8 noviembre, 2021
Confesión de parte: Macri admitió la fuga de los dólares del FMI
«La usamos para pagar a los bancos comerciales» dijo el ex mandatario a la cadena estadounidense CNN. Además pidió alinearse con las recetas de ajuste del fondo La querella criminal anunciada por el gobierno a principios de año duerme en un cajón y la necesidad de investigar una deuda cuyo destino fue financiar la fuga de unos pocos.

Un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de marzo de este año reveló que entre 2015 y 2019 la deuda externa tuvo como principal correlato la formación de activos en el exterior, nombre técnico de la fuga de capitales, superando los 86 mil millones de dólares.
En una reciente entrevista con Marcelo Longobardi en la cadena CNN que responde al Departamento de Estado norteamericano, el expresidente Mauricio Macri reveló qué uso le dio al préstamo récord otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s44.000 millones. “La plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo”, aseguró.
El préstamo que el FMI le otorgó al gobierno de Cambiemos en mayo del 2018 fue el más grande de la historia del organismo. De esta manera, la Argentina entró en su tercer ciclo de endeudamiento. Para mediados de agosto de 2019, la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó el 100,4%.
El dinero, en vez de invertirse en ampliar la capacidad exportadora y productiva del país, se perdió en la fuga de divisas para los bancos y sectores del poder económico concentrado.
Con estas declaraciones Macri desmiente a su ex Ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien aseguró que el préstamo se utilizó «para pagar deudas anteriores». En el 2019, el mismo Macri cuando fue consultado sobre el uso del dinero del FMI, señaló que “la plata del FMI fue para pagar las deudas que dejaron ellos (el Kirchnerismo)”.
También, Macri dijo que el exmandatario estadounidense, Donald Trump, «se portó muy bien» y «colaboró muchísimo» con su Gobierno, entre otras cosas por el apoyo al crédito del FMI solicitado por el Gobierno argentino en 2018.
Estados Unidos es el socio mayoritario del FMI, es decir, es el país con mayor poder de decisión en este organismo multilateral de crédito que básicamente responde a sus intereses. En este sentido, en vez de bloquear un préstamo que iba en contra de los estatutos de los propios estatutos del organismo decidió que de todas formas se le otorgue el préstamo a Macri para apoyarlo en su reelección y evitar un triunfo del kirchnerismo, a sabiendas que ese dinero se iba a ir en la fuga de capitales.
Incluso en 2020 el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, reconoció que en sus días de director del FMI en representación de la administración de Donald Trump, impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección.
Como admitió el ex asesor de Trump, Estados Unidos debía apoyar al gobierno de Cambiemos para tener además su voto permanente frente a Venezuela y evitar que la crisis económica facilitara el regreso del peronismo.
El estatuto del FMI establece: «ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital» (Artículo VI, Sección 1 del Convenio Constitutivo del FMI).
A su vez , sobre la negociación vigente para alcanzar un acuerdo,el ex presidente dijo: «El FMI pide un plan; si hay un plan, esto se refinancia. No están para ganar plata, sino para que a Argentina le vaya bien. Necesitan que todos los países del mundo se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta».
En la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación de este año, Alberto Fernández pidió iniciar «una querella criminal para investigar la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales públicos de la historia” contra los responsables del megaendeudamiento.
Sin embargo, la iniciativa quedó archivada en los cajones de la Procuración General del Tesoro, un ámbito de la vicepresidenta Cristina Fernández.
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