Argentina, un país fumigado por el agronegocio

El 3 de diciembre se celebra el Día Mundial de Lucha Contra los Agrotóxicos. La fecha recuerda un escape de gas venenoso que en 1984 mató a 16 mil personas y dejó 500 enfermos en Bhopal (India). Como consecuencia hubo 9 mil muertes más y otras 100 mil personas quedaron con secuelas permanentes. 

En este marco, hace días diversas organizaciones y colectivos lanzaron la campaña “Basta de Venenos” que contó con la participación de actores y actrices como Leonardo Sbaraglia y Laura Azcurra; la cantante Hilda Lizarazu y el chef Francis Mallman, entre otros. 

“La campaña #BastaDeVenenos está enfocada en difundir e instalar esta problemática en sectores más amplios de la población, con el propósito de promover la toma de conciencia sobre cómo el modelo de producción agropecuaria está afectando tanto la salud de productorxs, trabajadorxs y comunidades rurales, así como a todxs quienes vivimos en las ciudades y al ambiente en general”, expresaron desde el colectivo a través de un comunicado.

La reacción de las cámaras empresariales

La respuesta de las patronales agrarias defensoras del agronegocio no se hizo esperar. La Cámara Argentina de Sanidad Agrícola y Fertilizantes (CASAFE) acusó a la campaña de instalar miedo “a través de información errónea sobre la forma en la que producimos alimentos en la Argentina”.

Desde la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y agroquímicos (CIAFA) manifestaron: “No ponemos en duda la inquietud de las personalidades que participan en el video, pero los argumentos esgrimidos no son fundados en conocimiento científico y lo que se consigue es generar miedo”.

Una realidad que envenena y mata

Malformaciones genéticas, cáncer, retrasos mentales, pérdidas de embarazos, obesidad, hipertensión y  diabetes tipo 2 son algunas enfermedades de la larga lista que afectan a las poblaciones que viven cerca de los cultivos fumigados por agrotóxicos.

Desde que apareció en 1996 la soja transgénica tolerante al glifosato con la Resolución 167/96 de Felipe Solá, y posteriormente el maíz transgénico (con los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner) el consumo de plaguicidas pasó de 30 millones de litros a 500 millones de litros en la actualidad. A su vez, se deforestaron más de 10 millones de hectáreas de bosque nativo. 

En los últimos 25 años, el uso de agrotóxicos se incrementó un 1200%, resultando una de las tasa más alta del mundo (12 litros por habitante al año).

Asimismo, el uso de agroquímicos está matando a la población de abejas y poniendo en peligro la producción de alimentos y la biodiversidad. Según datos de 2019, Argentina pierde anualmente un 34% de sus colmenas de abejas, y es el quinto país de América Latina con mayor tasa de mortalidad de estos insectos clave para el ecosistema, con servicios esenciales como la polinización de alimentos.

En octubre pasado, el Ministerio de Agricultura, a pesar de sus perjudiciales consecuencias socio ambientales y ecosistémicas, aprobó el uso del trigo transgénico tolerante a la sequía denominado HB4, un desarrollo nacional a cargo de la empresa de biotecnología Bioceres. De esta manera, Argentina pasó a convertirse en el primer país del mundo en aprobar la comercialización de este cereal modificado.

Esto provocó el rechazo de más de 1000 científicos del Conicet y de 30 universidad públicas nacionales que, junto a organizaciones ambientalistas, expresaron su repudio a esta decisión del gobierno por medio de una Carta Abierta.

En la misma alertaban que el glufosinato de amonio, que se usa con este trigo, “es un herbicida 15 veces más tóxico que el glifosato, ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su toxicidad aguda y sus efectos neurotóxicos, genotóxicos y alteradores de la colinesterasa (enzima esencial del sistema nervioso)». 

Estos químicos presentes en el HB4 alteran el sistema hormonal y aceleran y agrandan las probabilidades de desarrollar procesos cancerígenos y de deformidades. Además, la introducción de este trigo, incrementa la frecuencia de las fumigaciones durante todo el año.

También en octubre último el gobierno nacional envió al Congreso un proyecto con beneficios fiscales para el sector más tradicional y concentrado del agro a cambio de mayor producción e inversión. Un guiño al agronegocio en busca de divisas y acumular reservas para pagar la deuda con el FMI.

Días atrás, fumigaciones aéreas realizadas con agrotóxicos sobre las poblaciones de Pampa del Indio y Presidencia Roca, provincia de Chaco, dejaron a 700 personas con dolores de cabeza, mareos, vómitos y diarreas y como consecuencia debieron acudir al hospital. 

El maldesarrollo estructural

Maristella Svampa y Enrique Viale conceptualizan retomando la categoría de “maldesarrollo” el actual modelo de desarrollo hegemónico en Argentina y en toda América Latina asentado sobre la base del extractivismo exportador. 

Un concepto que hace referencia al actual modelo antropocéntrico de desarrollo que desde una visión productivista toma a la naturaleza como un objeto que se puede dominar y controlar bajo la lógica de un crecimiento infinito basado en la sobreexplotación de los recursos naturales finitos del planeta. 

Este problema estructural del continente no sólo genera minorías privilegiadas que concentran la tierra, el agua, los minerales y los productos y  además envenenan el suelo y los alimentos, sino que deja en manos de este sector algo tan importante para la vida de nuestros pueblos como la soberanía alimentaria.

Hoy es el extractivismo, pero antes lo fue el modelo agro exportador y en el pasado remoto el saqueo mercantil/colonial. Lo cierto es que además la lógica del mercado elimina de los territorios a pueblos originarios, campesinos y a cualquier grupo u organización que intente llevar a cabo sentidos y prácticas que desarrollen alternativas a las relaciones de producción y reproducción que la ganancia del capital impone. 

Es necesaria una reforma agraria que proteja la biodiversidad, que ponga nuestro suelo y nuestra agua en función de los intereses de la mayoría de la población y que garantice alimentos sanos y saludables para todos y todas, fundamentalmente los niños y niñas. 

Para ello es fundamental un Estado que no sólo proteja a quienes producen los alimentos sino que también fomente la organización de un modelo de producción agraria sustentable basado en los principios de la soberanía alimentaria, la agroecología, la cooperación, libre de agrotóxicos y semillas transgénicas.