La declaración negacionista del Gobierno argentino y el agronegocio para el COP26

Días atrás, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, firmó junto al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Sociedad Rural, Coninagro y otras entidades patronales del agro, un documento para ser presentado ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que se está teniendo lugar en Glasgow, Escocia.

En el texto se asegura que «lejos de ser el problema, la agrobioindustria es parte de la solución a los desafíos de sostenibilidad que nos presenta hoy la agenda internacional.»  Y añade: «Nuestra ganadería extensiva es altamente segura en términos sanitarios, eficiente en materia de bienestar animal y en términos ambientales. Existe evidencia científica que demuestra que la captura y secuestro de carbono de nuestro sistema productivo de naturaleza extensivo-pastoril, compensa largamente las emisiones».

Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero realizado en 2019, el 37% de las emisiones provienen de la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, el 53% de la energía, el 6% de los procesos industriales y un 4% del manejo de residuos.

A su vez, de acuerdo a una investigación publicada en la revista Nature y que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) difundió, “el metano (CH4) representa alrededor del 35 % de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los sistemas alimentarios, en general tanto en los países desarrollados como en desarrollo, de las cuales la mayoría proviene de la cría de ganado y el cultivo de arroz”. 

El gas metano es uno de los principales gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. En 2020 las concentraciones de éste en la atmósfera aumentaron un 262 %, según informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La Economía Verde insostenible, un lavado de cara

El actual sistema agroindustrial basado en el agronegocio es uno de los responsables de la crisis socio ecológica y sistémica que padecemos. Además de la emisión de gases, el avance de la frontera agroextractiva, el cambio en el uso de los suelos y la deforestación que contribuyen a la crisis climática, el modelo actual atenta contra la seguridad alimentaria y destruye la biodiversidad causando virus de origen zoonótico como el Covid-19. 

Es desde este mismo modelo dominante y hegemónico que se propone desde el norte global y el gran capital una transformación tecnológica para hacer frente a la crisis socio ecológica. Según está perspectiva, la crisis es un problema de regulación y tecnología donde es necesario cambiar el actual régimen energético fósil por uno basado en energías renovables que no emitan gases de efecto invernadero. 

El sur global sosteniendo la transición verde del norte global: ahora el hidrógeno verde

La idea detrás de estás propuestas es dirigir inversiones de capital hacia estos sectores de energía limpia para lograr una economía verde que no es más que una modernización ecológica del capitalismo. 

En este sentido es que va el reciente anuncio del Gobierno nacional realizado desde Glasgow sobre la «mayor inversión en energía verde» de las últimas décadas que realizará en Rio Negro la empresa australiana Fortescue para producir hidrógeno verde.

Llamado así porque proviene de la energía eólica, este elemento es clave para descarbonizar el transporte pesado y de larga distancia como también a las industrias que consumen grandes cantidades de energía fósil.

El hidrógeno verde se plantea como la gran solución para lograr la descarbonización, pero no se considera los impactos socioambientales que generará o agravará por su extracción. Como el litio, el nuevo «oro blanco» para la economia verde capitalista, este elemento químico no se encuentra aislado en la naturaleza, por lo hay que producirlo mediante electrolisis lo que supone el uso de una gran cantidad de electricidad y de agua.

Las pasivos ambientales de los extractivismos hace décadas que se conocen en latinoamérica: degradación de ecosistemas, contaminacíon de los ríos, acaparamiento de tierras, desalojos y destruccion de comunidades, violencia y militarización de territorios. Todo en nombre del desarrollo, tanto desde gobiernos conservadores como progresistas y populares, un desarrollo que convierte a la región en zona de sacrificio y a la vez renueva un neodependentismo.

Por esto, estos programas de economía verde del norte global y a los cuales suscriben de forma subordinada y acrítica los gobiernos del sur global, son un «cambiar para que nada cambie» que evita poner en discusión las verdaderas causas de esta crisis: el actual modelo de desarrollo dominante que se basa en la idea de un crecimiento económico infinito en un planeta finito cuya capacidad de regeneración ya se encuentra superada por la huella ecológica que deja la actividad humana.

Lejos de una transformación emancipatoria

La crisis socio ecológica es una crisis de la relación entre las sociedades y la naturaleza y es también una crisis de la epistemología dominante, de las formas de apropiación, dominación y control de la naturaleza y de los patrones de producción, consumo y reproducción impuestos por la modernidad capitalista colonial.

Las respuestas dominantes a esta crisis ignoran sus causas estructurales y sociales y buscan soluciones postpoliticas, de arriba hacia abajo, cuando es necesario democratizar el control de los recursos naturales y de la toma de decisiones para encontrar alternativas sistémicas ya que todos y todas somos los afectados, sobretodo los más pobres. Algo que no se va a discutir en el gobierno argentino, menos de la mano del lobby del agronegocio contaminante, y mucho menos va a ocurrir en la cumbre de Glasgow.