3 diciembre, 2021
Larreta S.A.: una ciudad excluyente y desigual
Con mayoría automática y desoyendo el rechazo masivo de los vecinos y vecinas, el gobierno porteño aprobó una batería de proyectos a medida de la especulación inmobiliaria. Un antes y un después que profundiza el extractivismo urbano y privatizador con graves consecuencias sociales y ambientales. La necesidad de otro modelo de ciudad inclusivo y saludable.

Finalmente el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta logró lo que quería: que en la legislatura se apruebe una serie de proyectos que profundizan las consecuencias socioambientales de un modelo urbanístico/extractivo que prioriza el negocio inmobiliario por sobre las necesidades de los más postergados.
Un modelo que construye torres de lujo inhabitadas mientras cientos de miles sufren el déficit habitacional crónico y que a su vez deja a la Ciudad carente de espacios verdes con acceso igualitario. En paralelo cada vez más gente duerme en la calle o engrosa las villas. La contracara de esta especulación inmobiliaria que el macrismo consolidó hace más de una década en la Ciudad es la emergencia habitacional.
Para poner un ejemplo: solo en Costa Salguero el valor del metro cuadrado en las torres de lujo que se construirán se calcula en 10 mil dólares (por encima de los ya inaccesibles valores de Puerto Madero). A la vez, el 35% de los habitantes de CABA son inquilinos y destinan entre el 30% y el 50% del salario al pago del alquiler, cuyo valor viene aumentando de manera sostenida debido al encarecimiento del metro cuadrado.
Es cada vez más evidente que hace años en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), hegemonizada por el PRO, la vivienda es una mercancía destinada a valorizar el metro cuadrado y no un derecho para resolver la situación de la gente excluida del mercado formal de vivienda y desplazada hacia formas informales de acceso al techo.
Más extractivismo, menos democracia y más desigualdad
La rezonificación de Costa Salguero para habilitar la construcción de edificios sobre la Costanera Norte, el convenio urbanístico con la constructora IRSA para el levantamiento del barrio “Costa Urbana” con salida exclusiva al río, y nueve acuerdos con varias empresas privadas para autorizar la construcción de torres que exceden la altura permitida en locaciones de distintos barrios porteños, se llevarán a cabo a pesar del rechazo que vecinos y vecinas expresaron con participaciones récord en las audiencias públicas que tuvieron lugar desde el año pasado.
Cuando el extractivismo y los negocios son los que gobiernan, la democracia es un mero accesorio. El intento de tomar decisiones trascendentales para la calidad de vida de la ciudadanía porteña a espaldas de la voluntad popular ya es una marca registrada del oficialismo amarillo con ayuda de la UCR y aliados.
La legislatura quedó convertida en una inmobiliaria donde el oficialismo hace sus negocios y los espacios verdes y los públicos son absolutamente sacrificables en virtud del “crecimiento” de la Ciudad y la generación de renta para las corporaciones inmobiliarias.
¿Qué es el extractivismo urbano y cómo influye en nuestra salud?
El extractivismo urbano opera igual que el resto de los extractivismos pero en el caso de la CABA lo hace sobre el recurso escaso de tierra pública y espacios verdes. En la Ciudad esto genera el encerramiento de los espacios públicos como las plazas.
Con la gentrificación, estas últimas terminan quedando para uso de la población privilegiada por la organización socioespacial del modelo de ciudad vigente. El modo de construcción de la ciudad habla del estilo de vida que va a llevar la gente, y esto tiene un gran impacto sobre su salud.
La presencia de espacios verdes no solo tiene que ver directamente con la contaminación ambiental, al funcionar como reguladores de la temperatura, del dióxido de carbono en el aire, de la polución, del ruido, entre otras cosas, que implican gran importancia para la salud física; sino también representan un lugar de paseo, de ocio, previniendo estrés y enfermedades relacionadas a este. Porque la salud también es recreación y esparcimiento.
Pero, además, esta planificación genera lo que se conoce como “zonas de sacrificio urbano ambiental” y “zonas de sacrificio urbano social”. Las primeras representan territorios que se toman como “costos del progreso” donde por avance de la urbanización se llega a la contaminación del agua, de suelos, etc. Y las segundas son aquellas en las que se termina con menor disponibilidad de acceso a derechos básicos de vivienda y condiciones sanitarias. La población termina enfermando porque su ambiente lo hace.
