Colombia en vilo por la despenalización del aborto

La Corte Constitucional de Colombia tiene tiempo hasta este 16 de noviembre para tomar una decisión histórica: la despenalización total de la interrupción del embarazo. A través de una modificación del Código Penal, se busca eliminar el artículo 122, que dice que “la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses de prisión”. La misma sanción se aplica a quien “realice la conducta prevista” en la normativa.

En Colombia, desde el año 2006 el aborto está despenalizado por tres causales: por inviavilidad fetal, si el embarazo es producto de un abuso sexual, o si la continuidad del embarazo pone en riesgo la vida de la persona gestante. Según el Ministerio de Salud colombiano, “la interrupción voluntaria del embarazo por las tres causales” es un “derecho fundamental” de las personas gestantes “que debe ser garantizado por el Sistema de Seguridad Social en Salud”. 

El máximo tribunal debate esta iniciativa a partir de dos demandas que se presentaron para que se despenalice el aborto. De esta forma, deberán conseguir la mayoría de cinco votos por sobre los nueve magistrados para que se apruebe. Según las estimaciones, cuatro votos ya estarían garantizados: el movimiento feminista colombiano nunca estuvo tan cerca de alcanzar esta conquista.

Uno de los dos pedidos fue presentado por la organización Causa Justa, que busca darle vía libre a la interrupción voluntaria del embarazo en relación con los derechos a la vida digna, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

Según un estudio de este colectivo feminista, entre 2006, cuando se aprobó la despenalización parcial, y 2019, 346 mujeres han sido sancionadas por realizarse abortos. Una cuarta parte de ellas son menores de entre 14 y 17 años, y al menos el 42% fueron víctimas de violencia por motivos de género. Además, cerca del 90% de las personas gestantes colombianas aborta de manera clandestina.

“Lo más grave es que descubrimos es que el delito de aborto se condena más que la violencia”, dijo Ana Cristina González, pionera del movimiento que aglutina a 99 organizaciones feministas. La militante aseguró que la despenalización de la interrupción del embarazo “no obliga a nadie a abortar, pero a quienes sí lo harían les garantiza que sea de manera segura y con legitimidad, no sintiéndose unas criminales”.

Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia publicó un informe que revela que los partos en niñas menores de 14 años se incrementaron en un 22,2 % para el segundo trimestre de 2021 en tan solo un año. Hacia el año 2017, había 37 denuncias en contra de niñas menores de 14 años por aborto.

En ese sentido, Catalina Martínez Coral, directora del programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos que hace parte del movimiento Causa Justa y de la campaña “Son niñas, no madres”, señaló en un artículo que “la Corte Constitucional tiene una oportunidad inigualable para garantizar la igualdad de todas las niñas y adolescentes en Colombia”.

“La interrupción voluntaria del embarazo no puede seguir siendo un servicio accesible solo para aquellas víctimas de violencia sexual en entornos urbanos. Es momento de garantizar derechos para todas y para enfrentar la crisis de embarazos y maternidades forzadas en niñas que está viviendo Colombia”, concluyó. 

Cerca de 60 países de todo el mundo. Entre ellos, varios países latinoamericanos como México (que hace semanas dictaminó la inconstitucionalidad de la negación al acceso al aborto), Cuba, Uruguay y Argentina.