Los recortes presupuestarios del larretismo: alimentación, género e infancia y juventud

Esta semana, los trabajadores que componen la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Promoción Social que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, publicaron un informe en el que se evidencia la subejecución presupuestaria que aplicó el Gobierno de la Ciudad durante la pandemia del coronavirus.

Según los datos de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad (DGEyC), se duplicó la cantidad de personas que viven por debajo de la línea de indigencia. “La desocupación general de CABA pasó del 10,9% al 14,7% interanual, pero fue peor en la zona sur (21%) que en la zona norte (8,6%), peor entre las mujeres (15%) que entre los varones (14,4%), y mucho peor entre les menores de 29 años: casi une de cada dos jóvenes no tenía trabajo”, explica el informe.

En el escrito se expresa que la cartera conducida por María Migliore tomó la decisión de “desentenderse de su función y encubrir las consecuencias” de los efectos que dejó la pandemia en la población porteña, y añade que “en los últimos 18 meses, María Migliore recortó presupuestos, despidió trabajadores y congeló programas”. Además, en el año 2020 la cartera subejecutó casi el 9% del presupuesto que le correspondía. 

En ese sentido, detalla que “en los últimos 18 meses, María Migliore recortó presupuestos, despidió trabajadores y congeló programas. Una decisión que cubrió todas las políticas del ministerio, pero que se vio especialmente en tres ejes: la asistencia alimentaria, las políticas de género, y las de infancia y juventud”.

Asistencia alimentaria

Ante el aumento de los índices de pobreza e indigencia en la ciudad, el sostenimiento de los comedores y ollas populares fue un factor central para que los sectores más vulnerados puedan acceder a un plato de comida. En esa línea, el Ministerio de Desarrollo incrementó la distribución de alimentos en los comedores comunitarios, y entregó bolsones de comida a las familias que tenían contacto con la cartera.

Sin embargo, los trabajadores (muchos de los cuales no pueden cubrir ni un tercio de la canasta básica de alimentos con sus salarios) señalaron que “desde el principio de la pandemia, e incluso en el pico de distribución, la política alimentaria estuvo lejos de responder al incremento de la demanda”.

En lo que respecta a los comedores populares, según los trabajadores del Ministerio de Desarrollo, “el aumento de las raciones de comida fue dispar: sólo se verificó en los espacios que estaban inscriptos en el registro del programa Grupos Comunitarios”. 

“El problema es que este registro —que también permite el acceso a financiación para comprar equipamiento, pagar el gas y cubrir sueldos— no abre hace cuatro años”, continúa el texto, que denuncia que “desde 2017, solo ingresaron al programa comedores que son políticamente afines a Cambiemos”.

Por otra parte, sostiene que “los bolsones de comida que el Gobierno de la Ciudad les ofrece a algunas familias que tienen contacto con programas de restitución y promoción de derechos, como Fortalecimiento de Vínculos, Andares, Reconstruyendo Lazos o Casas de les Niñes, son deficientes no solo en cantidad, sino también en calidad”.

Géneros

Durante el año pasado, el órgano encargado de la aplicación de las políticas de género en la Ciudad, la Dirección General de la Mujer (DGM), subejecutó su presupuesto en un 16%. Mientras que la Legislatura porteña aprobó la asignación de 402.510 millones de pesos para el órgano estatal, los informes Ejecutivos de ejecución presupuestaria indican que el gasto fue de 336.892 millones de pesos.

Este recorte presupuestario afecta directamente a las dos áreas principales de la DGM: la atención de la línea 144 (compuesta por trabajadoras contratadas bajo un alto nivel de precarización), y la gestión del único hogar que depende del Ministerio, un refugio para víctimas de trata y otro para víctimas de violencia por motivos de género.

Por otra parte, la falta de atención a la problemática de género por parte del Gobierno de la Ciudad también se traduce en la carencia y el cierre de los Centros Integrales para la Mujer (CIM), la mayoría dependientes de ONGs. Mientras que la Ley 5.466, que establece que debe haber un CIM cada 50 mil mujeres, actualmente hay solo un CIM cada 108.757.

Según ATE Promoción Social, las vacantes para el hogar y los dos refugios “son insuficientes. Los edificios en los que funcionan tienen filtraciones y humedad. Más de una vez faltan elementos de gestión menstrual y pañales para lxs hijxs de las mujeres alojadas. Y los criterios que imponen las funcionarias son directamente carcelarios”.

“Cuando las mujeres entran a los refugios, se les saca desde el DNI hasta el celular. Y por un criterio de cuidado —pero también por falta de recursos y de estrategias complementarias— no pueden tener contacto ni comunicación con el afuera”, denunciaron.

Infancia y juventud

Hacia mediados del 2020, un tercio de las personas que vivían por debajo de la línea de pobreza en la Ciudad eran menores de 18 años. Ese mismo año, la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo sólo utilizó el 68% del presupuesto que le correspondía. Si bien pudieron haber invertido en garantizar la conectividad para que los menores accedan a las clases virtuales durante la pandemia, no se tomó ninguna medida al respecto.

Ante este panorama, los trabajadores dicen que fueron ellos quienes, ante la falta de respuestas de la gestión, consiguieron donaciones o prestaron sus teléfonos para que les estudiantes pudiesen seguir las clases y hacer las tareas.

Aunque la cartera cuenta con el Programa Adolescencia para atender a este sector mediante convenios de gestión asociada con distintas organizaciones, para que más de 9 mil chicxs de entre 14 y 18 años practiquen deportes y disciplinas artísticas, “en abril de 2020, la gestión decidió suspender el programa hasta fin de año, porque no quería transferirles recursos a las instituciones para hacer actividades a distancia”. No se aplicó ninguna medida en su reemplazo, y fueron los trabajadores quienes se encargaron de mantener el contacto con más de 3 mil niñes en situación de vulnerabilidad.

La juventud es uno de los sectores más golpeados por el desempleo y la precarización laboral. El programa ministerial Reconstruyendo Lazos busca acompañar de manera integral la formación profesional para que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo, pero la beca estuvo congelada desde fines de 2018 hasta junio de 2021. 

Mientras tanto, la gestión de Cambiemos impulsó la Ley de promoción del empleo, una normativa dependiente de la Subsecretaría de Trabajo que se basa en ofrecerles trabajo a los jóvenes en cadenas de alimentos con un sueldo más que magro. Para los trabajadores del Ministerio, con esta ley, a diferencia del programa impulsado por la cartera, “no hay ningún acompañamiento profesional —ni un enfoque integral sobre los derechos— y los jóvenes tienen que pasar un proceso de selección para ingresar”, lo que se parece más “a un periodo de prueba que el Estado porteño les financia a algunas empresas, para que después de seis meses de entrenarles, sin pagarles un sueldo, puedan contratar a quienes mejor se desempeñan”.

“Si no dejamos de pensar el Estado porteño en los términos que propone la gestión del Pro, despojado de su responsabilidad de intervenir en la restitución y la promoción de derechos, la Ciudad de Buenos Aires va a ser cada vez más excluyente. Es urgente concebir las políticas sociales del Estado porteño desde una posición ética, tanto en el recorte que se realiza de los problemas como en las soluciones que se diseñan e implementan”, concluye el comunicado.