Seis proyectos de tierra, techo y trabajo para el debate parlamentario

Faltan pocas semanas antes de que finalicen las sesiones parlamentarias y de que se lleve a cabo el recambio legislativo en el Congreso. En ese sentido, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estableció junto al presidente Alberto Fernández un listado de prioridades de los proyectos a tratar próximamente: Presupuesto 2022, la ley Automotriz, la de Electromovilidad, la de Agroindustria y la prórroga de la Ley de Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina.

No obstante, desde los movimientos sociales alertan que se están dejando de lado una batería de proyectos que benefician a los sectores más postergados. Por eso, este jueves realizaron una movilización para exigir el tratamiento de seis leyes destinadas a los agricultores familiares, a la economía popular, los pueblos originarios y las personas en situación de calle.

“Desde la economía popular venimos planteando leyes que están siendo cajoneadas. Los diputados y senadores están para legislar, están para tratar las propuestas de ley y, sin embargo, han hecho un parate. Es claro que aparecieron sectores para presionar, y es fundamental subrayar que los diputados y senadores están en el Congreso porque el pueblo los votó”, dijo Dina Sánchez, referenta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), principales convocantes de la manifestación.

En primer lugar, desde el sector piden que se avance con el tratamiento de la Ley de Envases con Inclusión Social, una normativa que ya estaba en condiciones de ser debatida en el recinto, pero que fue congelada producto del lobby empresarial encabezado por la Comercio de los Estados Unidos (AmCham), que nuclea a las empresas estadounidenses radicadas en nuestro país.

La iniciativa tiene el propósito de reconocer el servicio de los y las cartoneras y garantizarles un trabajo digno. Además, busca promover la gestión ecológica de los envases en todo el país a fin de reducir su impacto ambiental y fomentar la responsabilidad de los productores en el proceso. No obstante, las cámaras empresarias iniciaron una campaña de desinformación argumentando que la ley generaría una mayor carga tributaria al tejido productivo.

Otra de las iniciativas postergadas es la ley para personas en situación de calle, que ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y que este viernes consiguió dictamen favorable del Senado. El texto propone la articulación de los ministerios de Salud, de Desarrollo Territorial y Hábitat, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Sedronar para la aplicación de políticas públicas transversales que atiendan las problemáticas y las demandas de esta población.

Además, establece la creación de una Red Nacional de Centros de Integración Social de Atención Permanente y de sistemas de atención telefónica y móvil nacionales, gratuitos y permanentes; la participación de las personas en situación de calle en la planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas; la realización de un relevamiento anual de personas en situación de calle, y la apertura de una casilla de correo gratuita en la sucursal del Correo Argentino para que puedan acceder al DNI. 

La Ley de Acceso a la Tierra, en tercer lugar, tiene como objetivo crear líneas de créditos blandos de modo que pequeños y pequeñas productoras de la agricultura familiar tengan la posibilidad de comprar lotes para desarrollar su actividad.

A su vez, prevé que el Estado destine parte de las tierras públicas ociosas para su posterior loteo y venta, al único fin de desarrollar la agricultura familiar. Para acceder a ellas, las personas deberán residir en el predio, trabajarlo de forma personal y/o familiar, reduciendo el uso de agrotóxicos, no alquilarlas, ni venderlas por un período de 20 años. El proyecto consiguió el dictamen favorable de las Comisiones de Legislación, Agricultura y Presupuesto a mediados de noviembre, habilitando su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La Ley de Techo, Tierra y Trabajo, por su parte, propone concretar 375.000 soluciones habitacionales con un presupuesto inicial de 420 mil millones de pesos para atender la emergencia, además de generar 3 millones de puestos de trabajo. El proyecto se presentó en septiembre del año pasado y contó con el aval del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Otras de las demandas es el descongelamiento del proyecto de Ley Bety Quispe, un texto elaborado para la creación de la figura de promotores y promotoras de género y diversidad, como parte de los equipos de los Centros Integrales de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, los movimientos sociales consideran necesario que el Congreso trate la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, extendida a través de un decreto por el Gobierno Nacional. No obstante, subrayan la importancia de que el parlamento convalide esta decisión. “Tenemos que escuchar más al pueblo. Es por eso que hoy no nos abren la puerta para discutir, porque no hay escucha. El punto central de nuestro trabajo está en el territorio, en las unidades productivas de la economía popular en todo el país. Y cuando no nos escuchan, nos movilizamos. No nos queda otro camino que la movilización popular para resolver los problemas de los que no son tenidos en cuenta”, sentenció el secretario general de la UTEP, Esteban Castro, en diálogo con Télam.