Batalla de Ideas

22 noviembre, 2021

Violencia estatal y discursos de odio: una política sin grietas

Los asesinatos de un chico de un barrio popular y de un joven mapuche demuestran que los discursos punitivistas solo traen muerte sobre determinadas poblaciones dejando familias y comunidades destrozadas. La responsabilidad política y mediática de una biopolítica de Estado en el marco de la crisis.

Nicolás Castelli y Florencia Trentini

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Con solo días de diferencia, el asesinato de Lucas González por una brigada de civil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el del joven mapuche Elías Garay -en manos de hombres armados de civil que ingresaron a los tiros al lof Quemquemtrew en Río Negro- exponen con claridad como los discursos de mano dura y la demagogia punitivista solo habilitan la violencia estatal y paraestatal que genera más muerte y tragedia.

Y no es casual que las víctimas sean un joven morocho de un barrio popular y otro mapuche porque se trata de los sujetos de las poblaciones más racializadas, estigmatizadas y criminalizadas por los discursos de odio que irresponsablemente propagan políticos y grandes medios de comunicación. Son enunciados que luego se hacen sentido en la subjetividad de quienes eligen el miedo por sobre la razón y por sobre la empatía con las injusticias. En definitiva, son discursos que se vuelven sentido común entre quienes eligen ser gobernados por las pasiones tristes que anidan en todos nosotros.

Estos discursos que construyen climas, sentidos y consensos legitimadores vienen de larga data pero en los últimos tiempos, particularmente en el marco de la campaña por las legislativas, fueron en aumento. Y en este in crescendo juegan su parte los medios hegemónicos cuando dan voz y visibilidad a personajes antidemocráticos que proponen más violencia institucional para terminar con la «delincuencia» o el «terrorismo mapuche». 

Como se sabe, las crisis son caldo de cultivo para salidas reaccionarias, algo que ya ocurre en distintas partes del mundo con el ascenso de fuerzas de ultraderecha en el marco de una democracia liberal representativa deslegitimada. Pero este fenómeno tiene sus responsables y patrocinadores.

Tras el crímen de Roberto Sabo, el kiosquero de Ramos Mejía asesinado por un delincuente que fue detenido a las pocas horas, escuchamos a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia que tiene la policía más grande y violenta del país, hablar de pena de muerte. Como así también al reciente electo diputado, ultraderechista y autopercibido libertario, José Luis Espert, hablar de dejar como «un queso gruyere» a los delincuentes. Es el oportunismo de personajes autoritarios que se monta sobre el dolor de las familias y también sobre los sentidos comunes más retrógrados que existen en la sociedad.

En este sentido, a fines de octubre, un «informe» de Jorge Lanata calificaba a los mapuches como «los nuevos terroristas», una etiqueta que por más burda que parezca no deja de tener efectos de sentido y de construir consensos para legitimar la violencia que hoy se cobró la vida de un joven, como ya ocurrió en 2017 con las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en manos de las fuerzas represivas estatales también en conflictos socioterritoriales ocurridos en la Patagonia.  

En aquel momento escuchábamos de la boca de Patricia Bullrich lo mismo que hoy repite el ministro del oficialismo Sergio Berni: son terroristas, y como ponen en riesgo la seguridad del Estado y la paz social todo está permitido. 

Mientras tanto, los medios de comunicación hegemónicos no paran de repetir el mantra de la “violencia mapuche” como explicación de lo que sucede en Patagonia negando la profunda desigualdad, los años de exclusión y marginación, y el avance del extractivismo turístico e inmobiliario por sobre las tierras ancestrales indígenas.

Aunque no se sabe quiénes son y quién mandó a los asesinos de Elias y aunque desde el gobierno de Río Negro niegen la actuación policial, no deja de tener su cuota de responsabilidad la gobernadora Arabela Carrera. Como también ocurre con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en el fusilamiento del joven futbolista en Barracas. 

Las policías no actúan aisladas de la responsabilidad política de las fuerzas que gobiernan y tampoco de los discursos que habilitan el despliegue represivo. Y ya quedó demostrado que el punitivismo no aporta una solución al problema de la seguridad sino que lo agrava. Pero, ¿son soluciones las que se buscan o es en realidad otra cosa relacionada con el control social sobre determinados cuerpos?

