Chile: el Senado rechazó la acusación constitucional contra Piñera

Durante la noche del último martes se llevó a cabo una sesión en la Cámara de Senadores chilena en la que se rechazó el juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, acusado de corrupción en el caso de los Pandora Papers. La oposición debía conseguir 29 escaños para que se aprobase la iniciativa, aunque sólo dispone de 24 bancas en el Senado.

Durante la sesión se votaron dos acusaciones constitucionales en concreto: “haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación”. El primer capítulo contó con 24 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención; mientras que el segundo recibió 22 votos a favor, 20 en contra y 1 abstención. El único senador oficialista que no votó en contra fue Manuel José Ossandón, quien se abstuvo.

La iniciativa había sido aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones. Para alcanzar el quórum necesario, Jaime Naranjo, legislador del Partido Socialista (PS), dio un discurso de 15 horas para que un diputado del Frente Amplio, Giorgio Jackson, asista a la sesión al cumplir con el aislamiento por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus.

“Hemos escuchado a todas las partes y cada uno de los senadores y senadoras se ha podido expresar. Se termina una etapa en este proceso donde se constata que no existían los votos que exigía la Constitución, en este caso 29, para proceder a la acusación constitucional”, concluyó la senadora Ximena Rincón.

Estas denuncias surgieron a partir de la publicación de los Pandora Papers, donde se lo implica a Piñera en la venta de la minera Dominga a uno de sus amigos de la infancia, el empresario Carlos Alberto Délano. En diciembre de 2010, cuando el mandatario llevaba casi nueve meses en el poder en su primera presidencia, se utilizaron dos empresas fantasmas de las Islas Vírgenes Británicas para vender las acciones de la minera al empresario.

Jorge Álvarez, encargado de la defensa del presidente, argumentó que “el proyecto Dominga es un esfuerzo de un grupo de empresarios donde hay varios inversionistas pasivos, entre los cuales estaba la familia Piñera Morel. Ellos no eran los dueños, ellos no vendieron nada”.

“Al presidente no solo lo ampara la presunción de inocencia, sino que goza de una inocencia jurídicamente establecida. Se requieren pruebas de culpabilidad, no como se ha dicho acá. Una investigación del Ministerio Público indica que los hechos que se le imputan no son efectivos. Destituir al presidente de la República es ir en contra de la voluntad democrática que lo eligió en las urnas”, continuó.

Desde la parte acusatoria aseguraron que “lamentablemente para Chile, el presidente Piñera ha hecho de su imprudencia y avaricia, y de sus conflictos de intereses, un patrón de conducta”. Así lo sostuvo la candidata presidencial y senadora democristiana, Yasna Provoste, quien en 2008 fue destituida de su cargo como ministra de Educación a través de un juicio político, que también la dejó cinco años inhabilitada.

“Otros mandatarios como el de Ecuador (por Guillermo Lasso) también se vieron cuestionados. Eso fue lo que motivó esta acusación. No le echemos la culpa a los diputados o a los senadores por tratarla ahora. Echémosle la culpa nuevamente al protagonista del peor gobierno en varias décadas”, añadió el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza.

En una conferencia de prensa luego de que se rechace la acusación constitucional, Piñera llamó a “fortalecer el imperio de la verdad y erradicar el populismo, la demagogia y los meros intereses electorales que hoy tanto abundan”. “La acusación ya es parte del pasado… esa acusación nunca tuvo ningún fundamento y por eso fue rechazada”, aseveró.

El día después

Luego de que el mandatario sobreviviera al juicio político, Chile volvió a ocuparse de las elecciones presidenciales que se realizarán este domingo. Según las encuestas -cuestionadas por su veracidad- el candidato de extrema derecha José Antonio Kast se enfrentaría en una segunda vuelta con el candidato del Frente Amplio, el izquierdista Gabriel Boric. 

Aunque todavía el panorama no es claro, lo cierto es que cualquiera de los siete candidatos que gane la presidencia deberá encargarse de llamar a un nuevo plebiscito para consultar la opinión popular acerca de la nueva Constitución. Boric afirmó que espera que la nueva Carta Magna acabe con la concentración del poder que ha generado el sistema presidencialista que impera en Chile, mientras que Kast, en su momento, se mostró defensor de la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet.