Suspendieron a los jueces que absolvieron a los femicidas de Lucía Pérez

Este martes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad la suspensión temporal de los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas del Tribunal en lo Criminal Nº1 (TOC 1) de Mar del Plata, quienes serán sometidos a un jury por su mal desempeño en la causa por el femicidio de Lucía Pérez.

Ambos magistrados absolvieron a los femicidas de Lucía en noviembre del 2018. Por esta decisión fueron acusados de negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta. La resolución, revocada por la Cámara de Casación el año pasado, benefició a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, señalados por haber cometido el delito de abuso sexual seguido de muerte. 

Según lo informado por Télam, en la acusación de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento a Magistrados se indicaba que “la queja se relaciona con la resolución de libre absolución que beneficiara en el juicio oral a los autores de los delitos por el gravísimo delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado la muerte de la ofendida y habiendo sido favorecido por el suministro de estupefacientes”.

Además, señala que “dan cuenta las denuncias de manera concordante que la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada lejos de ajustarse a derecho evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores”.

Por otra parte, la Comisión Bicameral recordó que durante el primer juicio “se consignó en la sentencia que hasta cambiaba droga por sexo, que no podía ser fácilmente sometida y que no existió una relación de subordinación por mantener relaciones no consentidas”, y que el TOC 1 se enfocó en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, como su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter y en distinguir la conducta de los imputados y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

“El Jurado de Enjuiciamiento dio lugar a nuestra acusación, en la que pusimos el acento en que el fallo de primera instancia estuvo viciado de parcialidad, prejuicios y estereotipos de género, sin tener en cuenta las convenciones de Derechos Humanos vigentes y obligatorias para nuestro país. Los jueces pasaron por alto estas normas que protegen a las mujeres y que, en este caso, se utilizaron en contra de la víctima”, explicó Cecilia Rodríguez, directora Jurídica y Técnica de la Defensoría del Pueblo bonaerense conducida por Guido Lorenzino, quien impulsó la denuncia contra los magistrados ante el Jurado.

A la espera de la audiencia de este martes, los familiares de Lucía Pérez y organizaciones feministas se movilizaron por la mañana en La Plata para exigir justicia. “Para nosotros es importante este jury, queremos que los destituyan a estos jueces para poder las mujeres estar más tranquilas y en paz”, dijo Marta Montero, mamá de Lucía, en diálogo con Radio Provincia.

Para Montero, el juicio contra los magistrados es necesario para que “la justicia empiece a cambiar”. La bandera de la reforma judicial es levantada por los movimientos feministas como una de las medidas clave para prevenir los crímenes por motivos de género. Uno de los frutos de esta lucha contra el accionar patriarcal del Poder Judicial es la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria de todos los agentes del Estado en materia de género. 

No obstante, los feminismos aseguran que su aplicación continúa siendo desigual, además de que la Corte Suprema de Justicia se niega a incorporarse a los mecanismos impulsados por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, argumentando que cuentan con sus propios métodos de capacitación. 

En lo que respecta al jury contra los jueces Gómez Urso y Viñas -a quienes también se les quitó el 40% del sueldo- se espera que próximamente se establezca una fecha de inicio. Este proceso podría determinar la destitución de sus cargos.