En el caso de Carrera y los mapuches, referentes de los Derechos Humanos como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, y representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), vienen hace tiempo denunciando el endurecimiento de la gobernadora con respecto a este conflicto socioterritorial con el Lof Quemquemtrew.

Cabe recordar que la propia mandataria calificó de «actos terroristas» a incendios que sin prueba alguna se les atribuyó a los mapuches y en sintonía con el discurso instalado que criminaliza a los pueblos originarios de la región solicitó la intervención de las fuerzas de seguridad federales en la provincia.

Esta comunidad mapuche comenzó una recuperación territorial el sábado 18 de septiembre. Se trata de un territorio ancestral que ocupa y se atribuye el empresario forestal Rolando Rocco con el objetivo de desplegar actividades extractivas con un andamiaje institucional que lo avala y beneficia. Desde ese entonces no cesó el amedrentamiento y la violencia de las fuerzas represivas del Estado provincial contra el Lof.

A esto se le suma la denuncia del vínculo existente entre el accionar represivo del poder judicial y el Proyecto Propiedad Privada, una iniciativa que califican de “antimapuche”, y que tuvo su correlato con la realización del Primer Foro del Consenso Bariloche, en agosto pasado, que reunió a grandes propietarios y empresarios con el aval de la gobernadora Carreras. 

A su vez, no deja de ser llamativo que el incremento de los discursos y la violencia represiva hacía el pueblo mapuche ocurre en los momentos en que se vuelve a prorrogar la Ley de Emergencia Territorial Indígena que prohíbe los desalojos de las comunidades de sus tierras. Un accionar prácticamente de manual que vuelve a demostrar que todo vale cuando la propiedad privada y el acaparamiento de tierras encuentran resistencias y obstáculos.

Entonces, es necesario preguntarse ¿qué pasa cuando la violencia institucional se cobra vidas bajo todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia hasta el presente? ¿Cómo opera el entramado entre la construcción de sentidos comunes y de miedos comunes en los medios de comunicación, el discurso punitivista y represivo, como única respuesta posible ante demandas sociales por la vivienda y el territorio, y los gatillos que se disparan sobre cuerpos que se han construido como «prescindibles» por «peligrosos»?

No todas las vidas valen igual

La violencia cultural y simbólica corporizada en los discursos mediáticos que construyen a los mapuche y a les jóvenes de los barrios populares como peligrosos ha ido erigiendo históricamente un entramado de valores propios de nuestra sociedad que se constituyó sobre la idea de ser blanca, europea, de clase media y civilizada. 

Así, el evolucionismo social, sentó las bases para colaborar pasiva y/o activamente con la violencia estructural hacia estos sectores de la población, construídos históricamente como excluidos, marginales, subalternos y no-propietarios. El filósofo Giorgio Agamben plantea la categoría de «estado de excepción» como una norma que permite pensar cómo históricamente distintas violencias se entrelazan justificando que ciertos sectores estén exceptuados de ciertos derechos. 

Pensar al estado de excepción en relación con la noción foucaultiana de biopolítica, permite mostrar cómo esta excepcionalidad (permanente) es una forma normada de gobernar sobre las vidas. La politóloga Pilar Calveiro llama «prescindibles-peligrosos» a quienes pueden ser despojados de sus vidas sin que esto constituya un delito o sin que sea un escándalo para la gran mayoría de la población.

Casos como los de Lucas González o Elías Garay no son excepciones, sino la norma que opera sobre la «portación de cara», de color de piel, del barrio en el que se vive. Son formas permitidas y avaladas de actuar ante el supuesto peligro que estos cuerpos estigmatizados y criminalizados significan para la seguridad de todes. 

Pero estos cuerpos tienen nombres, tienen vidas, tienen sueños, tienen familias. Lucas, Elías, Santiago, Rafa, Facundo no son prescindibles en nombre de la seguridad y la paz social. Son la muestra de la violencia institucional y de la incapacidad del Estado (en todos sus niveles) para pensar respuestas que vayan más allá de los desalojos, de las represiones y de las balas. 

Estas situaciones profundizan la crisis de la democracia liberal y representativa y demandan la necesidad de encontrar una salida con más democracia, con más derechos, con más justicia social y no con más violencia y autoritarismo. Pero también con firmeza y sin concesiones posibilistas en nombre de la correlación de fuerzas ante una derecha cada vez más radicalizada y que corre cada vez más los límites de lo decible y lo posible.

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