Ecuador: el pueblo en alerta ante la militarización de las calles

El último lunes por la tarde, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción de todo el territorio nacional durante 60 días, lo que implica un aumento de la militarización de las calles y la restricción de distintos derechos como la reunión y la asociación. Según el mandatario, la medida se tomó debido al “aumento de la actividad delictiva”, puntualmente el narcotráfico.

“Nuestras Fuerzas Armadas y Especiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el país, especialmente en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican”, anunció Lasso.

Y añadió: “Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a uno que también consume drogas”. En lo que va del año, se incautaron 116,6 toneladas de estupefacientes, mientras que en todo el 2019 fueron 82,2. “Cuando el narcotráfico crece, aumentan también los sicariatos y los homicidios, los robos a domicilios, a vehículos, a bienes y a las personas”, señaló.

Sin embargo, este anuncio se dio en un contexto de una profunda crisis social y económica que llevó a los sindicatos, a los pueblos originarios y los productores campesinos a movilizarse por todo el país. 

“Hay preocupación porque el gobierno no está resolviendo los problemas económicos y sociales por los que la gente está movilizándose, más bien pretende aplacar la reacción de la población ecuatoriana instalando una visión más militar”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, en diálogo con la radio ecuatoriana La Calle.

En ese sentido, Iza destacó que “hemos sido absolutamente claros que nadie saldrá a las calles para desestabilizar, saldremos a las calles haciendo uso del derecho a la resistencia, pero sobre todo para reclamar frente a todos los procesos que no ha escuchado el gobierno”.

Durante el último lunes, gremios de campesinos y agricultores cortaron cuatro rutas de acceso en demanda de precios sustentables para sus productos y en contra de la suba mensual del precio del combustible, que aumentó en un poco más de un año de 1,48 dólares por galón a 2,50 dólares.

El subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Fuertes, aclaró que “categóricamente hay que afirmar que lo que ha decidido el presidente en lo absoluto tiene que ver con estos anuncios de movilizaciones que han formulado algunos sectores de la sociedad”, y que el decreto “es absolutamente claro en cuanto a su objetivo y a su alcance”.

Pandora Papers

El anuncio del decreto del estado de excepción sucedió el mismo día que la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Ecuador confirmase que la familia del mandatario deberá dar declaraciones sobre las cuentas off shore de Lasso, que creó dos trusts en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después que el congreso ecuatoriano prohibiera a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales.

Durante la primera reunión que realizó la Comisión para encauzar la investigación de los hechos, la legisladora correísta Paola Cabezas indicó que si el actual presidente de la República, Guillermo Lasso, se deshizo de los fideicomisos, se debe conocer quién los maneja actualmente, si los vendió, los donó o entregó como herencia a sus hijos. 

María Lourdes Alcívar, esposa de Lasso, y Santiago Xavier Lasso Alcívar, su hijo, deberán presentarse a dar explicaciones ante la comitiva el próximo miércoles 20 de octubre.

Mientras tanto, avanza el extractivismo

Los movimientos indígenas de la amazonia ecuatoriana presentaron ante el Tribunal Constitucional una serie de demandas contra el presidente ecuatoriano con el objetivo de “desbaratar” los planes del Gobierno de ampliar las extracciones petrolíferas y mineras, expresados en los Decretos 95 y 151.

Para los colectivos indígenas, ambos decretos “formalizan los mecanismos para que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorguen rápidamente licencias ambientales a las industrias petroleras y mineras”.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas para la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), exigieron la anulación de ambos Decretos Ejecutivos, entendiendo que el 95 violó el derecho de los pueblos a la consulta previa y el consentimiento libre.

Por otra parte, aseguran que la norma número 151 busca “relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía”. “Este documento propone la revisión y la aceleración de los procesos en curso de las licencias ambientales y sociales de concesiones mineras y cambios en las condiciones contractuales entre las partes, que debilitan la posición del estado y extiende facilidades para que las empresas puedan operar libremente”, subrayaron en un comunicado. 

Asimismo, concluyeron que las normativas ejecutadas por el Estado “incumplen con sus obligaciones internacionales derivadas de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y los múltiples instrumentos en materias de derechos humanos, que llaman a suspender las actividades extractivas para combatir el cambio climático, cuyos efectos son irreversibles”.