La dureza del FMI y un difícil panorama para el acuerdo que pretende el gobierno

Este lunes el Gobierno nacional pagó 390 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses de deuda y en el transcurso del año se habrán pagado 5.075 millones de dólares al organismo de capitales y de intereses de la ruinosa y fraudulenta deuda que dejó Mauricio Macri en sus 4 años de gobierno.

Este pago sucedió mientras Alberto Fernández y la comitiva argentina se encontraban en Europa para asistir a la cumbre climática y a la reunión del G20. En esta última el gobierno se anotó como un triunfo propio que el documento final del encuentro de las economías más ricas del mundo incluyera el pedido de que el Fondo elimine las sobretasas de intereses para países hiperendeudados que podrían ahorrarle al país alrededor de U$S 1.000 millones en 2022.

Luego de este aval, Gerry Rice, el vocero del organismo, adelantó que el FMI está dispuesto a revisar su política de sobretasas de interés, algo que viene reclamando la Argentina desde marzo. Rice sostuvo que no tiene una fecha fijada para esta revisión, pero calculó que será «a fin de año».

«Se espera que el tema de la política de sobrecargos sea tratado en el marco de una discusión más amplia relativa a las políticas precautorias de la revisión interna. Lo que puedo decir es que se espera que esa revisión se lleve a cabo al final del año, pero no tengo una fecha específica», sostuvo Rice ante la consulta de Ámbito Financiero.

Cabe recordar que Argentina debe asumir cerca de 7.000 millones de dólares en diez años de intereses del desembolso récord que dió el organismo a Macri contra sus propios estatutos. Un monto que terminó yéndose mayoritariamente en la fuga de capitales.

Esta deuda heredada tiene vencimientos por 17.800 millones de dólares en 2022, US $18.800 millones en 2023 y US $5.000 millones en 2024, según revelaron fuentes oficiales. 

Debilitado luego de la derrota en las PASO legislativas y con fuertes internas que estallaron en el Frente de Todos, el gobierno se encuentra en esta carrera contrarreloj para acordar con el FMI en una delgada línea entre la voluntad de pago y las consecuencias políticas y sociales de aceptar los condicionamientos y ajustes del organismo. 

De hecho, el ajuste fiscal realizado en el primer semestre de este año es una variable no menor a la hora de explicar la derrota electoral de septiembre como expresó la misma Cristina Fernández en la carta postpaso. Los indicadores socioeconómicos son bastante elocuentes al respecto.

Resta saber qué pasará luego de los resultados del 14 de noviembre próximo y qué plan económico asumirá el gobierno, algo que no está claro por el momento. 

Las exigencias de siempre 

No obstante, las señales del FMI y Estados Unidos, su socio mayoritario y más poderoso en el directorio que toma las decisiones en el organismo, no son alentadoras. Además de la falta de respeto del futuro embajador norteamericano para Argentina, Marc Stanley, que días atrás calificó al país de «lindo bus turístico al que no le andan las ruedas», el organismo sigue firme en sus exigencias de ajuste fiscal para el 2022 con un plan económico que incluya flexibilización laboral y pareciera que no va a dar el brazo a torcer. Las recetas que siempre exigió el organismo para asegurarse los pagos.

La sola mención de un posible perdón de los 1.890 millones de dólares a pagar en diciembre y en marzo por parte del ministro Guzmán tuvo que ser rápidamente desmentida por el malestar que causó en Washington.

Recientemente, el argentino Alejandro Werner, ex director del Fondos para el Hemisferio Occidental, dijo: «Argentina no va a pagarle al Fondo, Argentina no va a llevar adelante buenas políticas macro, micro o institucionales. Lo mejor con un programa con el FMI serán cuatro meses en los que aprueben una revisión y eso es prácticamente todo. Volveremos a los atrasos en los pagos, o cuasi-atrasos».

Estás declaraciones las realizó en el marco de un panel del think tank Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF  por sus siglas en inglés) titulado «Futuro económico de América Latina» moderado por el ex representante ante el FMI de los Estados Unidos, Mark Sobel.

En caso de que el FMI siga intransigente en su postura, según reveló el periodista Alejandro Bercovich en BAE Negocios, desde el gobierno no se descarta la idea de entrar en “arrears” (atrasos), algo que ya sucedió en el gobierno de Néstor Kirchner, para evitar el ajuste y acumular reservas.

Una querella cajoneada

El préstamo que el FMI le otorgó al gobierno de Cambiemos en mayo del 2018 fue el más grande de la historia: 50 mil millones de dólares. Tres meses más tarde, la deuda aumentó a 57 mil millones de dólares. De esta manera, la Argentina entró en su tercer ciclo de endeudamiento. Para mediados de agosto de 2019, la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó el 100,4%. El dinero, en vez de invertirse en ampliar la capacidad exportadora y productiva del país, se perdió en la fuga de divisas.

En la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación de este año, Alberto Fernández pidió iniciar «una querella criminal para investigar la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales públicos de la historia” contra los responsables del megaendeudamiento.

Sin embargo, la iniciativa quedó archivada en los cajones de la Procuración General del Tesoro, un ámbito de la vicepresidenta Cristina Fernández.

Jurisprudencia: el caso Olmos

El 13 de julio del 2000, el juez federal Jorge Ballestero dictó un fallo que determinó que gran parte de la deuda contraída durante la última dictadura cívico-militar era ilegal. Luego de 18 años de investigaciones y pericias, el magistrado firmó la sentencia de la causa “Olmos Alejandro s/ Denuncia”, impulsada por el periodista y político Alejandro Olmos. La decisión se basó en la devaluación progresiva del peso que se desarrolló en aquel entonces; la apertura económica y la desindustrialización; y el desmantelamiento estatal y la represión de la resistencia.

El fallo comprometió a las principales figuras políticas que gobernaron nuestro país en aquel momento. Entre ellos, al ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, a su mano derecha Guillermo Walter Klein hijo, quien tuvo a cargo la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, y a los distintos presidentes del Banco Central, incluso Domingo Cavallo.

Los beneficiarios económicos de la contracción de esa deuda fueron algunos grupos económicos ligados a los centros financieros internacionales, como Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint (Rocca), Soldati, Pescarmona, que contrajeron la deuda privada que más tarde sería estatizada con seguros de cambio. 

Con este caso, se podría haber mantenido las expectativas de que la contracción irregular de la deuda externa durante el gobierno de Cambiemos llegará a la justicia y de esta forma obtener consenso social para el difícil panorama que se viene. 

Pero la correlación de fuerzas existente dentro de la colación de gobierno prioriza el pago al FMI con desastrozas consecuencias políticas y sociales que estàn a la vista. Ahora se busca cerrar un acuerdo con un organismo endurecido pero sobre la base de evitar más ajustes y condicionamientos al rumbo económico del país. Difícil panorama.