Imputaron al directorio de Vicentín por estafas y defraudación

Este martes, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, confirmó la imputación contra trece exdirectivos de la empresa agroexportadora Vicentín y su actual presidente, Omar Scarel, por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa.

Los 14 miembros del directorio también fueron imputados por el delito de estafas en carácter de coautor contra las acopiadoras de quienes recibieron granos hasta el momento de declararse en estrés financiero y posterior cesación de pagos. 

Moreno adelantó que pedirá la prisión preventiva para algunos de los directivos durante la audiencia que se realizará el próximo jueves, y dijo: “Si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años”.

La causa fue iniciada a través de una denuncia de bancos extranjeros, Banco Macro y acreedores comerciales de peso (entre ellos, la corredora del vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario), quienes aseguraron que fueron estafados por la empresa que intentó expropiar el gobierno durante la etapa previa a la declaración de “estrés financiero” por un monto aproximado a los 600 millones de dólares.

En el banquillo de los acusados se encuentran Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.

“La causa demostró que hay 1714 acreedores, entre ellos pequeños productores, comercios que le compraron el crédito a pequeños productores y empresas con años de historia en el país. Una única empresa logró demostrar que le deben 64 millones de dólares: Grupo Grassi, que tiene 130 años en la provincia”, dijo Gustavo Feldman, el abogado de la parte denunciante, a El Destape. A través de una auditoría se demostró que el desplome de la empresa no fue tan súbito como se sostenía.

Según la fiscalía, Vicentín realizaba informes sobre un patrimonio sólido aparente “con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los US$ 500 millones en virtud de líneas de créditos acordadas”. La investigación, que consta de unos 36 millones de archivos virtuales, se desarrolló a lo largo de un año y medio.

Román Lanzón, el juez a cargo de la causa, deberá decidir si acepta el pedido de prisión preventiva para los acusados, o si toma la oferta financiera de la empresa cerealera -que actualmente está en concurso de acreedores- de pagar la deuda de 1.573 millones de dólares con una quita del 70%.

Del total de la deuda, unos 1.000 millones están contraídos con los bancos y otros 500 millones con empresas del sector agrícola. De su acreencia financiera, el 88 por ciento corresponde a la banca pública, encabezada por el Banco de la Nación Argentina por un monto superior a los 18.182 millones de pesos, seguido por el Banco Provincia, con más de 1.800 millones de pesos, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), con 313 millones de pesos, el Banco Ciudad (318.704.741,10 pesos), entre otros.

La empresa, que recibió un millonario préstamo del Banco Nación bajo la gestión macrista de Javier González Fraga, fue una de las mayores aportantes privadas a la campaña de Juntos por el Cambio durante las elecciones del año 2019.