Los discursos de odio y la violencia neoextractivista

Nicolás Castelli y Florencia Trentini

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¿A qué se debe hoy en Argentina el rebrote de los discursos de odio que estigmatizan y criminalizan al pueblo mapuche como se pudo ver en estos días en la provincia de Río Negro y en el reciente «informe» de Jorge Lanata emitido en el canal del Grupo Clarín que calificó a los mapuches como «los nuevos terroristas»? ¿Qué se busca legitimar con estas violencias simbólicas?

Sobre las motivaciones de estos discurso de «odio, racismo y discriminación», Orlando Carriqueo, coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, dijo en diálogo con AM750: «Hay muchos intereses inmobiliarios detrás de esta situación. Hay una sociedad entre el gobierno provincial de Juntos somos Río Negro y el PRO. Existió también antes, con la relación entre el ex gobernador Weretilneck y el gobierno de Mauricio Macri, que modificaron la Ley de tierras rurales y tierras de fronteras en 2016 permitiendo venderle tierras a empresas que tienen muchos intereses en la zona y los extranjeros que hace años se asentaron como Lewis, Benetton».

Cabe recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri con el decreto 820/16 se modificó el Régimen de Tierras Rurales para facilitar su transacción a extranjeros y se eliminaron los artículos de la normativa que fijaban en mil hectáreas el límite que un extranjero podría poseer en el país. 

Sin embargo, lo que el dirigente mapuche deja entrever al hablar de «intereses inmobiliarios» detrás de los discursos racistas, constituye la respuesta al interrogante planteado: es el problema de los modelos extractivistas exportadores que estructuran los regímenes de acumulación de capital en Argentina y en toda Latinoamérica los que explican la violencia simbólica y física ejercida desde México hasta Tierra del Fuego hacia comunidades originarias, campesinos y luchadores socioambientales.

Una violencia que en realidad se dirige hacia todo tipo de resistencias a los avances de la frontera extractiva, a la concentración de la tierra en pocas manos y a los modelos societales que aumentan las desigualdades. Una violencia de larga data en Latinoamérica que hunde sus raíces en la época de la conquista y la colonia. La historia del continente también es una historia de extractivismos.

El pensamiento único neoextractivista latinoamericano

Hablar de extractivismos quiere decir hablar de un modo de apropiación de los recursos naturales en grandes cantidades y extensiones territoriales que en su mayoría son destinados a la exportación con escaso valor agregado o nulo procesamiento industrial, y que dejan en los territorios afectados graves consecuencias socioambientales.

En América Latina se trata de un modelo de desarrollo socioterritorial que, parafraseando a Mark Fisher, devino en una suerte de «Realismo extractivista» para el cual pareciera no haber otra alternativa posible que un crecimiento sobre la base de un paradigma productivista insostenible en el tiempo. Pero que a la vez ignora las causas estructurales y sociales de la crisis socio ecológica y civilizatoria que padecemos y agudiza los dos problemas socioambientales principales de este tiempo: la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

Un modelo de desarrollo que de seguirse y profundizarse, como viene sucediendo, terminará abonando a una economía verde capitalista. Es decir, a un «cambiar para que nada cambie», reproduciendo el rol subordinado y dependiente de América Latina en el actual Green New Deal que propone el norte global como salida a esta crisis. 

Además de convertir a la región en depositaria de los costos ambientales de la megaminería a cielo abierto con la cual se extraen los minerales para la descarbonización de las economías del primer mundo, como ocurre actualmente en Argentina con los salares jujeños ricos en litio.

De boom de los commodities al aumento de la violencia 

En Latinoamérica, las primeras décadas del siglo XXI trajeron consigo un boom de los commodities con el alza internacional del precio de las materias primas que tuvo su correlato en un boom de los neoextractivismos. 

Para citar un ejemplo, según datos de la ONG Oxfam, entre 2000 y 2014 en toda la región las plantaciones de soja se elevaron a 29 millones de hectáreas, una superficie equivalente a Ecuador.

Este contexto favorable produjo en el continente un crecimiento económico, tanto en los gobiernos progresistas como en los conservadores, surgidos post Consenso de Washington. En los casos de los gobiernos de izquierda o centroizquierda el excedente exportable se transfirió en políticas de redistribución de los ingresos a través de una inclusión social vía consumo de grandes masas de la población que redujo la desigualdad, pero que duró mientras el capital no vió afectada su tasa de ganancia. 

