8 noviembre, 2021
Otro jaque para el sector cultural
La jueza María Servini obstaculizó la entrega de dos medidas sociales -un bono para artistas y un crédito para el acceso a eventos culturales para jóvenes- a raíz de dos amparos presentados por funcionarios de Cambiemos en el plazo de dos semanas. Poco margen de acción tienen les trabajadores culturales cuando quienes deciden sobre su vida son les de arriba.
Semanas atrás, la jueza Servini frenó la entrega del bono del Programa Más Cultura Joven hasta el fin de las elecciones legislativas que tendrán lugar el 14 de noviembre. Días más tarde, también suspendió la quinta cuota del programa de Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria: un bono mensual de $15.000 para artistas y trabajadores de la cultura por el Ministerio de Cultura de la Nación.
Diseñado por esta cartera en articulación con el Banco de la Nación Argentina y la Anses, el Programa Más Cultura está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años titulares de la Asignación Universal por Embarazo, la Asignación Universal por Hijo y de Pensiones no Contributivas por Invalidez, además de personas fuera de la mencionada franja etaria pero que se formen parte del colectivo trans o de pueblos originarios, posean una discapacidad o sean refugiadas, entre otras.
El crédito de $5000 tiene como fin el acceso a teatros, cines, eventos musicales, compra de libros y talleres para el sector joven, teniendo en cuenta la vulneración que sufrió la industria cultural luego de un año marcado por la paralización de actividades y el cierre de muchos espacios culturales.
Asimismo, y con base en la última Encuesta Nacional de Consumos Culturales elaborados por el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA), de los jóvenes de entre 18 a 24 años de nivel socioeconómico bajo durante el último año, el 60% no leyó un libro, el 60% no asistió al cine y el 90% no asistió al teatro ni al museo.
A pesar de esto, el abogado Alejandro Carlos Gomez presentó un amparo argumentando que la entrega de fondos es “un acto de proselitismo político inadmisible por las mismas normas del Código Electoral, ya que la libertad para emitir el voto debe ser el bien jurídico protegido”. La exministra de Seguridad de la gestión de Cambiemos, Patricia Bullrich, celebró la resolución de la justicia a través de sus redes sociales, alegando que constituye “un logro de las presentaciones ciudadanas y del Comité de Control Electoral de JxC”.
Por su parte, el programa de Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria tiene como objetivo la reactivación del sector en lo que resta del año, en pos de potenciar el trabajo y la producción cultural. Quien inició la causa judicial fue Santiago Alberdi, otro apoderado de Cambiemos, quien objetó que la medida “contiene una notable intencionalidad política enderezada a captar el voto, violando el principio de igualdad del proceso electoral”.
Sucesos de esta índole no son novedosos. En octubre de 2019, la misma jueza Servini ordenó la anulación del pago de un subsidio de $5.000 para desocupados previos a las elecciones del 27 de octubre, en un último intento de Cambiemos. La medida fue propuesta por Daniel Sica en un intento de revertir los resultados de las elecciones que, de todas formas, perdieron.
Tres años después, los funcionarios de Cambiemos obstaculizan las medidas de ayuda social con el mismo pretexto que usaron contra ellos mismos. Mientras tanto, la Asociación Argentina de Actores recibe oídos sordos. A través de un comunicado, manifestaron su postura afirmando que “este tipo de resoluciones nos dejan sin asistencia, empujándonos al hambre”, al mismo tiempo que reclaman por “la restitución y el pago inmediato de la cuota de Cultura solidaria”.
Lo que poco comprende en su lógica neoliberal el bloque de Cambiemos es el valor económico que posee la industria cultural a nivel nacional, la cual genera millones de puestos de trabajo y caracteriza a la Argentina como un importante foro artístico para el resto del globo.
Salir del discurso de la inyección de capital al sector cultural como otra forma de mantención social vía planes públicos es fundamental para la construcción de una fuerte cultura identitaria y nacional. La actividad de les trabajadores culturales como trabajadores de la soberanía debe ser un concepto a imponer en el inconsciente social, comprendiendo de una vez por todas que nuestra labor también es esencial.
De más está aclarar que esencial es también el acceso a esa misma producción cultural, sin decir que constituye un derecho popular. Con mayor razón en les más jóvenes, el consumo de bienes culturales es central para su educación cívica y emocional y debe ser garantizado por el Estado para que ese mismo acceso sea de carácter amplio, equitativo y democrático.
A quienes pretenden atacar a la mayorías trabajadoras con juegos de mesa judiciales, descuiden: para lograr trucar las próximas elecciones es necesario que nos obliguen a olvidar la desidia estatal, medidas opresivas y clausura masiva de espacios que sufrió el sector cultural en la gestión de Mauricio Macri; y nuestra memoria es inquebrantable.
*Integrante BARDO – Colectivo Contracultural
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