Media sanción para la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena

Con 43 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones, la Cámara de Senadores dio media sanción a la prórroga hasta noviembre del 2025 de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que pasará a ser tratada en Diputados. La normativa, aprobada en el año 2006, está a menos de un mes de perder la vigencia.

En concreto, la iniciativa propone la extensión de los artículos 1, 2 y 3 de la ley, que declaran la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras. Hasta el momento, todavía quedan cerca de 1.700 tierras por relevar.

Todos los parlamentarios que se abstuvieron o que votaron en contra de la iniciativa responden al espacio político de Cambiemos: Humberto Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, Pamela Verasay, Oscar Castillo, Roberto Basualdo, Juan Carlos Romero, Alejandra Vucasovich, Ernesto Martínez y Julio Martínez.

En sintonía con los discursos racistas, criminalizadores y antimapuche que circularon durante las últimas semanas a partir de los conflictos territoriales en Río Negro, muchos de los argumentos en contra de la prórroga circularon en torno a los catalogados “grupos terroristas y subersivos”, sobre todo por parte del bloque de Cambiemos.

“No se puede dejar esta ley así como está porque se le da a la RAM la posibilidad de tener la excusa de toma de tierra y que no se los pueda sacar”, intervino el senador opositor Ernesto Martínez, que añadió: “Si se pudiera excluir de la norma a Río Negro y Chubut, se podría votar favorablemente, pero esto no es posible y frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un desafío institucional”.

A su turno, la senadora Machado sentenció: “Están permitiendo que se produzcan usurpaciones, toma de propiedades y la Justicia no va a poder actuar. Con esta norma impiden que la justicia pueda intervenir en estas nuevas comunidades que aparecen ahora y se hacen de pueblos originarios, si no lo cambian, me voy a abstener porque en el sur hay mucha gente que la está pasando muy mal y si continúa así van a perder sus bienes”.

Un sector del mismo oficialismo llamó a “no confundir las cosas”. “Hay gente que está oprimida y en la pobreza, no podemos seguir indefinidamente (con las prórrogas) pero no podemos echarle la culpa a toda la comunidad aborigen lo que hace un grupo de delincuentes”, dijo el presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans. 

“Otorgamos esta herramienta para completar los relevamientos técnicos”, sostuvo, por otra parte, la senadora oficialista por Salta Nora Giménez, que al mismo tiempo abogó a favor de que “la próxima discusión sea el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar la entrega definitiva de la tierra”. “Será un acto de profunda justicia social”, apuntó.

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, remarcó en diálogo con El Cordillerano que esta ley “debe ser interpretada como una verdadera herramienta de paz social, que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas, y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas”.

Y continuó: “La normativa también ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas, y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública”.

En ese sentido, la funcionaria agregó que “el INAI tiene las puertas abiertas y los equipos técnicos disponibles para todos los diputados nacionales que necesiten información para abordar la temática con la mayor cantidad de datos posibles en función de sancionar esta iniciativa tan trascendente”.