El Congreso chileno archivó la despenalización del aborto y postergó el matrimonio igualitario

En lo que se esperaba que sea una jornada histórica para la conquista de nuevos derechos en Chile, el Congreso decidió no resolver dos iniciativas clave: la despenalización del aborto y la legalización del matrimonio igualitario. Mientras que el primer proyecto fue archivado de forma definitiva por la Cámara de Diputados, el segundo fue postergado por falta de consenso entre los senadores.

La despenalización ya había sido aprobada por la Cámara baja en septiembre con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones de manera general. Sin embargo, el texto tuvo que ser revisado por la Comisión de la Mujer, de donde se desprendieron dos alternativas: ninguna de las dos obtuvo los votos necesarios, por lo que el proyecto fue archivado. La decisión impide un nuevo tratamiento al menos durante un año a partir de ahora.

En paralelo, la Cámara de Senadores trató el proyecto de legalización del matrimonio igualitario, una iniciativa que ya cuenta con la aprobación de Diputados. El texto, muy esperado por la comunidad LGBTIQ+, fue revisado por la Comisión de Constitución de la cámara alta, pero ante las diferencias de algunos parlamentarios se decidió que pase a ser tratado por la Comisión Mixta el próximo lunes.

Alfonso Durresti, senador del opositor Partido Socialista, indicó a las afueras de la sede del Congreso en Valparaíso: ”Hay algunos temas para corregir, pero tenemos la firme convicción de aprobarlo aunque debemos ser rigurosos”. Actualmente, Chile cuenta con una legislación (el Acuerdo de Unión Civil, aprobado en 2015) que estipula el matrimonio pero niega la posibilidad de adopción y los derechos de filiación de hijos para parejas del mismo sexo.

El proyecto de matrimonio igualitario fue firmado por la expresidenta Michelle Bachelet en 2017 y presentado ante el Congreso durante su segundo mandato. Sin embargo, recién en enero de 2020 la sala del Senado aprobó en general el proyecto con 22 votos a favor, 16 en contra y una abstención.

En junio de este año el Senado volvió a aprobar el proyecto con 28 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención, por lo que el texto pasó a la Cámara baja. No obstante, si bien Diputados aprobó la iniciativa, fue rechazada en un tercer trámite. Según los argumentos en contra, la decisión se basó en la modificación al código del trabajo, la causal de divorcio al existir un cambio de género y la apertura a la posibilidad de permitir el “vientre de alquiler”.

Los costos del aborto clandestino y la criminalización

Según datos del Ministerio de Salud de Chile del año 2016, se realizan entre 60 mil y 300 mil abortos clandestinos anuales en el país, siendo también la cuarta causa de muerte materna, llegando a ocupar el 135 entre los años 2000 y 2015. La información recabada por la Oficina del Sur Regional de la ONU demostró que los abortos no seguros causan la muerte de unas 47 mil personas gestantes por año.

“Solamente en 2014 se iniciaron investigaciones judiciales contra 174 personas por ‘aborto consentido’, 113 de ellas mujeres. Las mujeres son las primeras víctimas de la criminalización del aborto”, añade un informe de Amnistía Internacional. La consultora internacional Ipsos relevó que el 73% de los chilenos está a favor del aborto en general, de los cuales un 41% piensa que debería ser completamente libre y un 32% cree que debe permitirse en ciertas circunstancias, como en casos de violación.

Desde el año 2017, en Chile rige una normativa que únicamente despenaliza el aborto a partir de tres causales: por riesgo de vida de la persona gestante, inviabilidad fetal, o si el embarazo es producto de una violación. Si la interrupción del embarazo no está justificada por estas causales, las personas gestantes pueden recibir penas de hasta 5 años de prisión. 

La iniciativa rechazada por la Cámara de Diputados proponía la modificación del Código Penal chileno en el artículo que considera que “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo. Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio”.

Alejandra Pérez, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile -una de las organizaciones redactoras del proyecto de ley- sostuvo: “Es un retroceso que mantiene a las mujeres y personas con capacidad de gestar en situación de injusticia, desigualdad e inseguridad. Que sea un delito no termina con el aborto”. 

Y continuó: “Las mujeres siempre han abortado y lo seguirán haciendo, pero penalizarlo profundiza las inequidades socioeconómicas de quienes deciden abortar. Lo que hizo la Cámara es anteponer principios conservadores a la posibilidad de ejercer nuestra autonomía, desarrollar plenamente nuestros derechos y al reconocimiento de las diversas experiencias reproductivas”.