El Salvador: contra el derecho al aboto y a la protesta

En el marco de un creciente descontento social de la población sobre el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó dos medidas restrictivas en términos de derechos humanos. 

En primer lugar, la Asamblea resolvió que hasta el 8 de diciembre están prohibidas todas las aglomeraciones que no sean de carácter cultural o deportivo, y quienes las incumplan podrían llegar a recibir multas de hasta 3 mil dólares. La medida, aprobada por 63 de los 84 diputados de la Asamblea, donde el oficialismo tiene mayoría, se justifica en el control de los contagios por la pandemia. 

Sin embargo, El Salvador es testigo de las fuertes movilizaciones populares contra el gobierno desde el mes de septiembre. La población salvadoreña asegura que en pocos meses Bukele logró tomar el control de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial. Estas manifestaciones están encabezadas por organismos de derechos humanos, colectivos feministas y por los derechos LGBT+, organizaciones contra la corrupción y jóvenes universitarios.

Además, el oficialismo impulsó una “renovación” constitucional que, según los movimientos, es una reforma disfrazada que no fue consultada con la ciudadanía. De esta forma, Bukele -que cuando consiguió la mayoría legislativa, destituyó jueces por decreto- podría levantar la prohibición del partido único, aumentar las competencias del Ejército y legalizar los grupos armados.

Por otro lado, los y las salvadoreñas marchan en contra de la “bitconización” de la economía, ya que desde el 15 de septiembre rige una ley que habilitó el curso legal de la criptomoneda, aprobada de manera express en el Congreso y sin consulta popular. La incorporación del Bitcoin a la economía fue criticada hasta por el Fondo Monetario Internacional.

Es por estas razones que la prohibición de la reunión masiva de personas generó alerta en el pueblo. “Es una clara evidencia que para el gobierno existen aglomeraciones favoritas y otras que incomodan”, dijo el diputado Johnny Wright Sol, del partido Nuestro Tiempo. Por su parte, la vicepresidenta de la Junta Directiva, Suecy Callejas, del partido Nuevas Ideas (oficialismo), sentenció: “Ustedes pueden seguir haciendo las marchas que deseen pero les pedimos que cumplan las medidas de bioseguridad”.

En concreto, el decreto establece en su artículo primero la suspensión de “toda concentración de personas en actos de carácter público o privado que impliquen concentraciones masivas, sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación y en donde no se respeten los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y el Gobierno de El Salvador”.

Ante el incumplimiento de la normativa, el órgano de aplicación de la pena es la Fiscalía General de la República, manejada por un magistrado impuesto por el oficialismo después de la destitución parlamentaria de Raúl Melara. La Sala de lo Constitucional, que podría dictar la inconstitucionalidad del decreto, también es manejada por la fuerza política de Bukele.

Asimismo, este miércoles la Asamblea Legislativa también aprobó un dictamen desfavorable contra la “Reforma Beatriz”, que buscaba despenalizar el aborto por tres causales: peligro de vida de la persona gestante, embarazo producto de un abuso o inviabilidad fetal.

La iniciativa proponía la reforma del Artículo 133 del Código Penal salvadoreño, que establece una pena de entre 2 y 8 años para aquellas personas que se realicen un aborto. Según la diputada Rebeca Santos, de Nuevas Ideas, “es un gran genocidio que se está cometiendo con los abortos en el mundo”, a lo que Guillermo Gallegos, diputado de Gana (partido aliado del oficialismo) agregó que “el aborto debería ser penalizado más drásticamente porque aún hoy en día siguen habiendo muchos clandestinos”.

“Esta reforma es inconstitucional. Aquellos colectivos que se aprovechan de las mujeres organizadas para sacarlas en marchas, ya basta. La reforma al 133 jamás van a garantizar el aborto porque es tan inconstitucional desde el artículo 1 de la Constitución”, dijo la diputada oficialista Marcela Pineda.

De esta forma, el parlamento decidió casi de manera unánime cerrarle las puertas al debate sobre la soberanía de los cuerpos de las personas gestantes, un derecho adquirido en distintas latitudes de América Latina y batallado por el movimiento feminista.