Larreta logró aprobar el paquete inmobiliario ignorando a la ciudadanía

En una sola sesión, el interbloque oficialista de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una batería de proyectos hechos a medida de los intereses inmobiliarios del Gobierno de la Ciudad: la rezonificación de Costa Salguero para habilitar la construcción de edificios sobre la Costanera Norte, el convenio urbanístico con la firma IRSA para el levantamiento del barrio “Costa Urbana” con salida exclusiva al río, y nueve acuerdos con varias empresas privadas para autorizar la construcción de torres que exceden la altura permitida en locaciones de distintos barrios porteños.

Mientras los legisladores debatían, en las afueras de la Legislatura se realizaron fuertes protestas que expresaron el rechazo de la ciudadanía a los proyectos del Gobierno porteño. Este descontento también se había plasmado en las tres audiencias públicas previas a la aprobación en segunda lectura, donde más del 98% de los oradores se manifestaron en contra de cada iniciativa.

Según Laura Velasco, quien integra la Comisión de Espacio Público, estas normativas “no sólo no resuelven el déficit habitacional que tenemos, sino que lo agudizan expulsando a aquellos sectores que más necesitan acceder a un techo y promoviendo la especulación inmobiliaria a través de la construcción de torres de lujo, que luego quedan mayormente vacías, pero empujan hacia arriba los precios de los alquileres”.

La diputada del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín alertó que “el impacto ambiental también será muy grave. La Ciudad tiene un déficit de espacios verdes. Se estima que rondan los 7 metros cuadrados por habitante cuando las recomendaciones internacionales duplican esa cifra”.

“Estos proyectos son malos por donde se los mire. Si fueran beneficiosos para la Ciudad no presentarían tanta resistencia de propios y ajenos. La ciudadanía se ha manifestado en las distintas audiencias públicas en un noventa y ocho por ciento en contra y no se la ha escuchado”, continuó Velasco.

En un principio, la aprobación del convenio con IRSA parecía estar en juego, ya que el bloque de UCR-Evolución (integrantes de Cambiemos) había expresado la necesidad de mejorar el proyecto, incorporando propuestas que surgieron en la audiencia pública. No obstante, cedieron ante la presión de Vamos Juntos y dieron el visto bueno.

Este proyecto fue repudiado por la legisladora del Frente de Todos Claudia Neria, quien se preguntó por qué la compensación que pagó IRSA fue la equivalente para una zona de bajo desarrollo urbano, similar a la de barrios como Lugano o Soldati y no la correspondiente a Puerto Madero. 

“Si hubieran pagado el 100% de lo que correspondía deberían haber pagado 900 millones de dólares”, pero IRSA pagará 370 millones de dólares. 245 millones de los 374 millones totales la empresa los abonará en tierras. “¿Se analiza el valor paisajístico que tiene para el privado?”, cuestionó. Además, apuntó: “Se está incentivando una clase de construcción que son viviendas de lujo, y el barrio que está prácticamente al lado, que es Puerto Madero, está en un 50% vacío. Díganme cuál es la utilidad pública de este proyecto”.

“Esta sesión es una cristalización de la política que llevan adelante desde hace 14 años. La venta de tierra pública es un recurso finito que tiene la Ciudad que se va y no vuelve más. No se puede cambiar norma por plata en función de lo que quieren los privados”, sentenció a su turno el diputado porteño del Frente de Todos Javier Andrade.

En la misma línea, Matías Barroetaveña añadió: “Si vamos a tomar una decisión que va a marcar un antes y después en la Ciudad con el río, con los espacios verdes y con el cambio climático, sería bueno que lo sometamos a la voluntad popular”. A lo que Lucía Cámpora agregó que “la fuerza de Rodríguez Larreta es la representación institucional de los grandes especuladores inmobiliarios, de esos poderes concentrados que quieren hacer negocios con las tierras que son públicas. Sus diputados legislan para facilitar esos negocios”.