12 noviembre, 2021
Absolvieron a Gloria Colihueque Catriman, criminalizada por defender la tierra
La justicia de Chubut determinó que la mujer mapuche actuó en legítima defensa ante las agresiones que recibió por parte de dos empresarios que quisieron despojarla de su territorio.

El 26 de octubre de este año comenzó el juicio que tuvo a Gloria Colihueque Catriman y a Gregorio Cayulef sentados en el banquillo de los acusados. Ambos fueron juzgados en una causa donde se los acusó de amenazar con un arma de fuego a los empresarios Alejandro Samamé y Nahuel Sierra, quienes intentaron despojar a la Lof Colihueque Catriman de sus territorios de manera ilegítima.
Sin embargo, este viernes la jueza penal de Esquel Carina Estefanía resolvió la absolución de ambos imputados ya que, según la magistrada, “no hay un solo hecho que acredite la coautoría de Gloria en los hechos denunciados, ni amenaza agravada con uso de arma, ni privación ilegítima de la libertad”. Además, Estefanía destacó que los miembros de la comunidad “ejercían la tenencia (del territorio) fuera de toda duda”.
Y continuó: “Gloria decidió ejercer la legítima defensa por no recibir respuesta a sus denuncias, ante la falta de respuestas del Estado y la negativa a investigar sus denuncias. Son miembros del pueblo mapuche y no necesitan acreditarlo”.
Por otra parte, la jueza reconoció la falta perspectiva cultural y de género de la Justicia en el proceso, ya que desoyeron los pedidos de la Lof para que se resguarde su territorio y su integridad ante los ataques de los empresarios. “Queda un camino largo, ya hemos tenido amenazas últimamente en la comunidad y estoy pidiendo protección para mi mamá y para todos. Son gente de mucho poder”, dijo Gloria a la salida del Tribunal.
Los hechos por los que se los acusaba sucedieron en abril de 2020. Hace más de 22 años, Lucio Freeman acordó con Isabel Catriman (que hoy tiene 78 años) que su familia se asiente en las tierras fiscales para conservar el lugar con el desarrollo de actividad agrícola ganadera y de siembra.
Cuando Lucio falleció, su hijo Luciano Freeman se presentó con un escribano en la casa de Isabel para informarle que “había posibles compradores del lugar” y que deberían irse. En ese entonces, Luciano presentó un escrito que constataba que los miembros de la familia mapuche trabajaban en las tierras como peones, pero Isabel se negó a firmar el documento. De esta forma, el empresario buscaba comercializar el campo que tenía tenía permiso de ocupación, lo que impedía su venta.
A través de la resolución N° 03/2020 del IAC, Alejandro Samamé (miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Esquel e hijo del ex procurador judicial Eduardo Samamé) y Nahuel Serra (empresario del lugar) tomaron posesión de las tierras en las que la familia Colihueque Catriman vivía desde hacía décadas.
Desde la llegada de los empresarios a la laguna El Martillo en marzo del año pasado, la comunidad fue víctima de hostigamientos por parte de los privados y sus empleados, quienes instalaron una casilla muy cerca de su casa con el propósito de “vigilar” a la familia mapuche. En abril de 2020, Samamé y Serra entraron al campo en dos camionetas con al menos 6 personas más. Allí se generó un enfrentamiento con Gloria (hija de Isabel), quien estuvo criminalizada por el presunto delito de “amenaza agravada por el uso de arma”, mientras que a Gregorio Cayulef se lo acusaba de haber amedrentado a los empresarios con un cuchillo.
Luego de que se dictara la absolución, desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir indicaron: “Sabemos que la lucha sigue porque no se resguardan los territorios con papeles ni tribunales. Abrazamos a todes quienes acompañaron y se solidarizaron”.
A partir de la criminalización de Gloria y Gregorio, comunidades autoconvocadas realizaron una ocupación pacífica del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) y de la subsecretaría de Bosques de la Ciudad de Esquel, para señalarlos como cómplices de “un escenario represivo y de judicialización” contra la Lof Colihueque Catriman, y para exigir una reunión con el titular del IAC, Máximo Pérez Catán, para dialogar en persona sobre el despojo territorial sistemático del Pueblo Mapuche.
Para Moira Millán, referenta del Movimiento de Mujeres Indígenas, “quedó clara la articulación de los organismos con la Sociedad Rural. Y cómo el IAC habilitó esta situación de conflicto y tensión. Decidieron manejarse con la violencia y la impunidad. El dictamen de la jueza demostró que Gloria y Gregorio hicieron legítima autodefensa de su territorio, ya que eran ellos quienes padecían las amenazas”.
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