causa de muerte a manos del estado. Históricamente esta causa superaba el 50% de los fallecimientos totales, pero con el decreto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (APSO) durante la primera etapa de la pandemia del coronavirus el índice se incrementó al 70%. Fue en ese entonces que a Magalí la asesinaron en la comisaría.