Intoxicación masiva: la Justicia frenó las fumigaciones en los campos del Grupo Eurnekian

Durante los últimos días de octubre, cientos de familias de las localidades chaqueñas de Pampa del Indio y Presidencia Roca tuvieron que ser hospitalizadas, ya que sufrieron dolores de cabeza, mareos, vómitos y diarreas luego de que se realizaran fumigaciones aéreas en los campos del Grupo Eurnekian con una avioneta de la Cabaña Don Panos, de la empresa Unitec Agro.

A partir de la visibilidad que tomaron las fumigaciones masivas, el juez de Garantías subrogante de la ciudad de General San Martín (Chaco), Luis Eugenio Allende, dio lugar a una medida cautelar y determinó la suspensión de todo tipo de fumigaciones con agroquímicos “hasta tanto se verifique su realización conforme las normativas aplicables y con seguridad para el medio ambiente y la población en general”.

Según el magistrado, “mantenerse dichas fumigaciones con agrotóxicos no resulta razonable, tampoco estrictamente necesaria, ni proporcional, y tampoco se ajustan a los derechos constitucionales que rige en la materia”.

La medida comprende al Establecimiento Don Panos, Eduardo Eurnekián, Unitec Agro S.A., Unitec Bio S.A. y Marpfra S.A., y señala a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente del Chaco por presunta “violación al deber de cuidado y contralor”. La cartera realizó un informe en el que se constataba que las fumigaciones se llevaron a cabo con vientos a velocidad no permitida y sin receta agronómica.

La acción de amparo fue impulsada por el concejal del Frente de Todos de Presidencia Roca, Gustavo Latapié y de Facundo Silvestri, con el patrocinio del letrado Juan Alberto Sánchez. En el texto solicitaron que “cesen las fumigaciones/pulverizaciones aéreas, terrestres con biocidas que vienen realizando en la zona rural y/o suburbana de la ciudad de Presidencia Roca llamada Colonia San Francisco y sobre el pueblo de Presidencia Roca”.

La abogada Alejandra Gómez, de la Red Popular Ramón Carrillo, relató días atrás en diálogo con Tiempo Argentino que “en menos de 48 horas los cultivos se comenzaron a marchitar. Y se empezaron a notar los efectos sobre la salud: dolores de cabeza, mareos, vómitos, diarreas. En otros casos estos daños se advierten un poco más a largo plazo. El caso se conoce ahora por la repercusión que hubo ante la cantidad de personas afectadas en la salud y en sus chacras. Pero no es un hecho ni aislado ni nuevo”.

Según la antropóloga Malena Castilla, las personas afectadas “en gran parte es población rural dispersa, en zonas que bordean los campos de los empresarios sojeros que se establecieron sobre territorios indígenas ancestrales y de pequeños productores del Chaco”, tal como lo señaló al medio ANRed.

Los vecinos de la zona luchan contra las fumigaciones con agrotóxicos desde el año 2010,  cuando presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la ciudad de General San Martín. Dos años después, por intervención del defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, el por entonces fiscal José Sorabella dictó una medida cautelar precautoria. En ese entonces, el apoderado de la empresa Don Panos SA se comprometió a extender el área de no fumigación, pero meses más tarde retomaron la práctica.

Por otra parte, las fumigaciones realizadas por el Grupo Eurnekian también violan la Ley provincial de Biocidas Nº 2026-R, sancionada en el 2012, que reglamentó la aplicación aérea o terrestre, el transporte, almacenamiento y otras operaciones que implican el manejo de herbicidas y biocidas en las prácticas agropecuarias en ámbitos urbanos y rurales de Chaco. Allí se contempla que la aplicación de biocidas debe realizarse a 1500 metros (por vía aérea) y a 500 metros (por vía terrestre) de distancia con pobladores vecinos a los cultivos.

Entre 2013 y 2018, se realizaron fumigaciones esporádicas que violaron tanto la Ley de Biocidas como el compromiso que se había firmado con la justicia y la comunidad local. Sin embargo, a principios de 2019 se retomaron con mayor intensidad. Las poblaciones que viven cerca de la zona presentan enfermedades como cáncer, hipertensión, diabetes tipo 2, pérdidas de embarazos, obesidad, y hasta malformaciones genéticas.

“Atento a lo expuesto y al peligro en la demora, comprobada la verosimilitud del derecho que se pretende asegurar, a fin de evitar circunstancias que hagan difícil o frustren en definitiva la realización de la tutela jurisdiccional de los accionantes y de toda la ciudad de Presidencia Roca y sus colonias, estimo que resulta procedente la medida cautelar peticionada”, concluye el fallo del juez Allende.