Ambiente y Hábitat

26 noviembre, 2021

Larreta avanza con el paquete inmobiliario para Costa Salguero y Costanera Sur

A pesar del rechazo de los vecinos y vecinas en las audiencias públicas, este viernes comenzó el tratamiento en comisiones de la Legislatura de diferentes proyectos y convenios al servicio del negocio inmobiliario.

Ya concluída la campaña electoral y a pocos días del recambio legislativo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza en la Legislatura porteña con un paquete de proyectos vinculados al negocio inmobiliario. 

A partir de este viernes se debatirán en las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto las tres iniciativas ya aprobadas en una primera lectura y repudiadas por la ciudadanía en audiencias públicas: la rezonificación de Costa Salguero, el convenio urbanístico con la empresa IRSA para la construcción del barrio Costa Urbana sobre la Costanera Sur, y la puesta en pie de once torres bajo excepciones a las normativas vigentes en ocho barrios de la Ciudad.

Los tres proyectos superaron la primera instancia gracias a la mayoría automática del bloque de Cambiemos en la Legislatura. Si bien esta característica se mantendrá luego de que asuman los nuevos legisladores electos el próximo 10 de diciembre, el oficialismo contará con seis escaños menos en el recinto.

El Frente de Todos, el principal bloque opositor, presentó proyectos alternativos al del oficialismo vinculados a la creación de espacios verdes públicos en las tierras concesionadas. Además, denunciaron que el GCBA pretende “esconder decenas de excepciones inmobiliarias votándolas en diciembre”.

“En una única sesión se lleva puestas 100 hectáreas de la ciudad y la calidad de vida de los porteños mientras transfiere miles de millones de dólares a los grandes desarrolladores inmobiliarios”, sostuvo el legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña. Asimismo, añadió que “en la misma sesión, se pretende aprobar el barrio cerrado de Irsa en Costanera Sur y las torres en las tierras públicas de Costa Salguero”.

Durante una reunión de labor parlamentaria, Cambiemos adelantó que en la próxima sesión del jueves 2 de diciembre se tratarán cuatro proyectos del Ejecutivo de manera “preferencial”. Éstos contemplan la rezonificación de los predios Costa Salguero y Punta Carrasco, el convenio urbanístico firmado con el grupo inmobiliario IRSA, un paquete de 11 convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno de la Ciudad y constructoras privadas para levantar torres en parcelas de varios barrios y, por último, un “régimen especial de regularización de obras y construcciones llevadas a cabo en contravención del Código Urbanístico y de Edificación”.

Costa Salguero y Punta Carrasco

El GCBA pretende disponer del predio de 17 hectáreas de Costa Salguero para construir un barrio náutico con salida exclusiva al río, que contaría con diez bloques de edificios que irían de los 18 a los 29 metros de altura, donde el metro cuadrado podría superar los 12 mil dólares. Sumando las parcelas de Punta Carrasco, el Gobierno porteño estaría vendiendo un total de 32 hectáreas costeras.

A fines del año 2020, se celebró una histórica Audiencia Pública en la que la ciudadanía expresó un contundente rechazo al proyecto de rezonificación de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. El 97% de los expositores se declararon en contra de la medida. 

A principios del mes de noviembre, el Frente de Todos logró recolectar más de 50 mil firmas (superando el apoyo del 1,5% del padrón requerido) para impulsar una Iniciativa Popular con el fin de que Costa Salguero se convierta en un parque público. 

Además, hace algunas semanas la Cámara en lo Contencioso Administrativo reafirmó la inconstitucionalidad de la venta de los terrenos, suspendiendo el proceso hasta que no se finalice el tratamiento legislativo, es decir, la aprobación de la rezonificación. Si avanza ese trámite legislativo, el Gobierno podría acceder a más instancias judiciales para concretar la entrega de los lotes. 

Costa Urbana

El convenio urbanístico entre el GCBA y la empresa IRSA implica el otorgamiento de las 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de La Boca para la construcción de un barrio privado con salida exclusiva al río, llamado “Costa Urbana”, que contará con edificios de hasta 45 metros de altura. A cambio de la habilitación de esta construcción, la empresa privada se comprometió a otorgar una parte de los terrenos para que se utilicen como parque público, financiando su mantenimiento durante diez años.

De los 849 oradores que participaron de la audiencia pública sobre este proyecto, 835 rechazaron las llamadas “torres de lujo”. En su página web, IRSA ya promociona los futuros “usos mixtos” del megaproyecto: “Tiendas, oficinas, hoteles, clubes deportivos y de yates”. Solo con el dictamen de comisiones, el grupo empresarial de Eduardo Elsztain celebró un aumento del 28 por ciento en sus acciones. 

El nuevo barrio incluye torres de lujo de hasta 145 metros de altura a construir en el acceso al río de Costanera Sur, frente a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente, y el Barrio Rodrigo Bueno. 

Once torres en ocho barrios

El martes finalizó la segunda jornada de la audiencia pública donde se trató un paquete de convenios entre el GCBA y las empresas privadas para construir edificios bajo “excepciones”, que llegarían hasta los 75 metros de altura. Participaron casi 400 expositores, quienes en su mayoría reiteraron el repudio a la política de “someter la planificación a mero interés inmobiliario”, en palabras de Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC).

“Régimen especial de regularización de obras y construcciones”

El último punto del temario de la sesión del próximo jueves, según el Frente de Todos, se trata de un “blanqueo de obras”. Santiago Roberto, legislador del interbloque, advirtió a Página 12 que “se va despachar un proyecto que beneficia a las grandes constructoras que incumplieron con el Código de Edificación, ya que realizaron obras o mejoras edilicias que superaron los cien metros cuadrados. Se le otorga facilidades de pago y hasta pueden financiar el 80 por ciento de las multas”.

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