Los incendios en Río Negro y la criminalización de los mapuches

Este miércoles se dio a conocer que en El Bolsón, provincia de Río Negro, un ataque incendiario consumió a el edificio del Club Andino Piltriquitrón. En el lugar apareció un mensaje que decía: «Benetton, Lewis, Arabela, Pogliano. El agua y la tierra no se venden, se defienden».

El 3 de octubre pasado se incendiaron las instalaciones del Centro de Informes de Turismo de la Municipalidad de El Bolsón, ubicado en la ruta nacional 40 en el acceso sur a la ciudad. Esa misma jornada a la noche, en el predio de Vialidad provincial, situado en la ruta de acceso al cerro Catedral de Bariloche, quemaron dos máquinas viales. 

Estas acciones no fueron reivindicadas por ningún grupo u organización. Pero la versión de la policía local, sin pruebas, volvió a poner el foco en las comunidades mapuches. 

No obstante, la gobernadora Arabela Carreras presentó una denuncia por terrorismo tras los incendios a pesar de la ausencia de pericias oficiales y pruebas que indiquen autoría alguna. 

Además, ninguno de los hechos incluidos en esta denuncia penal ocurrieron en territorio federal pero el Gobierno de Río Negro entendió que existen elementos para abordar estos episodios como un delito federal.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anunció el envío de fuerzas federales de seguridad en la provincia. Gendarmería desplegará efectivos de sus escuadrones de la Patagonia, asistidos por la PSA, Prefectura y la Policía Federal, según se anunció.

Semanas atrás, la gobernadora Carreras, manifestó en medios nacionales que le había pedido a Aníbal Fernández, el envío de fuerzas federales a la provincia. El propio Aníbal Fernández tuvo que salir a desmentir esta afirmación: “No es un libertinaje en el que las fuerzas (federales) se puedan meter en las provincias. La provincia tiene el poder de policía que le pertenece”.

A su vez, la fiscal de la causa, Sylvia Little, recibirá el apoyo de un equipo de abordaje dispuesto por el procurador general interino y afín al macrismo, Eduardo Casal.

«Es una operación mediática contra el pueblo Mapuche”

“La policía local dijo que en la zona se encontraron dos bidones con combustible, además de esos panfletos que andan circulando por todos lados y, rápidamente, se dijo que fue un incendio intencional y se culpó al pueblo Mapuche”, declaró para Tiempo Argentino, Nelson Ávalos, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste del Chubut. 

“La propia gobernadora, sin contar con una pericia técnica de bomberos, de la policía ni de ningún perito, fue la primera que dijo que se trató de un incendio intencional y que va a realizar una denuncia penal”, añadió. 

“Es un edificio que fácilmente se puede incendiar por un cortocircuito o por algún desperfecto técnico. Por eso, cuando uno escucha a los funcionarios hablar de que fue intencional, sin contar con ninguna prueba y culpando a un sector de la sociedad, inmediatamente empezás a sospechar”, sostuvo.

Ávalos también recordó que en 2017 «aparecían supuestos atentados con panfletos adjudicándoselos al pueblo Mapuche, un clima que se fue creando y que los grandes medios lo potenciaron como lo están haciendo ahora, hasta que terminó en la brutal represión donde ocurrió lo de Santiago Maldonado”.

“No tenemos ningún elemento que nos lleve a hacer un comunicado de tinte político porque es un incendio. No ha habido ningún informe oficial que indique que esto haya sido un atentado» concluyó.

Otros hechos similares y la acusación a los mapuches

En 2014, el incendio del Refugio Neumeyer del Club Andino Bariloche en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, también fue tapa de los grandes medios acusando al pueblo mapuche. Se utilizó el hecho para volver a caer en el discurso de “los mapuches son chilenos, violentos y usurpadores”.

Más cerca en el tiempo, en marzo de este año, mientras el fuego avanzaba sin control en la Comarca Andina y todavía había personas desaparecidas, el ex senador y ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, apareció en los medios y sin ninguna prueba sostuvo que los culpables del incendio eran los “terroristas mapuches”. 

Los mapuches en los medios: estigmatización, racismo y criminalización

Los discursos mediáticos en contra del Pueblo Mapuche no son nuevos. En Patagonia el sentido común argumenta que “son chilenos” y que “exterminaron a los verdaderos indígenas argentinos, los tehuelches”. Para esta historia los mapuche son los violentos incivilizados que como además son extranjeros no tienen derecho a reclamar territorios, mientras los tehuelches eran buenos, pero supuestamente ya no existen, entonces tampoco tienen derechos a reclamar territorios. 

Todas estas argumentaciones y afirmaciones fueron fuertemente refutadas por investigaciones históricas, antropológicas, arqueológicas, y por la existencia y organización misma de estos Pueblos, pero se repiten una vez por año en campañas mediáticas de Clarín, La Nación o Infobae. Y crecen cada vez que es necesario justificar el avance represivo sobre los territorios indígenas o negar algún proceso de reclamo territorial.

Hace cuatro años, Patricia Bullrich también utilizó este método de volver a los mapuche “terroristas”. De repente apareció en los medios afirmando que habían sucedido varios atentados en la Patagonia. Las pruebas eran sus afirmaciones e informes en el programa de Jorge Lanata, no hubo pruebas y numerosos investigadores e investigadoras que desde hace años vienen trabajando sobre este tema en la zona refutaron sus planteos.

El trasfondo político y un Estado que no hace cumplir la ley

Sin embargo, no casualmente hace cuatro años, como sucede ahora, se ponía en discusión la prórroga de la Ley 26.160 que obliga al Estado a realizar un relevamiento de los territorios actuales de los pueblos indígenas y suspende los desalojos mientras esté en vigencia.

En noviembre próximo vence la cuarta extensión de esta Ley de Emergencia Territorial Indígena. A 15 años de su aprobación, todavía faltan relevar más de la mitad de las comunidades indígenas existentes. Según datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de las 1.760 comunidades indígenas registradas en el país solo 745 cuentan con el relevamiento culminado. Es decir que, resta más del 57% de las comunidades.

Recientemente, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, se presentó ante la Corte de Apelaciones de Temuco en el país transandino donde se tramitaba la libertad condicional solicitada por el líder mapuche Facundo Jones Huala, la que finalmente le fue negada.

Aunque desde la Cancillería argentina informaron que la asistencia consular a los argentinos privados de la libertad es una actividad de rutina, rápidamente los medios hegemónicos dijeron que Bielsa defendió al referente mapuche. Huala fue extraditado a Chile en 2018 donde fue juzgado por el incendio de una propiedad en la estancia Pisu Pisué y por posesión ilegal de armas de fabricación casera y condenado a nueve años de prisión.

En 2017, cuando debía discutirse la extensión de los relevamientos por otros cuatro años, se comenzó a escuchar sobre la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sobre el supuesto “terrorismo mapuche” y sobre una supuesta “guerrilla terrorista” que aterrorizaba los parajes patagónicos. Curiosamente, sobre todo atacaban los parajes que están rodeados por millones de hectáreas en manos de Benetton y Lewis. 

Y fueron estos mismos argumentos que buscaban criminalizar y estigmatizar al Pueblo Mapuche los que le permitieron a la entonces Ministra de Seguridad justificar la violenta represión en el Pu Lof en Resistencia Cushamen, que terminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Y el posterior asesinato de Rafael Nahuel en manos de Prefectura.