¿Pagar al FMI con más extractivismo?

“En la primera semana de diciembre de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el ‘Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable’”, informó el presidente Alberto Fernández minutos después de conocerse los resultados de las elecciones legislativas.

El programa contemplará “los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social”.

Como ya se sabe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigirá el cumplimiento de determinadas metas fiscales (ajustes recesivos) y el aumento de las exportaciones con un valor del dólar que las favorezca para así asegurarse los dólares que el país deberá pagarle.

En una economía con un perfil primario exportador como la argentina donde los productos primarios representan más de 50% de las exportaciones de actividades derivadas del agronegocio o la megaminería (soja, maíz, minerales, etc), entre otras, está claro de donde van a salir las divisas que hoy no están y que el Fondo Monetario va a exigir con cierta intransigencia, según las señales que viene dando. 

En realidad ya ocurre la intensificación de un modelo de desarrollo productivista que aumenta las actividades extractivas y favorece al complejo agro exportador y minero.

Son elocuentes al respecto los recientes anuncios oficiales de inversiones en actividades extractivas de minerales a la vez codiciados por la transición energética del norte global.  

En los últimos días, la minera canadiense Lundin Mining anunció la puesta en marcha del proyecto megaminero JoséMaría en San Juan con el objetivo de extraer cobre, oro y plata.  También se informó una inversión de 400 millones de dólares de la minera francesa Eramet para extraer litio en Salta.  A esto se suma la publicitada inversión australiana de la empresa Fortescue en hidrógeno verde en la Patagonia.

El propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reconoció que estas inversiones sirven para «resolver temas productivos, y macroeconómicos de manera simultánea».

En todos estos proyectos, tanto en el gobierno como en la mayoría de los grandes medios de comunicación, se habla y se celebra las inversiones millonarias, la entrada de dólares y los puestos de trabajo que se crearán, pero se omiten y no se discuten las consecuencias sociales, ambientales y ecosistémicas que este modelo de megaminería extractiva ya viene causando hace décadas en Argentina y en gran parte del continente: contaminación del suelo, aire y agua, deforestación, control de los ríos, destrucción de comunidades, desalojos, violencia y acaparamiento de tierras. 

Un modelo que además destruye el trabajo y los medios de vida de miles de trabajadores campesinos e indígenas. En definitiva, se trata de una serie de pasivos ambientales y sociales que provocan a la larga más desigualdad social, injusticia ambiental e innumerables conflictos territoriales. Pero que, sin embargo, estás consecuencias serían resueltas bajo la mágica fórmula del «desarrollo sustentable» de acuerdo al paradigma productivista que el gobierno nacional suscribe acríticamente.

En el caso argentino concurren dos factores para potenciar los extractivismos y los problemas que conlleva. Uno tiene que ver con la deuda con el FMI, la necesidad de dólares y la política del gobierno al respecto y el otro con la transición energética que llevan adelante los países ricos del norte global.

En este último sentido, con la crisis socio ecológica y civilizatoria que estamos padeciendo es más que necesario poner en discusión el paradigma de desarrollo vigente y hegemónico, y confrontar con la salida financiera y de mercado que los países ricos del norte proponen en la llamada «economía verde» para mitigar la crisis climática. 

Pero la urgencia de aumentar la reservas en dólares para cumplir con el FMI parece no dar lugar a debatir otras alternativas que priorizen la emergencia social y ambiental por sobre los condicionamientos del pago a una deuda que se destinó a financiar la fuga de capitales de empresarios y bancos a sabiendas del propio organismo.