Racismo en El Bolsón: vecinos a rebencazos contra una protesta por el asesinato de Elías Garay

Al grito de «Viva la patria» un grupo de vecinos a caballo y rebenques en mano corrieron a manifestantes que pedían justicia por el asesinato del joven mapuche Elías Garay, muerto luego de que este domingo dos personas no identificadas ingresaron a los tiros en el lof Quemquemtrew, ubicado a 30 kilómetros de El Bolsón en la provincia de Río Negro. 

El ataque también dejó al joven Gonzalo Cabrera en estado de gravedad luego de recibir dos impactos de bala calibre 22 en su abdomen.

Los atacantes corrieron a los manifestantes que cortaban calles del centro de El Bolsón y que, luego de los golpes, terminaron refugiados en el hospital local. La patota empezó los ataques luego que se vieran interrumpidos por las protestas los festejos por el Día de la Tradición en un polideportivo de la zona.

“Se aproximaron al hospital donde estábamos esperando el parte médico, a patotear con sus rebenques, con sus armas, persiguiendo a la gente por todo el pueblo. Con consignas racistas, festejando el asesinato y arengando que van a venir más. Una situación muy tensa”, describió Elisa Ñancunao, referente de la comunidad mapuche Las Huaytekas. 

Y agregó: “Salieron a defender el derecho de los ricos, la muerte por mano propia. A festejar lo que hicieron estos dos asesinos. Sabemos de dónde viene esto, sabemos que viene del sector del poder para hostigar y que la gente no siga expresando su reclamo. Sabemos que con esta gente no se puede mediar ningún tipo de diálogo ni palabra, porque la vida les importa poco”.

Por su parte, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, acusó a Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de realizar declaraciones que generan «violencia»: “Nada justifica la violencia y los hechos que sucedieron a posteriori, como tampoco nada justifica las irresponsables declaraciones de Magdalena Odarda que lo único que hizo fue enardecer El Bolsón y la considero una de las responsable de la violencia que hubo anoche en la localidad”.

La titular del INAI había escrito luego de conocerse el crimen de Elías: «Este es el resultado del discurso del odio, que sigue negando el camino de la paz y del diálogo. Solicitamos al Juzgado y a la Fiscalía el urgente esclarecimiento de los hechos y la individualización inmediata de los responsables. Pedimos justicia y verdad para el pueblo indígena».

Pogliano, además adelantó que presentará una denuncia formal contra Odarda. En octubre pasado, como lo hizo también la gobernadora Arabela Carrera, habló de terrorismo con respecto al conflicto con el lof Quemquemtrew y dijo: «Queremos recuperar la paz social que nos han arrebatado un puñado de delincuentes” y luego exigió la presencia del gobierno nacional y fuerzas federales en la localidad que el mismo gobierna.

Hace tiempo organizaciones sociales y políticas solidarias con el pueblo mapuche denuncian un vínculo existente entre el accionar represivo del poder judicial y el Proyecto Propiedad Privada, una iniciativa que califican de “antimapuche”, y que tuvo su correlato con la realización del Primer Foro del Consenso Bariloche, en agosto pasado, que reunió a grandes propietarios y empresarios con el aval de la gobernadora Carreras.

Según la periodista local Susana Lara, especialista en los conflictos por tierras en la región, este nucleamiento responde a sectores propietarios “que no consideran que el sistema institucional le esté dando respuesta a su necesidad de contener el avance territorial de los pueblos originarios”. 

Un antecedente cercano de racismo y violencia

En 2020, desde la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro, denunciaron a una movilización impulsada por el Diario El Cordillerano y otros medios locales por estar «incentivada por sectores de derecha» con el objetivo «desestabilizar la democracia en la Argentina. Disfrazada de ‘Banderazo Patriótico’ es una excusa para cometer delitos xenófobos, raciales y antidemocráticos, peligrosamente cuando esa puerta se abre genera una marco de violencia del cual ya no se vuelve”.

La movilización terminó con ataques físicos a los policías que evitaban los disturbios entre las comunidades mapuches y los manifestantes. Los atacaron a piedrazos, y cortaron las rutas de acceso. Este hecho fue denunciado penalmente por el Ministerio de Seguridad de la Nación que acusó a los manifestantes racistas de  “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”, entre otros delitos.