Salta: piden el sobreseimiento de la médica criminalizada por garantizar un aborto

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y organizaciones feministas y de derechos humanos se concentraron este martes frente a los Tribunales de Salta Capital para exigir el sobreseimiento de Miranda Ruíz, una médica del hospital de Tartagal imputada por practicar un aborto legal a una paciente de 21 años que tenía 22 semanas de gestación. Se trata de la única profesional no objetora de conciencia de toda la institución.

El mismo martes Miranda fue citada a declarar en el marco de la causa donde se la acusa de haber practicado la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la paciente. En ese marco, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, amplió la imputación. En septiembre de este año, Miranda fue detenida e incomunicada por pedido del fiscal Vega y por la aprobación del juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta. Aunque fue liberada horas más tarde, debe afrontar el proceso penal.

La denuncia fue impulsada por la tía de la paciente, a pesar de su mayoría de edad. Según las organizaciones que acompañan el pedido de sobreseimiento, “es absurdo” el señalamiento de la falta de consentimiento. “Además de carecer de fundamentos, no hace otra cosa que demostrar el sentido político que subyace a este hecho: dañar la integridad de Miranda, disciplinar e impedir el cumplimiento de la Ley 27. 610 en el hospital”, agregaron en un comunicado. 

Si bien la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) establece como límite la semana 14 de gestación para realizar el procedimiento, existen dos excepciones contempladas por el Código Penal por fuera de ese plazo dispuesto: si el embarazo es producto de un abuso sexual, o si corre riesgo la vida de la persona gestante. Esto se da en el marco de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Paula Tkaczek, abogada defensora de la médica, aseguró en diálogo con la radio CNN Salta que  está comprobado que la joven de 22 años que solicitó la interrupción legal de su embarazo estuvo siempre informada sobre el procedimiento y accedió a someterse al mismo. 

En lo que respecta a la nueva acusación del fiscal Vega, la letrada explicó: “Esta imputación fue para modificar la carátula del expediente de la investigación por parte del fiscal. Pasamos de un aborto con consentimiento, como estaba primeramente calificado por parte de fiscalía, a un aborto sin consentimiento. Esto es porque el fiscal ha tenido una mirada parcial en la valoración de las pruebas”. 

“Hay que dejar claro que este procedimiento en particular es autoadministrado, es decir que se administra con medicamentos que la paciente tiene que tomar que tiene que mantener por determinado tiempo dentro de la boca. Está firmado e incorporado a la historia clínica el consentimiento informado. La internación también es voluntaria, está en un sector de la maternidad que tiene una entrada y salida”, detalló.

Para las decenas de colectivos feministas que se adhirieron al comunicado, la causa iniciada contra Miranda “se centra en demostrar la supuesta falta de voluntad de la paciente, quien concurrió de forma voluntaria a solicitar la interrupción de su embarazo. Es importante remarcar que para gestaciones posteriores a la semana 14 es necesario que exista una causal: ya sea por salud o violencia sexual”. 

En ese sentido, expresaron: “Nuestra compañera está pagando con su integridad personal el precio de ser una profesional feminista, que garantiza derechos, que ejerce la medicina con perspectiva social y dando cumplimiento a los derechos sexuales y/o no reproductivos que son consagrados por las leyes argentinas”.

“Miranda Ruiz es una defensora de derechos humanos, es una médica comprometida con la salud pública y con el cumplimiento de los derechos a la salud, a la salud sexual y reproductiva sin violencia y con libertad. Es una médica que no juzga, sino que respeta y acompaña la decisión de sus pacientes. ¿Será que se la persigue porque se compromete con el cumplimiento de los derechos que el sistema patriarcal reprime?”, concluyeron.