CABA: comenzó la audiencia pública por la construcción de once torres

Este viernes comenzó la audiencia pública en la Legislatura porteña por los convenios firmados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y constructoras privadas para levantar once nuevas torres en distintos barrios. El proyecto ya fue aprobado en el recinto en una primera lectura.

Los once convenios urbanísticos, que son excepciones a las normativas vigentes y a la planificación de la Ciudad, habilitan la construcción de torres de hasta 75 metros de altura en distintos barrios. A cambio de estas excepciones, el gobierno porteño recibirá una compensación económica por parte de las empresas privadas. 

En esta audiencia pública participarán, en total, cerca de 400 oradores y oradoras: diez expositores, entre funcionarios del Gobierno porteño y miembros de las Juntas Comunales; y 383 vecinos y vecinas que podrán dar su opinión. La reunión finalizará el próximo martes 23 de noviembre, y luego pasará a una segunda lectura en la Legislatura, donde Cambiemos cuenta con mayoría automática.

Anibal del Olmo, jefe de Gabinete de la Dirección General de Antropología Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano (SECDU) del Gobierno de la Ciudad, abrió la audiencia pública especificando que “un convenio urbanístico es una propuesta que trae un privado al Gobierno de la Ciudad, en función de la posibilidad que tiene para construir en su parcela, plantea una alternativa diferente que modifica lo que puede hacer y trae una propuesta como contraprestación”.

“Cada uno de estos once convenios urbanísticos merece un tratamiento caso por caso, con una opinión registrada de cada comunidad y entorno barrial afectado”, consideró Andrés Borthagaray, presidente de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.

Por su parte, la legisladora del FIT Amanda Martín aseguró que “se trata de proyectos inmobiliarios de lujo que no tienen nada que ver con la necesidad de la población” y afirmó que “van a afectar a barrios tradicionales frente a una crisis habitacional donde un 40% de la población alquila su vivienda”.

Gabriel Sánchez, de la Junta Comunal 1, consideró a su turno que “los convenios se parecen más a un blanqueo de excepciones inmobiliarias que a una política pública pensada para los vecinos y las vecinas”; al tiempo que Diego Achile, de la Junta Comunal 13, indicó que “tienen un agravante que es la mercantilización de la norma urbana”.

“Estamos frente a la compra de leyes de parte de desarrolladoras inmobiliarias”, agregó Jonatan Baldiviezo, del Observatorio de la Ciudad (ODC) y de la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos”, quien también sostuvo que “estos convenios urbanísticos son nulos porque no tienen el norte de garantizar el bien común, sino el de favorecer los intereses privados”.

“No vienen a mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, sino que ofrecen una compensación económica, entonces se compran leyes de excepción en la Legislatura”, sentenció María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y miembro del ODC.