70 años de voto femenino

“Mujeres de mi Patria, recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago, en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria”, dijo Eva Perón a las personas que se habían concentrado frente a la Plaza de Mayo el 23 de septiembre de 1947.

Días antes, el 9 de septiembre, la Cámara de Diputados había aprobado la Ley 13.010, que habilitaba la participación femenina en los sufragios. El debate en torno a la nueva normativa fue maratónico, pero también postergado, lo que implicó que la iniciativa estuviera al borde de perder el estado parlamentario.

Como toda conquista feminista, la ley fue el resultado de la presión que ejercieron las mujeres organizadas en las calles. En 1907 la socialista Alicia Moreau de Justo creó el Comité Pro-Sufragio Femenino. En 1910, el año del centenario de la Revolución de Mayo, Buenos Aires fue sede del Primer Congreso Femenino Internacional. El primer proyecto de ley de voto femenino ingresó al Parlamento en el año 1911, sin éxito alguno, ya que fue cajoneado. 

Entre el 1900 y el 1910, mujeres socialistas y anarquistas fundaron una serie de agrupaciones en defensa de los derechos cívicos de la mujer, tales como la Unión y Labor para el Progreso Femenino y la Protección del Niño, la Asociación de Universitarias Argentinas, el Centro Feminista de Buenos Aires y la Liga de Mujeres Librepensadoras, entre otras.

Después de años de lucha, las mujeres pudieron acceder a las urnas el 11 de noviembre de 1951, cuando se celebraron las elecciones presidenciales que llevaron a la reelección de Juan Domingo Perón. Ese día votó el 90% del padrón femenino, compuesto por aproximadamente 3 millones y medio de mujeres. Para el año 1952, entre los 30 senadores nacionales, 6 eran mujeres, y las diputadas conformaban apenas el 15% de la cámara baja.

Después de los embates de los gobiernos de facto a leyes que reconocían los derechos de las mujeres -como, por ejemplo, la patria potestad, reestablecida en el año 1985- en 1991 se aprobó la Ley 24.012 de Cupo Femenino, que establecía que al menos el 30% de las listas de candidatos que presentaran los partidos en las elecciones debían estar ocupados por mujeres.

Décadas más tarde, en noviembre de 2017, la Argentina dio un paso más y sancionó la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. A través de esta iniciativa se modificó el artículo 60 bis del Código Electoral, que sostiene que “las listas de candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”. Estos requisitos paritarios también deben ser respetados en las elecciones internas de los partidos políticos.

70 años después de la primera jornada de voto femenino, nos encontramos a pocos días de las elecciones legislativas en nuestro paós. Con el pasar de los años, las mujeres incrementaron exponencialmente su participación pública en la política, logrando la consagración de figuras de alto peso. No obstante, el camino no fue fácil, y aún hoy esta conquista continúa siendo debatida. Todavía circulan discursos que intentan deslegitimar los cupos femeninos, entre otros derechos.

En la actualidad, sólo 28 de las 72 bancas en el Senado están ocupadas por mujeres  (38,9%), mientras que en Diputados son 109 de las 257 (42,4%). Esta brecha es todavía más grande en los espacios jerárquicos como las presidencias de los bloques en el Congreso, o mismo en los ministerios, de los cuales sólo 3 (de un total de 20) están a cargo de mujeres. Además, solo en 2 de las 24 provincias tienen gobernadoras.

La ley de voto femenino fue uno de los primeros pasos en el reconocimiento del rol de las mujeres en estos ámbitos. Sin embargo, todavía queda mucho por desandar, sobre todo en lo que refiere a la participación e inclusión de las personas LGBT+ en los espacios de discusión y ejercicio de la política.