Géneros

9 diciembre, 2021

Caso Lucía: sobreseyeron a los médicos que interrumpieron el embarazo de la menor

“Quiero que me saquen de adentro lo que me puso el viejo”, había dicho la niña tucumana de 11 años. Sin embargo, el sistema sanitario dilató la aplicación de la ILE hasta que Cecilia Ousset y José Gigena le pudieron practicar una cesárea, hecho por el cual fueron criminalizados.

Los ginecólogos tucumanos Cecilia Ousset y José Gigena fueron investigados durante dos años por interrumpir el embarazo de una niña de 11 años en la semana 24 de gestación. Finalmente, el juez Raúl Armando Cardozo les otorgó el sobreseimiento ante el pedido del último fiscal de la causa, Ignacio López Bustos.

“Con el fallo se concretó el ‘niñas no madres’ en la Argentina. Siento inmensa alegría, no sólo por mí, sino también por mi familia y las niñas, niños, adolescentes y otras personas que son obligadas a gestar en el norte de la Argentina. Y alivio por mis colegas, porque la persecución que tenemos en el norte es inaudita”, dijo Ousset al diario Página 12.

El abogado defensor de los acusados, quien trabajó junto a Pablo Gargiulo, añadió que “el fallo significa poner las cosas en orden. Es el final de un proceso de defensa de dos médicos que tuvieron una determinación y un coraje únicos en nuestra provincia, en donde todo el sistema de salud le había dado la espalda a Lucía”.

Lucía, nombre ficticio que se le puso a la menor, llegó al Hospital Eva Perón de la capital tucumana con un fuerte dolor de panza el 31 de enero de 2019. Para ese entonces ya tenía 20 semanas de gestación. Allí se negaron a realizarle un aborto, aunque Lucía había pedido que le saquen de adentro lo que le metió “ese viejo”, haciendo referencia a la pareja de su abuela, su abusador.

En ese momento todavía no había sido sancionada la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero nuestro país ya contaba con un Protocolo sobre Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Allí se contemplaba la posibilidad de realizar abortos no punibles en el caso de que el embarazo sea producto de un hecho de violencia sexual, entre otras causales. 

Por otra parte, obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos, incluidos los derechos a la intimidad y a la autonomía física.

Lucía tenía el derecho de acceder a la ILE, pero el Sistema de Salud Provincial (Siprosa), dependiente del gobierno provincial tucumano -en ese entonces a cargo del actual jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur- tardó cuatro semanas en ordenar la interrupción de su embarazo, y sólo accionó luego de que la jueza Valeria Brand lo intimara a garantizarlo. Para ese momento ya habían pasado 4 semanas desde que Lucía ingresó al Hospital.

“Todo lo que me pasó no es ni el 0,1 por ciento de lo que vivió esa niñita. No me puedo quejar de nada. Hice lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer. Sin ningún lugar a dudas. Es más: si me metían preso, que es lo que buscaban, me lo hubiera aguantado sin ningún tipo de problemas”, relató el ginecólogo Gigena.

A lo que añadió: “La cara de Lucía después de la intervención, su agradecimiento, la enseñanza que me dejó de por vida, vale la pena todo lo que me podría haber pasado a partir de ese momento”. Tanto él como Ousset habían sido denunciados por homicidio por un sector antiderechos encabezado por la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR), Silvia Elías de Pérez.

Según Ousset, “durante un mes Lucía fue torturada, apresada en el hospital, sometida a tratos degradantes. Tomaron su cuerpo como algo político”. Su abusador fue condenado a 18 años de cárcel, pero actualmente goza del beneficio de prisión domiciliaria.

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