Policías de civil y sin identificación: una práctica sistemática en el sur de la CABA

«Te miran mal cuando caminás, te quieren parar, te piden documento por la forma en que te vestís. Con uniforme o sin uniforme te miran mal por tener una visera», contaba este jueves un amigo de Lucas González, el joven de 17 años fusilado por el oficial mayor López, el oficial Nievas y el inspector Isassi de la brigada de civil de la Comisaría 4D del barrio porteño de Barracas. 

En la movilización que tuvo lugar ayer para repudiar y exigir justicia ante este nuevo caso de gatillo fácil y violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires, varios dirigentes y luchadores de los derechos humanos contaron que muchos jóvenes denunciaban que es habitual la presencia de efectivos de civil en Barracas.

El mismo ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’alessandro, reconoció la presencia de brigadas de civil en la zona sur de la Ciudad. «Muchas veces hacen tareas de prevención», declaró. La pregunta que surge es para qué y por qué en estos barrios.

Como destacó el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) «la intervención de brigadas sin identificación era una práctica de la vieja Policía Federal. En la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires las fuerzas policiales parecen estar acostumbradas a disparar primero y averiguar después.»

En ese sentido, cabe recordar que según datos la Base de Datos de Detenciones de Niños, Niñas y Adolescentes, elaborado por el Equipo de Estadística y Bases de Datos del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), un amplio porcentaje de las 2064 detenciones a niños, niñas y adolescentes sucedidos entre entre junio 2018 y junio 2019 se condensan en los territorios del sur de la Ciudad, particularmente en la Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios).

A este foco represivo puesto sobre los barrios menos privilegiados, se le suma un dato aportado por María del Carmen Verdú, referenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). En diálogo con Tiempo Argentino señaló que «son 121 casos de gatillo fácil en estos 5 años de existencia (de la policía de la Ciudad), aparte las muertes en comisarías». En la mayoría de los casos, la edad de las víctimas ronda entre los 15 y los 25 años.

«Ayer, mientras los carteles de tránsito lucían las felicitaciones de Horacio Rodríguez Larreta a su policía por cumplir 5 años, en Barracas, desde un auto sin identificación, efectivos de esa fuerza dispararon a cuatro chicos de 17 y 18 años. La policía intentó disfrazar el asunto como un enfrentamiento, pero rápidamente esa versión fracasó», denunció el organismo a través de un comunicado.

A su vez, como explicó la abogada especializada en criminología, Claudia Cesaroni, en AM750, el caso de Lucas «hay que ubicarlo en una cadena de hechos similares que tiene una larga historia» en la policía porteña y «decenas de casos similares que no llegan a la primera plana porque son presentados como enfrentamientos policiales».

Control social: «Seguridad» para el norte y balas para el sur

La excesiva presencia de fuerzas policiales en las calles de la Ciudad obedece a una política del gobierno porteño de cuasi militarización del distrito más rico del país. Mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que debería haber 300 policías por cada 100 mil habitantes, en la Ciudad de Buenos Aires hay 750, un 150% más de lo recomendado.

Al momento de sus inicios, la Policía de la Ciudad contaba con aproximadamente 25 mil efectivos, de los cuales 19 mil eran provenientes de la Policía Federal y 6 mil de la ex Metropolitana. 

Días atrás, en plena campaña electoral, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, aprovechando el asesinato del kiosquero de Ramos Mejía, pidió «un régimen penal juvenil especial» para los delitos cometidos por menores y aseguró que hay que cambiar el Código de Procedimiento Penal. «Un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí tenemos una contradicción», declaró.

Sin embargo, la demagogia punitivista no es exclusiva de la Ciudad. Son reiteradas las declaraciones públicas del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni a favor de la «mano dura».

 «No me asusta la pena de muerte. Tengo alguna contradicción como cristiano. Pero no es una cuestión moral, no le tengo miedo», dijo días antes de las elecciones legislativas.

La irresponsabilidad de sectores de la clase política y de los medios hegemónicos en el fomento de discursos de odio que estigmatizan y criminalizan a jóvenes de barrios humildes también es una práctica sistemática que lleva décadas al servicio de una violencia institucional y estructural que recorre todos los gobiernos desde 1983 hasta el presente.