El lobby empresarial contra la ley de envases

El llamado proyecto de Ley de Envases, impulsado por organizaciones sociales, políticas, ambientales y de la economía popular, tiene el propósito de reconocer el servicio de los y las cartoneras y garantizarles un trabajo digno. 

Además, busca promover la gestión ecológica de los envases en todo el país a fin de reducir su impacto ambiental y fomentar la responsabilidad de los productores en el proceso.

Días atrás esta iniciativa socioambiental ingresó al Congreso de la Nación para su tratamiento. El bloque de Diputados de Juntos por el Cambio a medida que el proyecto fue avanzando en diferentes instancias comenzó a poner en marcha la estrategia de las Cámaras empresariales que se oponen a la normativa. En este sentido, ya se sabe que pedirán una audiencia pública para que se expresen las empresas.

Al frente de estas últimas se encuentra la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) que agrupa al 99% de las empresas estadounidenses radicadas en Argentina. En un comunicado afirmaron que la ley de envases es  «una propuesta anacrónica que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo».

Uno de los argumentos principales que esgrime el lobby empresario contra la iniciativa es que la tasa ambiental que contiene el proyecto es en realidad un «impuesto disfrazado» que terminaría por trasladarse al consumidor. Según los diputados de Juntos por el Cambio, el productor va a preferir pagar la tasa ambiental en vez de modificar con fines ambientales e inclusivos el sistema de reciclado.

En una nota en DiarioAr, el dirigente de la Economía Popular, Juan Grabois, denunció que la AmCham estuvo repartiendo en el Congreso invitaciones para participar de la Convención del Centro de Estudios Americanos, con pasajes y estadía incluida.

¿De qué trata la tasa ambiental que propone la ley?

El proyecto de Ley de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores -en su nombre original- implementa una tasa ambiental para las empresas y productores que coloquen envases en el mercado. 

Por otra parte, premia a aquellos productores que utilicen materiales reciclables que al mismo tiempo sean fáciles de reciclar. Los fondos recaudados se utilizarán para fortalecer los Sistemas de Reciclado con Inclusión Social, destinados a que los trabajadores encargados de que los envases vuelvan a la industria tengan un trabajo digno. 

La normativa parte del principio de Responsabilidad Extendida del Productor e integra a los trabajadores recicladores como principales agentes ambientales, garantizando las condiciones materiales y de seguridad laboral para el desarrollo de sus tareas.

Este proyecto toma una importancia central, ya que en nuestro país se producen todos los días 50 mil toneladas de residuos. La mitad de ellos termina en alguno de los 5 mil basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario. 

Además, alrededor del 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo, y actualmente se recuperan como máximo un 10% de los residuos generados. 

La palabra de los investigadores que participaron del proyecto

Desde la Red de Investigación y Acción sobre Residuos (RIAR) que agrupa a más de 100 docentes e investigadores dedicados a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Economía Circular y Reciclaje Inclusivo, afirman a través de un comunicado que el principio de Responsabilidad Extendida del Productor ya se aplica con éxito en diferentes países del mundo como Alemania, Francia, España, Bélgica, etc, y también en otras naciones latinoamericanas como Colombia, Brasil, Uruguay y Chile.

Los académicos aseguran que en términos económicos «las empresas deben pagar por las externalidades ambientales negativas que generan y estar además compelidas a 

procurar permanentemente evitar producir esos daños. Esto aporta a que acomoden sus comportamientos y genera incentivos a la no contaminación».

A su vez explican que la ley propone «un algoritmo matemático específico para cada tipo de envase, que ha sido trabajado por la comunidad académica, por miembros de organizaciones ambientalistas y sociales, y ha contemplado el posicionamiento de la industria recicladora. Este algoritmo da margen a las empresas productoras (las que instalan productos en los mercados) para optar por diseños menos contaminantes, asociado esto al espíritu de la ley.»

Asimismo, aseguran que cuando las empresas no asumen las externalidades ambientales que generan «producen residuos de los cuales la sociedad en su conjunto se tiene que hacer cargo con aportes fiscales» y que para evitar esto la normativa «propone un mecanismo más justo de distribución de los costos de tratamiento de los residuos reciclables».

Y concluyen que el proyecto al promover el uso de materiales reciclados «disminuye la contaminación y la extracción de materias primas y permite reducir el consumo energético que conlleva su procesamiento. Esto, a su vez, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero generadoras de cambio climático. Además, permite reducir las importaciones de materias primas vírgenes, disminuyendo el egreso de divisas».