Derechos Humanos

19 noviembre, 2021

La ciudadanía: el enemigo de la Policía de la Ciudad

¿Quién es el objetivo y enemigo prioritario al que apunta la seguridad de Horacio Rodriguez Larreta? ¿Es una sociedad segura aquella en donde no existe el delito? ¿Quién preserva la seguridad de quienes no pueden proveerla?

María Belén Romano*

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El discurso de Cambiemos versa alrededor del aumento de efectivos armados en la calle para, según ellos, preservar la seguridad ciudadana. Comentan que mientras haya más policías, más seguros nos sentiremos. Así desfilan a sus fuerzas en los medios tradicionales para convencer a los ciudadanos en que más policía, será mejor.

Hoy lamentamos la negligencia por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que le disparó y mató a Lucas Gonzalez para luego señalarlo como delincuente, desviar el foco y así, nuevamente, hacer caso omiso y contrario a los principios, estándares y lógicas que deben guiar la actuación de las fuerzas de seguridad.

Policía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad se creó durante la presidencia de Mauricio Macri a través de la aprobación del Convenio de Transferencia ya habilitado por la modificación de la Ley Cafiero del 2007. Para ello, el macrismo aumentó el peso de la Ciudad en la coparticipación de 1,4% a 3,75% a través del decreto 194/2016. 

Posteriormente, evitaron la sanción de una ley del Congreso que logre aprobar el Convenio de Transferencia o que pueda modificar la Ley Cafiero. En el ámbito local, la Ley N° 5.688 de 2016 derogó a su antecesora, y así finalmente se creó la fuerza tan buscada por el macrismo: la Policía de la Ciudad.

A lo largo de su conducción, las fuerzas policiales de la Ciudad fueron dirigidas por varios jefes de Policía procesados por delitos de asociación ilícita e incidencia en delitos durante la última dictadura militar, como en el caso de Carlos Kevorkian. Éste fue reemplazado por quien era entonces el subjefe de la policía porteña: el comisario general Gabriel Oscar Berard, actual Jefe de la fuerza desde mayo de 2019.

En sus declaraciones por los recientes hechos, el jefe de las fuerzas de la Ciudad dijo: “Somos los más interesados en esclarecer el caso de Lucas Gonzalez, porque hay miles de policías que todos los días salen a la calle y se están jugando la vida”. Hoy nos preguntamos: ¿son los policías los interesados en preservar su vida o somos los ciudadanos los que debemos cuidarnos de su supuesto cuidado?

Marco normativo actual (Ley 5.688)

El marco normativo que rige a la Policía de la Ciudad y a todo el subsistema de seguridad se estructura en la Ley 5.688, que aprobó el denominado “Sistema integral de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Allí se establece la dirección política de la fuerza y los planes de seguridad entre el jefe de Gobierno y el Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Por otra parte, se crea un sistema integral de seguridad para prevenir la violencia y el delito, y también diferentes estrategias institucionales de persecución penal, de seguridad preventiva comunitaria y de seguridad compleja. 

La ley establece un mecanismo de transparencia en materia de seguridad abierto a toda persona que solicite información como también diversos institutos de control de la policía en cabeza del Ministerio, concretamente la Oficina de Transparencia y Control Externo.

La Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, prevista en el artículo 35 de la Ley 5.688, está a cargo del abogado Alfonso Palmou. Está compuesta exclusivamente por personal civil y tiene como objetivo investigar las situaciones en las que intervenga personal de la Policía de la Ciudad y en las que se denuncie o se presuma razonablemente la existencia de irregularidades.

Cuando se asume que en los hechos investigados existe algún tipo de delito, la Oficina de Transparencia debe comunicárselo al ministro de Seguridad para que se avance con el proceso penal. Además, este órgano es el encargado de elaborar programas y políticas de prevención de la corrupción, faltas éticas, abusos funcionales graves y la promoción de la transparencia junto a su implementación con el Ministro de Justicia y Seguridad. Por último, también debe ocuparse de la redacción de un informe anual sobre el desempeño de la Policía de la Ciudad en materia de promoción de los derechos humanos.

Justicia por Lucas

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la Ciudad con más policías y cámaras de videovigilancia en toda la región metropolitana. La cantidad de agentes de la Policía en el distrito es de aproximadamente 26.500 efectivos: triplica lo recomendado por la ONU.  

En su discurso, el oficialismo porteño dice tener éxito en los hechos y remarca constantemente que mientras más efectivos haya en las calles, menos delitos se cometerán. ¿Quién nos provee de seguridad ante una infinidad de policías en la calle que parece no tener reparo en su actuar ni respeto por los derechos humanos que ellos mismos dicen defender?

Hoy, un día después de la muerte de Lucas González en manos de la Policía de la Ciudad, exigimos celeridad y urgencia en la investigación pero también respeto por los derechos de sus familiares y amigos durante el desarrollo de la misma.

Volvemos a advertir la necesidad de que se apliquen condenas ejemplares para los autores del hecho y alertamos sobre las consecuencias directas de los discursos de mano dura, la habilitación y aliento desde determinados sectores de prácticas ilegales, como por ejemplo la doctrina Chocobar, y toda cuanta iniciativa vaya en dirección contraria con una visión democrática de la seguridad ciudadana, y respetuosa de los derechos humanos. 

No continuaremos tolerando como sociedad las proclamas que promuevan las ejecuciones sumarias. En ese sentido, las exigencias sobre los agentes públicos deben ser aún mayores, pues son ellos quienes tienen legalmente permitido el uso de armas y el ejercicio de la fuerza, circunstancia que los conmina a trabajar en la supresión de toda práctica o conducta que, ajena a los fines perseguidos por la normativa y la organización de la seguridad interior, puedan poner en riesgo actual y/o inminente a una porción de la población.

La realidad nos exige que no vuelvan a ocurrir estos hechos en manos de la Policía. El crecimiento exponencial de esta fuerza no demuestra una baja en los delitos ni tampoco una baja en la violencia institucional. El camino que erradique la violencia policial y mediática debe ser urgente y así evadir nuevamente una muerte evitable como la de Lucas.

*Integrante del equipo de abogades del colectivo Atrapamuros

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