16 noviembre, 2021
El gobierno se alineó con EE.UU y votó en contra de Nicaragua en la OEA
Finalmente Argentina aprobó un documento que no reconoce las elecciones ganadas por Daniel Ortega. En un contexto de ofensiva imperialista contra varios gobiernos populares de la región, el país votó en línea con la derecha regional y Washington.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el viernes pasado una moción presentada por Canadá e impulsada principalmente por Estados Unidos para desconocer las elecciones que dieron ganador a Daniel Ortega en Nicaragua.
Contradiciendo el principio de no injerencia en las cuestiones internas en otras naciones, tal como sostuvo el canciller Santiago Cafiero horas después de las elecciones, Argentina finalmente aprobó el documento presentado que deslegitima los comicios que dieron como ganador una vez más al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La resolución para condenar a Nicaragua fue impulsada también por Antigua y Barbuda, Costa Rica, Chile, Ecuador, República Dominicana y Uruguay. Naciones entre las cuales se encuentran gobiernos derechistas afines a la estrategia injerencista de la Casa Blanca para la región.
«Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática», señala, entre otras cuestiones, el documento. Y a su vez reclama “la liberación de todos los candidatos y presos políticos”.
El 7 de noviembre último se celebraron las elecciones presidenciales en el país centroamericano, que culminaron con una nueva victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la reelección de Daniel Ortega que encabeza el Poder Ejecutivo desde 2007.
Según el Consejo Supremo Electoral (CSE) la participación fue del 65,3% y el actual mandatario recolectó casi el 75,9% de los votos. De esta forma alcanzó su cuarto mandato consecutivo.
Los comicios estuvieron marcados por la polémica ya que, a lo largo del año, varios líderes opositores fueron encarcelados. Las detenciones se llevaron a cabo por denuncias de lavado de dinero y activos, sobre todo por parte de la Fundación Chamorro encabezada por Cristiana Chamorro Barrios, que era candidata a la presidencia cuando fue arrestada.
En la causa también se la acusó de recibir financiamiento extranjero (algo prohibido por la ley nicaragüense) y si bien no forma parte de las acusaciones oficiales, la mayoría de los dirigentes opositores arrestados participaron del intento de golpe de Estado contra Ortega en 2018.
Efectivamente, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) financió a la fundación Chamorro y solo en el año 2016, entregó 31 millones de dólares a ONGs nicaragüenses para el programa “Desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil”, que incluía tanto la realización de foros como el asesoramiento para enfrentar a las fuerzas de seguridad.
Por este motivo, a priori se preveía que la mayoría de los organismos y países alineados con EE.UU. desconocerían el resultado.
Este giro de la Cancillería no cayó bien en varios sectores del oficialismo dado el contexto de ofensiva desestabilizadora que la Casa Blanca y la derecha regional están llevando contra los gobiernos de Bolivia, Perú y Cuba.
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