Es urgente: nueva ley de VIH

Cam Esperguin*

@camesperguin

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Este miércoles se trata en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputades el proyecto de nueva Ley de VIH, Hepatitis e ITS. Éste, que fue construido desde el año 2014 por organizaciones sociales, asociaciones de personas VIH+ y en diálogo con el Ministerio de Salud de la Nación, Organización Panamericana de Salud y la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de Sida, viene a actualizar la Ley 23.798 que rige desde el ‘90.

Es una actualización indispensable considerando la cantidad de avances que se vienen dando en estos 30 años recorridos: desde un tratamiento que demostró ser efectivo hasta una vacuna en desarrollo. Sin embargo, en la actualidad en nuestro país seguimos manteniendo un promedio de 5.000 diagnósticos anuales con el colectivo travesti-trans encabezando los grupos de mayor prevalencia, seguido por el grupo de hombres que tiene sexo con hombres.

El proyecto actual obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Salud Pública y Acción Social de la Cámara de Diputades de la Nación el pasado 6 de octubre. Está al borde de perder el estado parlamentario por tercera vez. Desde 2016 que se intenta modificar la ley actual, pero los proyectos presentados fueron postergados.

Puntos clave

Las modificaciones que se proponen a la ley giran en torno a una nueva perspectiva de la salud, incorporando la perspectiva de género y factores sociales. En éste sentido, naturalmente la ley actual responde a los estigmas de la medicina hegemónica que todavía se encontraba poco cuestionada en 1990, y no incluye garantías en cuanto a la protección de los derechos de las personas VIH+ y con otras ITS. Hoy se proponen cambios que nos aproximen a un abordaje holístico de las personas y de la situación sanitaria de las ITS.

En primer lugar, el Artículo 1 inicia el proyecto con una propuesta que patea el tablero de la industria farmacéutica: declarar de interés nacional la respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales e ITS. Esto implica la promoción y financiamiento de la investigación para prevenir, tratar y curar estas infecciones que dependen de tratamientos crónicos antiretrovirales.

Además, la producción nacional de antiretrovirales también significaría un avance en la atención, ya que permitiría abaratar el presupuesto destinado a comprar estos tratamientos a farmacéuticas internacionales (que vimos especular con los precios durante el último año y medio, de acuerdo a la situación del COVID-19), y evitar la escasez que preocupó al país en 2015. En pocas palabras, éste artículo nos encamina a construir la soberanía sanitaria que la pandemia del coronavirus hizo notar necesaria.

El proyecto original también busca redefinir las poblaciones de riesgo, incluyendo no sólo a hombres que tienen sexo con hombres, sino también travestis y mujeres trans, mujeres cis, trabajadoras sexuales y personas en contexto de encierro. Así, se entiende que el contexto social y económico de estos grupos tiene una influencia innegable en su situación sanitaria, y por lo tanto las políticas de salud deben incorporar aspectos socioeconómicos para ser efectivas. Sin embargo, para su aprobación por la Comisión de Salud Pública y Acción Social, el texto fue modificado y ya no incorpora estos grupos como poblaciones de riesgo. Las organizaciones sociales buscan restablecer el proyecto original.

Se apunta a lograr que las personas VIH+, con tuberculosis o hepatitis virales puedan acceder a jubilarse a los 50 años, ya que se ha comprobado que estás infecciones crónicas y sus tratamientos prolongados causan un envejecimiento prematuro, lo que refuerza la necesidad de encontrar una cura. Y también se proponen pensiones no contibutivas para aquellas personas que perciben ingresos menores al salario mínimo vital y móvil (teniendo en cuenta la exclusión laboral que se asienta sobre estás infecciones).

También en torno a la cuestión laboral, el Artículo 10  prohibiría cualquier tipo de testeo tanto para postularse, como acceder, permanecer o ascender en ámbitos laborales. Esta es una gran problemática actualmente, que debe ser atendida para convatir la exclusión laboral.

Además, se prohíbe igualmente el requerimiento del testeo en los ámbitos educativos ya sean públicos o privados. Por eso no se podrá solicitar el diagnóstico tanto para postularse, como ingresar o permanecer en instituciones educativas, ni tampoco para el acceso a becas. Esto es algo que sucede especialmente con familias en las que se hace público el diagnóstico de VIH de algune de sus integrantes.

Por otra parte, un punto particularmente innovador es la incorporación de asociaciones civiles y personas VIH+ como actores políticos, ya que se establece su agregación a los equipos de planeamiento y diseño de políticas dirigidas a estas infecciones.

Respuesta integral

ONUSIDA, uno de los organismos internacionales más importantes en el tema, propone desde 2011 la meta 90-90-90: 90% de las personas VIH+  diagnosticadas, 90% de esas personas en tratamiento antiretroviral, 90% con carga viral indetectable. En nuestro país la misma fue adopta y se la considera como parte de los objetivos de la Dirección de VIH.

Sin embargo, según el último Boletín Epidemiológico de VIH en Argentina se estima que 136 mil personas tienen VIH, de las cuales el 17% desconoce su diagnóstico, 67% se atiende en el sistema público de salud, y sólo 60 mil se encuentran recibiendo tratamiento antiretroviral en el sistema público. Queda mucho camino por recorrer.

Para aproximarnos a los objetivos propuestos, la respuesta integral es clave. No basta sólo con testear masivamente (aunque es una iniciativa que las provincias deberían tomar), sino que también necesitamos un sistema de salud fuerte, capacitado y atento para responder, con conocimientos de la situación actual y sensibilidad humana.

No basta con diagnosticar, si no tenemos la capacidad de acompañar. El estigma que muches profesionales de la salud continúan reproduciendo, es violencia comentada sobre ignorancia. Y se cobra vidas, porque causa que quienes reciban un diagnóstico positivo muchas veces prefieran alejarse del sistema abandonando el tratamiento, o ni siquiera accediendo.

Se necesita una visión integral para alcanzar los objetivos 90-90-90, porque además de requerir un personal de salud sensible, que brinde comodidad a la población y que acerque los tratamientos, se deben crear políticas Interdisciplinaria. Las adicciones y la desnutrición son solo algunos de los factores que complican la adherencia a los antiretrovirales y el alcance de la carga viral indetectable, y que además son prevalentes en nuestro país. En éste sentido, el proyecto de ley es un paso gigantesco.

Lo que se juega

El VIH es la llaga abierta del abandono social que durante demasiados años vivimos las personas de la diversidad. Hoy decimos basta a todo eso, y nos apropiamos de nuestra realidad, construimos nuestro destino. Decimos basta a las salas de terapia en las que abandonaban a su muerte a las personas con sida. Hoy tenemos y gestamos nuestras propias leyes y políticas, porque solo nosotres sabemos lo que necesitamos para nuestra salud.

No aceptamos más que nos posterguen, nos negamos a seguir negando la pandemia que hace más de 40 años que nos afecta. Cómo movimiento, exigimos con urgencia la aprobación de la ley.

Detrás de esta disputa, está todo un imaginario social respecto a lo que representa el VIH. Se pone en juego qué vidas valen más y cuáles menos. Sin ir más lejos, en 2019el expresidente Mauricio Macri decidió desfinanciar la atención para el VIH al recortar el presupuesto de salud, acción que presume que las mismas son menos importantes, porque comunmente se lo relaciona con maricas y travestis. Y si bien esa relación es cierta, no es exclusiva. También se ponen en juego muchas otras vidas, destacando que en los últimos años se ha observado una feminización de esta pandemia. Legisladores, no hay más tiempo. Garantizar el derecho a la salud es urgente, es ahora.

*Activista TTNB