Un modelo desigual y excluyente en la ciudad más rica del país
En los últimos 15 años se construyeron casi 28 millones de metros cuadrados. De ellos, un 75% se concentra en las comunas del norte de la Ciudad. Este “boom inmobiliario” no sólo no constituyó una solución para el problema habitacional sino que lo agravó, produciendo un aumento general del costo de la propiedad. Mientras la población de la ciudad se mantiene estable, en este período la que vive en villas aumentó en un 50%.
Según un informe de Diario Perfil, durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se vendieron o entregaron en concesión aproximadamente 200 hectáreas. Si a esto le sumamos los vendidos u otorgados durante la gestión previa de Mauricio Macri la cifra asciende a casi 500 hectáreas. Esto es el equivalente a 236 Plazas de Mayo o 630 canchas de River.
Si hablamos de espacios verdes, de esas 500 hectáreas entregadas a privados, 150 corresponden a superficies verdes absorbentes. Y de hecho si en los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco se construyera un parque costero totalmente público y verde se podría aumentar casi 1,2 de espacio verde por habitante.
La Organización Mundial de la Salud estableció como parámetro saludable para las grandes concentraciones urbanas, valores mínimos de entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitantes y de 1 árbol cada 3 habitantes. En la Ciudad de Buenos Aires el promedio de superficie verde por habitante es de 6 metros cuadrados y hay 1 árbol cada 7 habitantes.
Las consecuencias de este modelo extractivo y privatizador están a la vista: construcción sin control de inmuebles de lujo con finalidad especulativa, alquileres y viviendas cada vez más inaccesibles, familias sin casas y casas deshabitadas, cada vez menos espacios verdes y recreativos.
Esta exclusión es resultado de un sistema que vende terrenos para la construcción de viviendas, pero las mismas en lugar de volverse lugares para vivir se vuelven materia de negocios inmobiliarios, que en la mayoría de los casos se encuentran vacíos.
¿Hay alternativas a este modelo excluyente?
Si, las hay. Otra ciudad es posible. El urbanismo feminista, que es cada vez más extendido en ciudades del mundo y también de nuestro país, promueve nuevos modelos de gestión orientados por las necesidades reales y ya no por el negocio, caracterizado como capitalista y patriarcal.
La vivienda no es pensada como mercancía, sino como un derecho, y la intervención estatal no se concentra solamente en la construcción material de viviendas, sino que también tiene en cuenta externalidades ligadas a la localización, el hábitat, el ambiente, la infraestructura económica y los servicios urbanos (educación, el trabajo, la recreación, etcétera) o los servicios públicos (transporte, agua, cloacas), entre otros.
Es decir que se pone en el centro la vivienda, pero no solamente: también el espacio público, los usos sociales, la vida cotidiana, las tareas de cuidado y el trabajo reproductivo.
En septiembre último, Berlín, la capital de Alemania, la principal potencia económica europea, por medio de un referéndum no vinculante se manifestó mayoritariamente a favor de expropiar 200 mil viviendas para frenar la especulación inmobiliaria.
Si bien el referéndum no es vinculante, representa un masivo apoyo en favor de la posible iniciativa, la cual implicaría la compra de las viviendas expropiadas por parte del Estado con el fin de reducir la especulación inmobiliaria y ofrecer espacios habitacionales a precios más accesibles.
Disputar esta ciudad es necesario para construir este otro modelo posible. Para poner fin a una derecha que gobierna sin escuchar a los ciudadanos, que sigue acrecentando las desigualdades entre el norte y sur, y que además utiliza está ciudad como laboratorio para probar todos y cada uno de sus intentos de avanzar sobre nuestros derechos para favorecer a los grandes capitales y a los amigos del poder.
La lucha por la defensa del río mostró la posibilidad de organización de un colectivo sumamente heterogéneo que no quiere seguir viviendo en una ciudad para pocos. Las audiencias públicas evidenciaron el interés en la defensa del espacio público y en la disputa por el derecho a la vivienda. Nos queda fortalecer esas articulaciones y hacerlas crecer para decirle basta a este modelo de exclusión.
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