Andalgalá: asambleístas denunciaron haber sido torturados mientras estaban detenidos

Integrantes de la asamblea El Algarrobo de Andalgalá, provincia de Catamarca, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la 2^da Circunscripción y ante la Fiscalía General de la ciudad capital sobre los hechos sucedidos durante la detención arbitraria de vecinos y vecinas que protestaban en defensa del agua.

En abril de este año, los asambleístas realizaron la marcha número 584 contra la megaminería contaminante. Días más tarde, la policía del gobernador Raúl Jalil ingresó con violencia en los domicilios de varios integrantes de la Asamblea, y al menos 8 personas permanecieron detenidas por 14 días de manera arbitraria. En ese contexto, aseguran que fueron víctimas de “actos de tortura” y de “tratos crueles e inhumanos”.

A través de un comunicado, la Asamblea recordó que “nuestro país adhirió al Acuerdo de Escazú (que entró en vigencia cuando nuestros vecinos se hallaban injustamente detenidos), y que entre otros puntos vinculados a la defensa del ambiente, garantiza la protección de los derechos humanos de los defensores ambientales”.

“Esperamos que las autoridades judiciales den respuesta a este reclamo, entendiendo que en un Estado de Derecho estas conductas no pueden tolerarse. Agradecemos el acompañamiento de la ciudadanía, movimientos sociales y políticos en este nuevo paso judicial”, añadieron.

Por último, reivindicaron “la inocencia de nuestras vecinas y vecinos” que permanecen judicializados, y exigieron “justicia para ellos y sus familias”. “Asimismo, reiteramos que la defensa de nuestros bienes comunes no es un delito: es obligación de cualquier pueblo que se precie digno”, concluyeron.

La movilización del 12 de abril fue una de las tantas marchas organizadas para exigir el fin proyecto MARA de la ex minera Agua Rica, que viola la ley de glaciares, ya que se establece en una zona periglaciar protegida por la norma. Este proyecto estará dirigido por tres empresas: Yamana, Glencore y Newmont. Desde hace once años que las Asamblea realiza marchas semanales en contra del extractivismo. 

La Ciudad de Andalgalá está ubicada en el valle sur de las Sierras de Aconquija, en la precordillera. Este cordón montañoso se encuentra cubierto de glaciares y ambiente periglaciar, y de él nace la cuenca del río Andalgalá que sustenta la vida en la zona. Sin embargo, sobre este ecosistema y a escasos 17 kilómetros de la plaza principal del pueblo, la empresa minera canadiense Yamana Gold, intenta explorar y explotar el yacimiento minero.

Según el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) hay capas de hielo a sólo 700 metros del asentamiento minero en Andalgalá. En marzo, el Ministerio de Ambiente confirmó la información a partir de una auditoría.  Un mes después, máquinas excavadoras subieron al cerro Aconquija. 

Actualmente, la etapa de exploración de la zona por parte de las empresas, que estiman lograr una producción anual de 533 millones de libras de cobre, 107.000 onzas de oro y «contribuciones” de molibdeno y plata en los primeros 10 años. Se estima que la vida útil de la mina será de 28 años.

En el año 2016, los asambleístas lograron que el Municipio de Andalgalá apruebe por unanimidad la ordenanza 029/2016 que prohibía la actividad minera, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había determinado que la misma representaba un daño para el ambiente y la sociedad, advirtiendo por posibles avalanchas, derrumbes, contaminación del agua y repercusiones en la salud, en relación a la Ley General del Ambiente. 

Sin embargo, en diciembre del 2020 la iniciativa fue derogada por un fallo de la Corte Suprema provincial, que la consideró inconstitucional. Días antes de que se declare la vigencia del Acuerdo de Escazú en nuestro país, comenzó el período de exploración.