Criminalización de los mapuches: el Gobierno nacional envió gendarmes a Río Negro

El presidente Alberto Fernández le transmitió a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, su «firme decisión de asistir a esa provincia con efectivos de Gendarmería para patrullar la zona en conflicto» con integrantes de la comunidad mapuche.

Y aclaró que es la Ley de Seguridad Interior «la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior», cuyo caso, advirtió, «no es este ni mucho menos».

Luego de una serie de incendios en diferentes lugares sucedidos en este mes en la provincia patagónica, y en los cuales no se probó autoría alguna ni conexión entre los mismos, la gobernadora Carreras calificó a los hechos de «actos terroristas» en sintonía con el discurso instalado que criminaliza a la comunidad mapuche de la región. Sobre la base de estás afirmaciones, hace días la mandataria solicitó la intervención de las fuerzas de seguridad federales en la provincia.

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, también habló de terrorismo y dijo: «Queremos recuperar la paz social que nos han arrebatado un puñado de delincuentes”.

Tras cruces de Carreras y las autoridades provinciales con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, finalmente el propio presidente de la nación intervino a través de una carta donde argumentó que no se trata de un problema de terrorismo, pero que de todas maneras enviará gendarmes para reforzar la seguridad provincial.

Una recuperación de tierras ancestrales, el conflicto de fondo

En septiembre último, efectivos del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER), con apoyo de la policía de Río Negro, realizaron un desalojo forzoso de un territorio recuperado por la comunidad mapuche Quemquemtrew ubicado en la Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón. 

Se trata de un territorio ancestral, ubicado a 15 kilómetros al noreste de esta localidad, que ocupa y se atribuye el empresario forestal Rolando Rocco con el objetivo de desplegar actividades extractivas. 

El empresario fue privilegiado con permisos para explotar un predio durante 90 años, condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables para la tala rasa del bosque, y la implantación de pinos. Con estos favores, decidió ocupar tierras que pertenecen ancestralmente al loft Quemquemtrew.

Ante este conflicto, la fiscal en jefe de Bariloche, Betiana Cendón, junto al juez Ricardo Calcalgno, emitieron una orden de “identificación de personas” que terminó en una violenta represión y desalojo.

Desde las organizaciones sociales y políticas solidarias con el pueblo mapuche denuncian un vínculo entre el accionar represivo del poder judicial y el Proyecto Propiedad Privada, una iniciativa que califican de “antimapuche”, y que tuvo su correlato con la realización del Primer Foro del Consenso Bariloche, en agosto pasado, que reunió a grandes propietarios y empresarios con el aval de la gobernadora Arabela Carreras.

Según la periodista local Susana Lara, especialista en los conflictos por tierras en la región, este nucleamiento responde a sectores propietarios “que no consideran que el sistema institucional le esté dando respuesta a su necesidad de contener el avance territorial de los pueblos originarios”.

Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, representantes de la APDH de Argentina y otros referentes de los Derechos Humanos, vienen hace rato denunciando el endurecimiento de la gobernadora con respecto a este conflicto.

«Dicha comunidad se encuentra en una situación de emergencia humanitaria a raíz del accionar de violencia del Estado que no reconoce su derecho al territorio», dice una carta enviada a la gobernadora rionegrina y que firman el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a Ana Almada, Cecilia Valerga y Elizabeth Quintero, en su calidad de Presidente Honorario y Coordinadoras Nacionales del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).

En la misiva reclaman a Carreras que respete la Constitución Nacional, los tratados de jerarquía constitucional a los cuales suscribió Argentina y lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

«La propiedad colectiva de los pueblos originarios y el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada que tienen los pueblos originarios. Por lo que el accionar del Estado provincial debe ser tendiente al cumplimiento de los mencionados derechos», concluyen.

La construcción  del “mapuche” como un enemigo

En los últimos años a nivel regional los conflictos territoriales vienen aumentando producto del avance de la frontera extractiva y de la privatización y extranjerización de las tierras. Las principales víctimas en este proceso son las comunidades originarias que viven en los territorios producidos para el extractivismo.

En paralelo, integrantes del Pueblo Mapuche de la Patagonia vienen llevando adelante un fuerte proceso de readscripción étnica y conformación de comunidades después de años de discriminación, violencia e invisibilización de la identidad indígena.

En 2017 se fue construyendo desde el gobierno de Mauricio Macri, en la voz de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la amenaza de terrorismo mapuche corporizado en la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), definido como “un grupo violento que quiere imponer una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina”. Asimismo, se buscó instalar la idea de supuestas prácticas anarquistas que desconocen al Estado y no respetan ninguna ley.

Sin ninguna prueba más que una foto que circuló por los medios de comunicación donde se presentaba un “arsenal terrorista” compuesto por herramientas para trabajar el campo, se empezó a construir la idea del peligro del terrorismo y la necesidad de combatirlo.

Las argumentaciones que legitiman la violencia hacia el Pueblo Mapuche tienen raíces históricas. A estas comunidades originarias se las construyó como un “enemigo interno” que pone en peligro la civilización y el progreso, primero en tanto bárbaros y ahora como terroristas, justificando así la necesidad de su “exterminio” físico y cultural.

En Norpatagonia argentina, la utilización del terrorismo como forma de explicar ciertas prácticas del Pueblo Mapuche debe entenderse a partir de un proceso histórico específico, signado por la discriminación, invisibilización y estigmatización a “lo mapuche”, pero fundamentalmente al proceso de re-adscripción étnica que se viene dando en los últimos años y que ha generado profundos cuestionamientos y dudas sobre la veracidad de estos reclamos, principalmente desde los sectores de poder hegemónico y desde los medios de comunicación