También este boom reforzó una suerte de teología extractivista según la cual el tan ansiado y nunca logrado desarrollo de la región será posible a través de las «ventajas comparativas» de nuestro continente rico en recursos naturales. 

El resultado de este paradigma de desarrollo es lo que actualmente padecemos: una profundización de la dependencia estructural de las economías y del rol histórico de la región como exportadora de materias primas sin valor agregado, destinadas principalmente a China en esta etapa. Y con ello también las consecuencias socioambientales de los extractivismos que extraen los recursos naturales exportables.

Esto se debe a que una vez terminado el superciclo de los commodities y la llamada década progresista latinoamericana, el modelo extractivo exportador se intensificó y con ello la violencia estatal y paraestatal, el despojo, la pérdida de biodiversidad, la militarización y repatriarcalización de los territorios y el aumento de las desigualdades sociales. 

Para ejemplificar esto último, según la CEPAL, el 25% de la población más rica del continente concentra más del 50% de los ingresos de la región. A esta distribución desigual de los ingresos se le suma un aumento de la concentración de la tierra: el 1% controla más del 50% de las tierras cultivables. En resumen, aumenta la riqueza, a la vez la pobreza y la brecha se amplía cada vez más.

Las promesas de profundas transformaciones sociales de los progresismos realmente existentes cedieron su lugar a un utópico pragmatismo de centro que eliminó del horizonte cualquier posibilidad de cambios radicales y estructurales para superar la crisis de los patrones civilizatorios de la modernidad capitalista.

Una crisis que a su vez se agravó con la pandemia. Precisamente, el Covid-19  tiene sus causas en la expansión de la frontera extractiva, en el modelo agroalimentario hegemónico, en la acelerada urbanización e incremento de la deforestación, todos factores que impactan en la seguridad alimentaria y  en la destrucción de los hábitats y espacios de retiro de los animales salvajes, generando así nuevos virus de origen animal y letales para los humanos.

La violencia como precondición necesaria del modelo neoextractivista

En 2016, el 60% de los 200 asesinatos de luchadores antiextractivistas sucedieron en Latinoamérica. En 2017 la cifra volvió a repetirse. Ese año, en Argentina, con el macrismo en el gobierno fueron emblemáticos los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por fuerzas represivas estatales en conflictos mapuches ocurridos en la Patagonia.

En aquel momento escuchábamos de la boca de Patricia Bullrich lo mismo que hoy repite el ministro del oficialismo Sergio Berni: son terroristas, y como ponen en riesgo la seguridad del Estado y la paz social todo está permitido. 

Mientras tanto, los medios de comunicación hegemónicos no paran de repetir el mantra de la “violencia mapuche” como explicación de lo que sucede en Patagonia negando la profunda desigualdad, los años de exclusión y marginación, el avance del extractivismo turístico e inmobiliario, que en muchos casos llega después de incendios de los que son culpados los propios mapuches que posteriormente son desalojados de los territorios en los que avanza el capital.

Los discursos de odio que legitiman la violencia racista no son nuevos en el continente latinoamericano. Sus orígenes se remontan a la época colonial pero permanecen en nuestro presente como parte de lógicas y mecanismos que persisten aunque el colonialismo ya no exista de la misma forma que hace cinco siglos. Es lo que Aníbal Quijano denomina «colonialidad del poder» y que se vale del racismo para legitimar relaciones de dominación.

Para que el modelo extractivista avance, los territorios tienen que estar vacíos u ocupados por gente visible en tanto «terrorista» o «peligrosa». Los territorios para el extractivismo fueron históricamente producidos. Así, Julio Argentino Roca pudo avanzar sobre el “desierto” poblado de indígenas porque el evolucionismo del siglo XIX -que hoy el ex senador Pichetto o Javier Milei vuelven a levantar- justificaba la matanza de aquellos que no eran tan “humanos”, ni tan “civilizados”.

Es importante saber que lo que se escucha y lee en los medios de comunicación hegemónicos es esa base de justificación para la violencia y el exterminio. Porque hay diferencias entre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, y la construcción del racismo a través de los medios. Ese mismo racismo fue el que avaló la “Conquista del desierto”, solo que en ese entonces se usaba otro calificativo para referirse al mismo pueblo: antes salvajes y hoy terroristas.