Mendoza: máximo estado de alerta en defensa del agua

Como en el año 2019, miles de personas salieron a las calles de Mendoza ante un nuevo avance contra la Ley 7.722, protectora de los recursos hídricos. Días atrás, la Corte Suprema de la Nación dio lugar a una apelación de la minera San Jorge y declaró la inconstitucionalidad del primer artículo de la normativa, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas, argumentando una presunta “indeterminación”.

El texto especifica que “a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico”, se prohíbe “el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos”. 

La decisión de la Corte se basa en la presunta falta de especificación del término “y otras sustancias tóxicas”. Según la Asamblea Maipucina Por el Agua, esta medida del Máximo Tribunal “podría habilitar en Mendoza el desarrollo de la megaminería con el uso de otras sustancias no mencionadas explícitamente, como el xantato”.

“No toleramos que contaminen el agua ni con cianuro, ni con mercurio, ni con ácido sulfúrico, ni con ninguna otra sustancia tóxica similar en contextos de crisis hídrica y de cambio climático, reconocidos incluso por los mismos organismos estatales. En esto no hay indeterminación. Hay una posición concreta. Hay una afirmación. Una realidad. ¡El artículo es legítimo, es nuestro! No hay dudas”, continuaron desde la asamblea.

Ante la declaración de máximo estado de alerta en defensa de la ley histórica de protección ambiental, sindicatos, organizaciones sociales y políticas y asambleas comunitarias se movilizaron el último miércoles como principio de un plan de lucha.

Esta no es la primera arremetida contra la Ley 7.722. En 2019, el gobierno del radical Rodolfo Suárez sancionó -con el apoyo del Partido Justicialista mendocino- la Ley 9.209 en reemplazo de la normativa “guardiana del agua”, suspendiendo la prohibición del uso de sustancias y químicos tóxicos en el desarrollo minero. 

Sin embargo, gracias a la presión de la organización popular, el gobernador tuvo que levantar la iniciativa y declarar nuevamente la vigencia de la Ley 7.722. Las asambleas mantuvieron jornadas de lucha multitudinarias que duraron semanas. 

“El fallo por una parte vacía el contenido de la ley y no tiene en cuenta que la Ley de Residuos Peligrosos incluye en sus anexos el xantato. Desde el punto de vista del derecho ambiental tienen que ser progresivos los avances de la ley, jamás regresivos. Y esto es una regresión. Habilita lo que viene intentando San Jorge en Uspallata: ellos dicen que van a usar xantato, como si no fuera contaminante”, dijo Nora Moyano, miembro de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, a Tiempo Argentino.