Amparo de las comunidades originarias de Río Negro contra la megaminería

Las comunidades mapuches y tehuelches de la zona andina de la provincia de Río Negro presentaron un amparo colectivo ante los permisos que la Secretaría de Minería provincial otorgó a diferentes proyectos megamineros/extractivos para iniciar trabajos de exploración sin consulta previa sobre los territorios de Pulam Lafken, Amulen Che, Ragiñ Plang Curra Mew, Pilquiniyeu del Limay, Anacalao, Newen Ñuke Mapu, Mariano Solo, Ñanco Newen, todas tierras pertenecientes a pueblos originarios.

El artículo 75, inciso 17 de la Constitución argentina avala tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en su artículo 6 establece el derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios en cuestiones que afecten su modo de existencia.

La presentación judicial fue realizada por referentes de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro junto a las comunidades afectadas ante el Consejo de Desarrollo de la Comunidades Indígenas de Río Negro (CODECI).

«Las comunidades estamos llevando adelante la defensa de algo tan vital como es el agua, en un momento donde se ha declarado la emergencia hídrica en nuestra región. Defendemos el territorio y las vidas que lo habitan, incluyendo el de todas las personas no mapuche con las que convivimos», afirma un comunicado del Parlamento Mapuche de Río Negro.

Y añade: ‘Manifestamos nuestra firme oposición al extractivismo megaminero que se intenta implementar en la región y que ha dado muestras en todo el mundo de que sólo genera contaminación, muerte, desplazamientos de personas, eliminación de las formas tradicionales de vida y para los pueblos indígenas, el fin de nuestra cultura».

Según Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento «la discusión está cerrada en la provincia. Es necesario que se abra el debate social sobre los proyectos mineros inconsultos y ocultos a la sociedad. El desafío es la construcción de un debate amplio que le ponga freno a los proyectos extractivos que lo único que dejan es muerte, sequía, y que convalidan el continuo despojo de las comunidades Mapuche Tehuelche en un contexto de criminalización del pueblo por parte del gobierno y de los medios de comunicación».

Por su parte, Andrea Cañuqueo, integrante de la lof Mariano Epulef, detalló las consecuencias socioambientales de la megaminería sobre sus comunidades: “El uso del agua no solo afecta la vida cotidiana, sino también dañan las fuerzas que sostienen la vida en la Mapu, nuestra cosmovisión y nuestra espiritualidad. Sabemos que estas compañías ofrecen a los pobladores de la zona plata, becas estudiantiles, arreglo de caminos, prometiendo cosas que el estado no cumple, pero nosotros como comunidades nos manifestamos diciendo que la megaminería no tiene entrada en nuestros territorios”.

Estas actividades extractivas suelen utilizar en sus primeros trabajos de exploración más de 40 mil litros de agua diaria para el uso de las maquinarias provocando la sequías de las aguadas y la falta de pastura para los animales.

Las consecuencias socioambientales y socioecosistémicas sobre los territorios afectados por la megaminería son múltiples y ya conocidas: contaminación del suelo, aire y agua, deforestación, control de los ríos, destrucción de comunidades, desalojos, violencia y acaparamiento de tierras. En definitiva, una serie de pasivos ambientales y sociales que provocan más desigualdad social y ambiental e innumerables conflictos territoriales.